NO HACE TANTO, los vecinos del barrio lugués de A Milagrosa decidieron organizarse en patrullas para combatir a los okupas. Son ahora los de As Gándaras los atemorizados por lo mismo. O sea, el miedo va por barrios. Lo preocupante es que toda respuesta, de prevención o erradicación, parte del vecindario, y no de quienes tienen encomendado poner orden. No será así, pero la sensación es que la autoridad, gubernativa, judicial..., considera que asaltar una vivienda es, más que un delito, un derecho.
El abanico de garantías para los delincuentes es superior al de las víctimas. Como si la propiedad privada tuviese la obligación de resolver el problema de la gente que no tiene vivienda. Muy de lamentar, pero la solución está precisamente en manos del Estado y no precisamente tolerando asaltos. Partimos de ambientes en los que la compasión y la sensiblería refuerzan el caos humanitario, y lo que se hace es ocultar la raíz del conflicto, cuyo quid ya no radica, en la mayoría de los casos, en la necesidad de encontrar techo, sino en las mafias que descubrieron en ello un sustancioso negocio, que ejercen con absoluta impunidad, sabiendo que la Policía y la Justicia está más de su lado que de los expoliados.
