Xunta y Estado pactan el primer traspaso de competencias en 16 años con la gestión del litoral
El litoral gallego, el más extenso de toda España con sus 2.555 kilómetros, pasará a ser competencia de la Xunta el próximo año, que controlará las autorizaciones y las prórrogas de concesiones en dominio público marítimo-terrestre. El anuncio lo hizo este martes el presidente, Alfonso Rueda, que informó en sus redes sociales del cierre de "un acordo" con el Gobierno central para la transferencia de la gestión de la costa con el que se pone fin al conflicto que se desató en octubre de 2023 cuando el Consejo de Ministros acordó llevar al Tribunal Constitucional (TC) varios artículos de la ley gallega del litoral refrendada por el Parlamento, aunque la cruzada no tuvo éxito, pues los magistrados avalaron el texto.
La Xunta confía en que "antes de que acabe o ano" se reúna la Comisión Mixta de Transferencias que ha de ratificar la que pasará a ser el primer traspaso de calado desde que en septiembre de 2008 el bipartito se hiciera cargo de la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias.
El acuerdo trascendió pocas horas después de que el lunes el titular de la Xunta reclamase al Estado que el traspaso se hiciese efectivo antes del 31 de diciembre y reivindicase el mismo trato dispensado a Euskadi, que este mismo lunes ratificó con el Ministerio de Política Territorial el traspaso de la ordenación y gestión del litoral, que pasará a ejercer el 1 de abril. El acuerdo manó de la cita que el presidente, Pedro Sánchez, mantuvo con el lehendakari, Imanol Pradales, en la Moncloa el 20 de septiembre, el mismo día en el que el socialista acordó con Rueda hacer lo propio con Galicia.
"Agardamos contar canto antes cos medios necesarios para exercer esta competencia tan importante para Galicia"
"Agora, agardamos contar canto antes cos medios necesarios para exercer esta competencia tan importante para a nosa comunidade", manifestaba este martes el presidente gallego mientras, desde Bruselas, la conselleira de Medio Ambiente, admitía estar "contenta" tras lograr salvar el último "escollo" que el Gobierno imponía al renunciar a exigir a la Xunta la solicitud de un informe vinculante del Estado antes de otorgar una concesión para levantar una instalación no desmontable en el dominio público marítimo-terrestre. Luego, la consellería también rechazó tener que remitir una notificación de cada solicitud al Estado, que se arrogaba dos meses para contestar y que, en caso de existir diferencia de criterios, preveía un periodo de consultas.
Satisfecha por que el Gobierno "volvera dar a razón" a la Xunta en un 2024 que calificó de "bo ano" por el aval del TC y tras "axudar ao resto de comunidades" –en alusión al camino abierto al Gobierno vasco–, Ángeles Vázquez da por cerrado el capítulo administrativo. Aguarda, eso sí, que el ministerio envíe la planificación "canto antes" con las fechas en las que se hará efectivo el traspaso de los medios personales y materiales. Confía en que "2025 sexa o ano efectivo" en el que tome el mando. La transferencia de la titularidad y la gestión de la AP-9 y las competencias en materia de alertas meteorológicas son el siguiente objetivo del gabinete de Rueda.
