FRENTE A UNOS pronósticos para al año que acaba de arrancar, que no son los óptimos ni en economía, y por tanto en la generación de empleo, ni en la perspectiva española e internacional, habrá que multiplicar la reflexión, los esfuerzos y el ejercicio de la responsabilidad por parte de todos.
La hoja de ruta que los diferentes analistas ofrecen para este 2019 acentúa las situaciones de inestabilidad y consiguiente inseguridad. No parece esta la circunstancia más oportuna para afrontar mudanzas, como puedan ser las que pida la Constitución, en lo que es el edificio que sostiene la convivencia.
También en la dimensión política puede ser de utilidad el consejo ignaciano de que en tiempos de tribulaciones no hacer mudanzas. Ni hay consenso sobre cuáles han de ser esas mudanzas a realizar ni mucho menos cuáles serían las alternativas de sustitución. Se anuncian caminos hacia atrás que no deberían andarse. Los plantean algunas alternativas y algunos nuevos liderazgos políticos. Hay, sin embargo, cambios que se deben afrontar para cimentar la estabilidad y la cohesión social. Medidas que deberían obtener el consenso necesario como ocurrió en la Europa de posguerra con la socialdemocracia y la democracia cristiana, que construyeron y respetaron el Estado de bienestar.
Son medidas que tocan a las políticas sociales para la corrección de los excesos, por defecto, que produjeron algunas de las medidas que se aplicaron frente a la crisis. No se trata ahora de cuestionar o criticar, ya nada resolvería, políticas que en su momento y frente a la grave profundidad de la situación fueron probablemente necesarias.
Cuestión diferente son las responsabilidades de quienes por acción u omisión pudieron haber contribuido a acelerar o agravar la crisis. Pero no es el cuestionamiento radical del andamiaje del actual sistema con la aplicación de medidas populistas el que vaya a traer mejoras sostenibles. La responsabilidad de la situación obliga a todos, también a la ciudadanía en el deber de participar y votar.
