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El calvario de los imputados

LA SEMANA pasada se supo que la juez De Lara, cumplida la sanción del Consejo del Poder Judicial, fue destinada a Ponferrada y eso me lleva a comentar una noticia publicada en pleno confinamiento que tuvo poca repercusión pública, casi pasó desapercibida.

Me refiero al auto dictado por la magistrada Ana López-Suevos -conocido el 24 de abril- que archivaba la investigación de la pieza principal del caso Pokémon en Santiago y dejaba libres de culpa al exalcalde Conde Roa, a su equipo de gobierno, a un directivo del servicio de aguas y a tres funcionarios municipales.

La magistrada reprocha a De Lara, desde enero apartada del juzgado de Lugo, no haber concretado qué supuestos delitos se cometieron y haber vulnerado el derecho de defensa de los once encausados durante siete años.

Algunos fueron detenidos y esposados delante de compañeros y después llevados a los calabozos. Y todos aseguran haber sufrido humillaciones indignas y un calvario personal con repercusiones profesionales y familiares que expresan lacónicamente diciendo que «la jueza Pilar de Lara nos destrozó la vida».

A los corruptos, en cualquiera de sus formas, hay que aplicarles la ley. Pero los jueces han de ser muy diligentes y rigurosos en la fase de instrucción porque detrás de un sospechoso hay una persona y a veces ocurre que la causa se desinfla, pero el daño ya está hecho. Como en este caso. Por eso, los profesionales de la Justicia califican de grave que haya decenas de imputados que llevan años en el limbo judicial y a los profanos en el derecho nos parece indignante que la juez De Lara resolviera solo una de las nueve macrocausas acumuladas.

Sus instrucciones destrozaron la vida personal y profesional a muchas personas y acabaron con carreras políticas. Como la de Francisco Rodríguez, exalcalde de Ourense; de López Orozco, que no pudo repetir en la alcaldía de Lugo por el veto caprichoso de dos ediles, y Gómez Besteiro, que tenía una carrera prometedora al frente del Partido Socialista.

Ojalá las instrucciones de De Lara sean más rigurosas en El Bierzo por el bien de los vecinos de esa bella comarca.

Una nota a pie de página. También procede recordar a los siete concejales de Santiago condenados a siete años de inhabilitación en julio de 2014 y absueltos nueve meses después por la Audiencia Provincial. A su llegada al juzgado, los ediles fueron abucheados y acusados de corruptos por un grupo de manifestantes entre los que había dirigentes políticos cualificados. Ni siquiera saben respetar el derecho ciudadano de la presunción de inocencia.

El calvario de los imputados
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