La Xunta movilizó103 millones para paliar "o taxazo" de la basura
En un escenario en el que la subida del recibo derivada de la entrada en vigor el pasado 10 de abril de la obligación de los ayuntamientos de implantar una tasa específica y no deficitaria para cobrar a los vecinos por el coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de la basura ha suscitado protestas en diversos municipios —disparando la tensión en la Mancomunidade do Morrazo—, la Xunta pone en valor su apoyo a los concellos.
En su comparecencia posterior a la reunión del Consello, el presidente, Alfonso Rueda, señaló que desde 2022 el Gobierno gallego movilizó 103 millones de euros "para paliar o impacto de este 'taxazo' e axudar aos concellos de forma que non teñan que repercutir" en toda su intensidad la subida en hogares y empresas. De hecho, la Xunta defiende que es la única administración autonómica en haber previsto estas "achegas".
El mandatario incidió en que la UE "dixo por escrito" en varias respuestas parlamenatrias que no existía desde Bruselas un mandato para implantar la tasa que el Gobierno de Pedro Sánchez obligó a aplicar a través de la ley estatal de residuos de 2022. "A Unión Europea ratificou que é unha imposición do Goberno español que non obedece a ningunha obriga establecida de forma taxativa e inexcusable", defendió el pontevedrés.
Ante una figura que "pode supor incrementos de ata 230 euros ao ano para un fogar", según su ubicación, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, lamentó que Sánchez optase "polo xeito máis doado" de cumplir con la Directiva europea sobre residuos estableciendo en 2023 un gravamen por tonelada generada —el impuesto al vertido y a la incineración—, a lo que siguió la entrada en vigor en abril "do taxazo". Todo ello cuando la Comisión Europea "daba distintas alternativas" para cubrir los costes íntegros de la gestión de residuos urbanos: desde actuar por la vía de la concienciación, hasta habilitar "maiores infraestruturas" o negociar mayores compensaciones con miembros del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (Scrap) como Ecoembes.
La conselleira presentó en la reunión semanal del Gobierno autonómico un informe que resume las transferencias directas y actuaciones realizadas por la Xunta para "garantir o mantemento" del servicio de recogida y ayudar a los concellos a "cumprir coas novas obrigas e obxectivos europeos" en materia de residuos, con el foco en reducir los desechos y en reciclar.
La conselleira, que tachó de "inxusta" la ley estatal de 2022, censuró que el Gobierno incluso introdujese obligaciones ligadas a la implantación del quinto contenedor —el marrón, enfocado a los orgánicos— con plazos "máis restritivos" que los fijados por la UE.
En este punto, la Xunta destaca su refuerzo de las infraestructuras para la gestión de biorresiduos, con 13 plantas de transferencia y cuatro de compostaje en las que se invirtieron 45 millones para garantizar que los 295 concellos adheridos a Sogama tienen alguna instalación "a menos de 50 kilómetros". Con 22,5 millones se está impulsando la primera planta pública de clasificación de textiles.
En respuesta a la introducción del impuesto al vertido y a la incineración, la recuperación del gravamen a la producción de energía eléctrica y la nueva tasa de la basura, Vázquez recordó que la Xunta asumió con fondos propios el 60% de la subida del canon que cobra Sogama. Esto tuvo un coste de 21,1 millones en 2025.
