Meirás, desocupación indemnizada

Todo el pescado judicial estaba vendido, según los que saben de esto. No cabía la sorpresa. Las llaves de la que fuera residencia de la Condesa de Pardo Bazán antes que lugar de veraneo de Francisco Franco estaban en poder de la Administración General del Estado ya desde diciembre de 2020. Tras la sentencia desfavorable a sus intereses en Primera Instancia, emitida y muy bien armada por una jueza coruñesa, los nietos del caudillo asumieron que, por más empeño que pusieran en la batalla legal, la suya era una causa perdida. Y así fue porque las posteriores resoluciones tanto de la Audiencia Provincial como ahora el Tribunal Supremo establecen que Meirás no fue nunca una propiedad privada.

Es patrimonio público. Y lo es porque se ha acreditado que no llegó a formalizarse desde el punto de vista jurídico la cesión del pazo a Franco en 1938 por parte de los prohombres afines a su régimen encabezados por Barrié de la Maza y porque se ha considerado nula por burda la simulación de la escritura notarial de compraventa de 1941 con la que el dictador pudo inscribir la propiedad a su nombre en el registro.

El de los Franco en Meirás es una especie de desocupación, pero con indemnización compensatoria. Echarlos no nos sale gratis. El Supremo establece que los descendientes del dictador tienen derecho a ser resarcidos por los gastos que le supusieron el mantenimiento, la conservación y las mejoras del inmueble, así como por los trabajos para su rehabilitación tras el grave —y enigmático— incendio de 1978, que supuso la desaparición de documentación sobre el franquismo, diarios personales e informes secretos. Se les considera poseedores de buena fe durante décadas del bien que pasa a considerarse público a todos los efectos.

La familia Franco recibirá una cifra aún por establecer —en todo caso, centenares de miles de euros— porque los gobiernos de España que se sucedieron desde la Transición hasta que Pedro Sánchez se instaló en la Moncloa nunca reclamaron la titularidad de lo que en su día fueron las antiguas torres de Pardo Bazán. No reclamar para el patrimonio del Estado la residencia veraniega de los Franco sabiendo que era posible, además de una acto de justicia histórica y material, constituye una renuncia imperdonable que nos sale cara, según los colectivos memorialistas, a los que cabe el mérito de haber entablado la batalla ahora definitivamente ganada.

Ellos son partidarios de la resignificación de Meirás como lugar de memoria que recuerde lo que fue la dictadura franquista en su vinculación con Galicia. La Xunta cree que no se debe obviar que allí vivió la autora de Los pazos de Ulloa, que fue quien mandó construir el pazo. El Bloque, en palabras de Ana Pontón, es partidario de que la titularidad le sea transferida a la administración gallega, que no se la quede el Estado, o sea, el Gobierno de Madrid, que sin embargo será quien tenga que pagar lo que la justicia establezca como compensación a quienes, muerto Franco, siguieron disfrutando de Meirás como si fuera suyo por derecho y no porque su abuelo fue quien fue, el pequeño dictador, dueño de vidas y haciendas.

El adiós ejemplarizante de Jorquera

Nadie se lo pidió. Ni se lo sugirió. Aún así su decisión tampoco es que sorprenda demasiado a quienes mejor lo conocen. Francisco Jorquera no volverá a ser cabeza de cartel del Bloque en A Coruña en las próximas elecciones municipales. No es que dé un paso a un lado. Abandona la primera línea y se va a su casa.

En agosto cumplirá los 65, la edad de jubilación. Dice estar cansado por sus tantos años —casi medio siglo— de trayectoria política y confiesa no sentirse "con fuerzas" para encarar un nuevo periodo de cuatro años en el concello coruñés.

Su mutis, en consonancia con su idea de la política, amén de oportuno, es discreto, sin estridencias, hasta elegante en las formas. Una actitud nada habitual en la esfera pública, menos aún en un "político profesional". La mayoría de ellos no saben irse cuando corresponde y prolongan su vida activa hasta la decrepitud gracias a los confortables cementerios de elefantes donde los sitúan sus partidos como agradecimiento por los servicios prestados y/o para que dejen de estorbar.

Jorquera lo fue casi todo en el BNG. Por edad, pertenece a la denominada Xeración Erga, aquel fértil semillero de futuros dirigentes nacionalistas que operó como brazo estudiantil de la Unión do Povo Galega (UPG) en las postrimerías del franquismo. Fue de los cofundadores del Bloque en la asamblea de Riazor en 1982. Ocupó cargos orgánicos y de "fontanería", para después iniciar una extensa trayectoria parlamentaria en el Senado, en el Congreso y en O Hórreo.

De la traumática asamblea de Amio en 2012 —la del cisma de Beiras y otros— salió como candidato a la presidencia de la Xunta, logrando 7 diputados frente a los 9 de Age, el germen de las mareas. Después se centró en la política local coruñesa, en cuyo último tramo le tocó el nada cómodo papel de prestar soporte, 'ma non troppo', a la alcaldesa socialista Inés Rey, que le despide con más elegancia de la que empleó en el trato con un socio leal, pero exigente, al que echará de menos. Si no, al tiempo.

Una pugna nada ejemplarizante

Apenas había margen para el vuelco. La contundencia del resultado de Rosa Crujeiras en la primera vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela se lo ponía casi imposible a su rival, Maite Flores, aunque concitase los apoyos de las otras dos candidatas que no pasaron la criba. Crujeiras contaba con el respaldo tácito del grueso del actual aparato de poder de San Xerome.

Era una de las suyas, una garantía de continuidad de una línea de gobierno universitario muy asentada, dicen que próxima al PSOE, que sin embargo no consta que como organización política tomase parte en esta batalla. Una pugna que fue de todo menos de guante blanco, especialmente en la hora de la verdad. Nada ejemplarizante para tratarse del ámbito académico. Hubo guerra sucia, sobre todo en las redes sociales, acusaciones de usar medios de la propia universidad para hacer campaña, de favoritismos... Hasta el rector saliente, Antonio López, reconoció que algunas cosas no le gustaron, sobre todo la dinámica gobierno-oposición, que muchos temen que se mantenga después del veredicto de las urnas, en este caso digitales.

El PP y las voces territoriales

Según el presidente de la Xunta, en lo que se refiere a la guerra de Irán, el Partido Popular "no hace en absoluto seguidismo de los Estados Unidos ni de su presidente". Alfonso Rueda dice sentirse "orgulloso" de la posición que en este asunto defiende la dirección nacional de los populares que, a su entender, "está actuando con responsabilidad y sin incurrir en demagogia". Sobre la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que defiende abiertamente las acciones bélicas de Donald Trump, Rueda aclara que "Ayuso no nos representa a todos", dado que cada dirigente regional que se pronuncia en cualquier asunto "habla en nombre del territorio en el que está".

Entre "anas" anda el juego

La posibilidad de que la dirección provincial del PP de Ourense promueva a la diputada Ana Vázquez como candidata a la alcaldía de la capital levanta no pocos recelos en el seno del partido. La actual portavoz municipal, Ana Méndez, cree que la candidatura "tiene que ser de consenso", entre los dirigentes, la militancia y los ciudadanos y considera que ella misma también podría ser la cabeza de cartel en las elecciones de 2027. En su opinión, su partido "podría hacer 20 listas" con la gente que trabaja en el día a día. Hay banquillo. Méndez no cree que haya prisa por concretar la candidatura popular cuando tampoco se sabe aún quienes serán los cabezas de cartel de PSOE y BNG.