La Xunta espera constituir en el primer trimestre de 2019 un órgano denominado Consello de economía social, anunció la secretaria general de Empleo del Gobierno autonómico, Covadonga Toca, en una reunión en el Parlamento de Galicia en el que los diputados de la oposición le reprocharon que esa decisión intervenga tres años después de aprobar una legislación al respecto.
Toca, que compareció a petición propia ante una comisión de la Cámara autonómica, indicó que ese órgano contará con 26 miembros representativos de varios entidades, de los que "faltan dos nombramientos" para completar su composición. También aseguró que la Xunta ha previsto una serie de 25 medidas, de ellas 11 nuevas, para fomentar la denominada economía social, en alusión a un sector fundamentalmente proveedor de servicios a personas que requieren asistencia, ya sean con discapacidad, menores, mayores o colectivos vulnerables.
La "estrategia gallega de conciliación social", según Toca, "no duerme en el cajón" sino que "está viva, está en movimiento", afirmó la representante de la Xunta que evitó entrar en detalles y responder a preguntas concretas de los diputados de la oposición, críticos con los numerosos incumplimientos que consideraron que hay en la ley adoptada en el Parlamento gallego solo con los votos del PPdeG.
La representante de la Xunta observó que más de 300.000 personas están vinculadas en Galicia a la "economía social" y afirmó que su estrategia contará con un presupuesto de 73 millones de euros en tres años, aunque evitó responder a las preguntas de si se trata de fondos propios del Gobierno autonómico o de aportaciones de ayudas de la Unión Europea.
La diputada del BNG Noa Presas, una de las más críticas, consideró una "falta de respeto" al Parlamento acudir a esa Cámara legislativa para "anunciar como novedad cosas que contenía la ley" aprobada hace casi tres años y denunció que "más del 80 %" de las disposiciones están "incumplidas".
Presas opinó que la Xunta "lleva casi tres años con esta ley en el congelador" después de "presumir" de que Galicia fue la "primera comunidad" autónoma en aprobar una normativa en ese sentido, lo que supone hacer de la economía social un "jarrón decorativo", y concluyó que es "más humo y poca realidad" en desarrollar el potencial que conlleva para una parte de la población.
También la diputada de En Marea Eva Solla denunció el retraso en la aplicación de las medidas previstas en la legislación aprobada hace casi tres años e incidió particularmente en una serie de "incumplimientos" de los que responsabilizó a la Xunta, que repercuten en que los colectivos más vulnerables, en particular los discapacitados, tengan "menos derechos y menos salarios".
Además, las medidas de la Xunta "no están sirviendo para que se puedan integrar en el mercado ordinario", dijo, y cuestionó la falta de supervisión a largo plazo de algunas entidades que reciben subvenciones públicas que no perviven, por lo que abogó por favorecer que los organismos públicos provean ese tipo de servicios o recurrir a asociaciones sin ánimo de lucro.
La parlamentaria del PSdeG Patricia Otero también denunció que "las medias adoptadas por la Xunta no sirven para crear empleo y mucho menos empleo de calidad" en el sector de la economía social, pese a una legislación que el PPdeG planteaba como pionera.
"Ser la primera no quiere decir que se cumplan las expectativas", observó Otero, y subrayó que su partido, que votó en contra de esa legislación, "ya decía que estaba muy alejada de dar ese impulso a la economía social", puesto que eso requiere "medidas concretas y no propagandísticas".
La diputada socialista señaló que los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que Galicia tiene, junto con Extremadura, la "tasa de actividad más baja de toda España" de personas con discapacidad, por lo que concluyó que el plan de la Xunta "está vacío de medias reales".
En cambio, el diputado del PPdeG Moisés Rodríguez consideró que "vivimos en mundos diferentes. Unos vivimos en el mundo de las luces y otros en el de las sombras", y lamentó que los diputados de la oposición "pintan una Galicia triste y desnortada" que en su opinión no se corresponde con la realidad.
