Organizaciones gallegas ligadas mayoritariamente a las renovables que en los últimos meses cargaron contra la suspensión de proyectos eólicos por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) unen ahora sus voces en una alianza para defender que se allane el camino al desarrollo de las energías limpias, con la eólica como gran exponente.
Son ocho las integrantes de esta nueva plataforma: la Asociación Eólica de Galicia (Ega); la Asociación Gallega del Hidrógeno (AGH2); la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG); la patronal del metal Asime; la Federación Gallega de la Construcción; el Clúster de Enerxías Renovables (Cluergal), CC.OO. de Galicia y la federación de industria, construcción y agro de UGT en la comunidad.
En una reunión celebrada ayer en Santiago, acordaron unirse a través de la creación de la llamada Mesa para o Desenvolvemento Renovable e Industrial de Galicia, que está abierta a incorporar "outros actores implicados" y se reunirá de forma periódica.
La agrupación denuncia una situación de "xudicialización masiva de proxectos de xeración con enerxías renovables", básicamente eólica, algunos de ellos paralizados por el TSXG. Pone de relieve que Galicia tiene en la actualidad "3.000 MW" autorizados (que cuentan con declaración de impacto ambiental favorable y permiso de construcción) "sobre os que paira a incerteza". Con ese telón de fondo, advierten del "risco de perder" 7.000 millones de euros en nuevas inversiones, a los que suman otros 2.500 millones de la construcción de los parques, y "máis de 9.000 empregos novos".
Ponen el foco, además, en que industrias electrointensivas (como el complejo de Alcoa en A Mariña) y "máis dunha trintena de proyectos empresariales que optan a los fondos Next Generation (como el de Altri y su fábrica de fibras textiles en Palas de Rei) necesitan "con urxencia solucións de enerxía limpa e barata para poder continuar ou implantarse".
"Competitividade"
La alianza esgrime que la "situación de inseguridade" que causó el freno a varios proyectos eólicos supone "un obstáculo engadido ao exceso de normativa e burocracia que retarda os desenvolementos" y que, alerta, "fainos perder competitividade con outras comunidades ou con países veciños".
El colectivo alude a la duración de los procedimientos administrativos de concesión de autorización y a la "complexidade" en la tramitación como la "principal barreira do despregamento das enerxías verdes". Al respecto, una de las misiones de la plataforma será instar a las administraciones a dar "axilidade, estabilidade e garantías" para avanzar "con seguridade xurídica" en el desarrollo de las renovables como motor de actividad y empleo industrial.
Entre sus objetivos está elaborar un estudio que cuantifique el impacto económico, social y laboral del sector energético y su repercusión en la industria.
La agrupación esgrime que el impulso a la eólica es «clave» en la transición ecológica, por lo que pide "políticas que faciliten o camiño, sen que isto supoña un menoscabo nas garantías e a protección doutros intereses que deban ser especialmente amparados".
