EL PROCESO que sigue al accidente de Angrois –80 muertos– deja algunas lecciones y no precisamente para sentirse orgullosos del país del que nos consideramos ciudadanos y así, como ciudadanos de derechos y deberes, queremos que nos traten las autoridades. La siembra que se hizo, al margen de la labor judicial, deja descrédito y desconfianza. 1) Europa y la constancia de las víctimas puso en evidencia la carencia de voluntad para investigar y buscar la verdad: sí hay causas más allá del exceso de velocidad. 2) La práctica del silencio y de no revolver en el asunto evidencia la primacía de los intereses de grupo –político y partidario– y daña la confianza que exige el funcionamiento del sistema. 3) Lo que aparece como chapuza o irresponsabilidad técnica –más allá de recursos a complejidades– no encontró respuesta explicativa para la ciudadanía. Se enredó para no aclarar. 4) Nadie con responsabilidades políticas directas pidió perdón a las víctimas y a la ciudadanía. Por contra, sobran expresiones y manifestaciones de soberbia en una pretensión de alejarse de cualquier sospecha y de situarse por encima del bien y del mal.
Y, finalmente, no hay moral de la responsabilidad que pueda justificar la invitación a reducir a la mínima expresión la tragedia y sus causas bajo el pretexto de no dañar los intereses y a la imagen del Ave español. Cinco años después, los pactos y los comportamientos antitransparencia, que cuando menos se practicaron, deberían dar un cambio radical ante la evidencia en que han quedado. No hay en esta exigencia de transparencia investigadora e informativa ninguna relación con comportamientos justicieros. Algo que deberían tener presente quienes emitieron condena antes que la justicia sobre el maquinista. Si sobre un suceso como este se echa tierra y se asegura sin ruborizarse que es lo correcto y lo responsable, algo fundamental falla.
