Su nombre, Grupo Riesgo, y el hecho de que fuese una empresa de trayectoria desconocida ya apuntaban a un mal presagio, pero los resultados que está arrojando la investigación que desde finales de 2020 pilota la Audiencia Nacional para dilucidar cómo se fraguó la despatrimonialización y caída de las plantas de aluminio de la antigua Alcoa en A Coruña y Avilés rozan el thriller.
Apenas ocho meses después de que Parter adquiriese las factorías a Alcoa, en abril de 2020 Riesgo cerraba la compra del 75% de las acciones del fondo suizo y se presentaba como un grupo de fondos privados dedicado a reestructurar empresas del metal, la logística, la química y el sector farmacéutico. La operación, que para los sindicatos ya olía a especulación, se materializaba con la promesa de levantar "el polo industrial del aluminio secundario verde más importante del sur de Europa". Grupo Riesgo 'vendía' una supuesta apuesta por el reciclaje y el acopio de chatarra para producir ese aluminio con la etiqueta ‘ verde’ y que firmaría contratos bilaterales con energéticas para aligerar el recibo eléctrico.
El fondo suizo, que en junio de 2019 había comprado las plantas por un precio simbólico de un euro a cambio de mantener el empleo al menos por dos años, estudiar el rearranque de la producción de aluminio primario y reindustrializar ambos centros con una inyección millonaria de Alcoa, replegaba velas. Se escudaba en la falta de medidas para abaratar la energía a las electrointensivas en España y en la crisis sanitaria, que acababa de estallar. Dado que en septiembre de 2019 ya comenzaba a negociar con Riesgo la reventa, todo hace pensar que Parter carecía de un proyecto industrial real.
Apenas un mes después del desembarco de Riesgo, el plantel de A Coruña acudía a la Inspección de Trabajo a denunciar la reducción del inventario de materias primas y avisaba del desmantelamiento de unas instalaciones en las que no se estaba comprando chatarra para producir y los proveedores ya no cobraban puntualmente. En diciembre de 2020, la Audiencia Nacional daba inicio a las investigaciones.
En el último informe remitido a inicios de marzo a los juzgados, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía saca a la luz las prácticas en las que incurrió la trama del Grupo Riesgo para vaciar las factorías. Tras peinar los dispositivos electrónicos intervenidos, los investigadores ven "acreditado" que Víctor Rubén Domenech, el dueño de Riesgo, y su pareja, Alexandra Camacho Carrascal, detrajeron dinero "de las cuentas bancarias" de las plantas –simulando pagos de chatarra– para "dirigirlo" a la plataforma Kraken Payward "simulando servicios que eran facturados" a las factorías de aluminio por sociedades del grupo industrial. En la lista de empresas pantallas están, entre otras, Logiplus, Gaff, Viña y Sentido y Lavandaeco. Los fondos circulaban por "las cuentas puente" de estas firmas, encabezadas por testaferros, para acabar comprando bitcoins en Kraken Payward. La Udef incluso detectó pagos de Viña y Sentido a una sociedad cuyo administrador está ligado "con una organización dedicada al tráfico de drogas" y con vínculos con el blanqueo de capitales.
A la espera de que se depuren responsabilidades por un proceso de venta que, como poco, fue escabroso y que lleva a cuestionar la efectividad de la mesa de seguimiento en la que las administraciones central y autonómicas participaron con sindicatos y empresa, el ocaso de la industria española del aluminio acabó con la liquidación de dos fábricas y se llevó por delante 256 trabajadores en Avilés y otros 303 en A Coruña. Estos siguen a aguardando las indemnizaciones y, lo que es más importante, definir su futuro.
