CON PERMISO de José Luis Sampedro, primero economista y después escritor y autor de La sonrisa etrusca, el catedrático Antón Costas encaja en el perfil del humanista que habla con independencia de colores políticos y agita el debate con sus ideas. Lo demostró en el encuentro online organizado por El Progreso esa semana. Y dio unas cuantas pistas que vienen muy al caso. Por ejemplo, en su opinión, es hora de inyectar «miles de millones en capitalización directa» en empresas estratégicas, al igual que están haciendo Francia, Alemania y Holanda con la automoción o sus compañías aéreas. Merkel se ha hecho con el 20% de Lufthansa tras un rescate de 9.000 millones y en Europa nadie parece escandalizado.
Lo que ayer no servía o era descabellado, hoy puede ser solución. De enterrar el anatema de las nacionalizaciones se encargó el mismísimo Mariano Rajoy en plena crisis financiera, cuando el capital público tuvo que salvar lo que quedaba de las cajas de ahorro, para luego ser privatizadas. Aquello fue una nacionalización masiva. En medio de protestas de miles de familias de A Mariña tras el durísimo anuncio de Alcoa con la planta de Aluminio Español, este debate debe estar necesariamente sobre la mesa, lo abandere quien lo abandere. Esto ya no va de liberales, progresistas o socialdemócratas.
Hasta los gurús reunidos por Feijóo en esa tabla redonda que es el comité de sabios contra la crisis del Covid-19 recomiendan la entrada del sector público en empresas. "Una de las herramientas más flexibles y ágiles es la inversión directa en el capital", dicen, a través de un fondo que, tras la pandemia, aspire a ser "herramienta de dinamización económica con el objetivo de crear, impulsar y participar en proyectos de gran impacto". ¿Y qué es la producción de aluminio primario desde San Cibrao sino un proyecto estratégico, cuyo final llevaría a España nada menos que a abandonar definitivamente su fabricación?
Cierto que los argumentos de Alcoa para poner en la calle a 534 empleados de golpe poco o nada tienen que ver con la crisis generada por el coronavirus, pero no lo es menos que sus explicaciones para tomar la decisión ya no son las mismas de antes. Al menos, en sustancia. Su nuevo presidente, Álvaro Dorado, alude explícitamente a «problemas estructurales intrínsecos» y a «dificultades permanentes», en los que el coste del megavatio ya no es excusa. O, al menos, no la principal frente a la caída generalizada de precios del aluminio en el mercado mundial. De hecho, el coste del megavatio de electricidad en España para estos grandes consumidores se sitúa en 2020, de media, en 28,7 euros, exactamente la mitad de los 57,3 euros que marcaba en 2018, cuando Alcoa anunció el cierre, que luego fue venta, de las plantas de A Coruña y Avilés. Los datos son elocuentes y los aporta la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE), en la que se integra la propia Alcoa. El diferencial del precio del megavatio entre España y Alemania se sitúa ahora en cuatro euros, cuando en 2015 y 2017 marcó su máxima distancia, al colocarse nada menos que en 18 euros.
Ese relato hecho números de la patronal de los grandes consumidores eléctricos dice también que el coste de la interrumpibilidad se sitúa este año en 0,04 euros por megavatio, cuando en 2017 estaba en los 2,1 euros y en 2018 en 1,2 euros. Es decir, tiende a cero. Ese es el factor determinante. Lo que ellos entienden como costes añadidos al precio de mercado, que a través de los pagos por interrumpibilidad ha sido desde hace años el salvavidas con dinero público para Alcoa. Un disfraz, en síntesis, para evitar su deslocalización, pese a la distorsión competitiva que supone.
El guion que escribe ahora la cúpula de Alcoa para Aluminio Español no suena a nuevo. "Período informal de consultas, que tendrá una duración aproximada de tres semanas, para explicar la situación de la planta y discutir las opciones y medidas". El mismo camino que se tomó cuando se anunció el cierre de A Coruña y Avilés, proceso que acabó en venta (Parter Capital) y reventa (Riesgo Industrial) en cuestión de un año y ahora está envuelto en pleno conflicto y dudas sobre su continuidad. El fiasco de esa operación es una enseñanza que no puede ignorar ahora Alcoa con la planta de San Cibrao, que fue pública hasta la década de los noventa. Si al final no hay cierre y tampoco venta, ¿qué queda?
