Con una potencia de generación eléctrica de origen renovable que el pasado septiembre alcanzaba los 7.830 megavatios (MW), lo que supone el 70,4% del parque de centrales desplegado en la comunidad una vez que el carbón está a punto de culminar su repliegue, Galicia tiene por delante el reto de ampliar la capacidad instalada de las energías verdes para afrontar la creciente demanda que supondrá la electrificación de la economía y la movilidad y para dar soporte a los proyectos industriales ligados a la digitalización y la sostenibilidad que se están fraguando.
Las plantas de hidrógeno renovable proyectadas en Meirama, As Pontes, Punta Langosteira y el puerto de Vigo; las de metanol verde planteadas en Mugardos, Begonte, Caldas y también en el puerto exterior de A Coruña; la biofábrica de lyocell de Altri en Palas; la de grafito para ánodos de baterías de Resonac en A Coruña; las de papel tisú de Ence y de neumáticos de Sentury en As Pontes y el centro de datos neutro en carbono cuya viabilidad está a análisis son solo algunos de los proyectos que incrementarán la demanda eléctrica de origen renovable.
Hoy por hoy, la Axenda Enerxética de Galicia marca el objetivo de llegar a 2030 con 8.500 megavatios de potencia eólica total instalada, de los que se espera que 7.700 estén desplegados en tierra (el doble de la potencia actual) y otros 800 en el mar. En cuanto a la energía hidráulica, ahora hay 3.437 MW en grandes centrales, de los cuales 381 son de bombeo. Pues bien, la meta fijada por la Xunta es acabar la década elevando la potencia de bombeo hasta los 1.876 MW, lo que permitiría almacenar energía para consumirla en función de la demanda.
Trasladar estos objetivos del papel a la realidad es lo complicado vista la contestación social que ha suscitado la profusión de proyectos presentados a tramitación en un escenario en el que la transición energética se ha visto acelerada por la ruptura de las cadenas de suministro y la inflación energética que se ha disparado tras el covid y con la guerra de Ucrania.
Para tratar de rebajar ese nivel de rechazo, la Xunta ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, que hasta el 6 se junio permanecerá en fase de envío de sugerencias. Si el concurso eólico que el Ejecutivo de Feijóo resolvió en noviembre de 2010 asociaba los parques al desarrollo en paralelo de proyectos industriales, ahora el Gobierno de Rueda se ha propuesto que los nuevos proyectos prevean "un retorno social axeitado" al medio rural a cambio de la explotación de recursos naturales que hoy y en el futuro se vislumbran como tesoros por su escasez: el agua, el viento y los minerales.
Para lograrlo, el proyecto de ley establece que a la hora de realizar la evaluación de impacto ambiental (EIA), la Administración autonómica deberá tomar en cuenta los beneficios sociales y económicos de los proyectos para fijar medidas compensatorias.
Y en aquellos proyectos que no estén sometidos a EIA, se exigirá a los promotores presentar un estudio de impacto social y económico, que será analizado para otorgar la autorización. Otros pilares de la estrategia para lograr una mayor aceptación social son la rebaja de la factura de la luz y la participación de concellos y pymes locales en los futuros proyectos mediante una sociedad de capital mixto o facilitando a las firmas "acceder aos recursos financeiros necesarios para promover os proxectos en condicións equiparables ás das grandes empresas". Con carácter general, la Xunta prevé allanar la ejecución de proyectos contribuyendo a su viabilidad mediante el despliegue de subvenciones de capital, la compra de participaciones minoritarias y temporales por parte de la Administración, con préstamos participativos, avales y deducciones fiscales.
La norma también contempla que se puedan tramitar parques de especial interés público social y económico fuera de las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico cuando al menos el 80% de la energía abastezca a una industria y suponga "un impacto socioeconómico" en Galicia y, sobre todo, en su zona de implantación.
Se trata de mantener un equilibrio entre tender la alfombra roja al desarrollo renovable, preservar el medioambiente y garantizar un retorno a las poblaciones afectadas.
