El parón eólico en Galicia no tiene visos de que vaya a desatascarse en el corto plazo. La judicialización de 65 parques sube de nivel con la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de trasladar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sus dudas a respecto de la tramitación acometida por la Xunta. Con este paso, la sección tercera de la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG —que preside el magistrado Francisco Javier Cambón y de la que forman parte Juan Carlos Fernández, Luis Villares y María Ángeles Braña— evidencia que los argumentos del Tribunal Supremo (TS) no convencen.
El órgano judicial gallego responde así a la sentencia que el TS dictó el 21 de diciembre, con la que rechazó que sea necesario contar con todos los informes sectoriales antes de someter un proyecto a información pública y también dio por bueno que se acorte de 30 a 15 días el plazo para presentar alegaciones.
Los jueces gallegos han planteado una triple cuestión prejudicial a la Corte de Luxemburgo para que determine si la Xunta debió o no poner a disposición del público interesado, y no solo de los promotores de los parques, los informes que deben emitir diferentes instancias administrativas como las direcciones xerais de Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural, Augas de Galicia u Ordenación Forestal. ¿Para qué? Con el fin de que puedan presentar alegaciones "y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados", expone el TSXG.
La consulta que los juristas gallegos han elevado a Luxemburgo tiene su origen en un recurso interpuesto por la organización ecologista Petón do Lobo contra la resolución desestimatoria del recurso de alzada que formuló contra la resolución de la Dirección Xeral de Planificación Enerxética, que en junio de 2022 otorgó a Eurus Desarrollos Renovables las autorizaciones administrativas previa y de construcción del parque denominado A Ruña III, ubicado en Mazaricos. A la espera de que el TJUE se pronuncie, el TSXG ha optado por suspender el litigio. Y el sector apunta que la respuesta puede tardar "entre año y medio y dos años", siempre que el tribunal comunitario admita a trámite el auto.
En el auto hecho público este miércoles, que data del 28 de febrero, el órgano judicial gallego indica que para tomar una decisión "resulta relevante discernir si la normativa estatal y autonómica se ajusta al mandato" de la Directiva 2011/92/UE en lo que concierne a la necesidad de que "la administración interviniente" ofrezca a los interesados un trámite de audiencia "después de la emisión de los informes sectoriales". Petón do Lobo solicitó anular la construcción del parque de Mazaricos amparándose en una sentencia de 2020 con la que el TSXG tumbó la repotenciación impulsada por EDP en Corme, en Ponteceso, un fallo que el pasado diciembre revocó el Supremo, dando por buena la tramitación acometida por la Xunta.
Frente al criterio del TS, el TSXG interpreta que la directiva comunitaria "obliga" a las administraciones responsables de conceder o negar las autorizaciones a proyectos con efectos ambientales a "realizar previamente tres trámites". Los dos primeros son otorgar audiencia al público y recabar los informes sectoriales de los órganos competentes en materias como el patrimonio natural, el turismo, la energía, el agua o la seguridad aérea, entre otros aspectos. En este caso, los jueces gallegos señalan que la norma europea "no fija un orden temporal". La tercera acción es trasladar esos estudios "a los interesados" para que puedan alegar.
Sobre esta base, el TSXG señala que los legislativos estatal y autonómicos podrían «no haber traspuesto adecuadamente» lo que marca Bruselas en la Ley estatal de Evaluación Ambiental y la norma que regula el aprovechamiento eólico en Galicia. ¿En qué sentido? Al privar a vecinos, organizaciones ambientales y otros interesados de "su derecho a formular alegaciones con anterioridad a que la autoridad competente adopte la decisión sobre la autorización del proyecto".
En el foco está el artículo 6.3 de la directiva 2011/92/UE, que alude a que, "de conformidad con el Derecho nacional", los estados deben garantizar que, dentro de unos plazos razonables, se pongan a disposición del público interesado "los principales informes y dictámenes remitidos a la autoridad o a las autoridades competentes». Lo que el TSXG pretende es que el TJUE concrete qué entiende Bruselas por los "principales informes y dictámenes".
También pide que se confirme su criterio de que los interesados deben disponer «de un plazo no inferior a 30 días» para formular sus reclamaciones una vez que se emitan los informes sectoriales.
La Xunta acudirá al TS en defensa de su tramitación
Antes de hacer pública la consulta realizada al TJUE, el martes, el TSXG informó de la suspensión cautelar de 13 parques amparándose en que deben prevalecer los principios de cautela, prevención y precaución en materia ambiental, salvo que se acredite que una infraestructura eólica es básica para el interés general. Ante esta decisión, la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, avanzó este miércoles que la Xunta presentará un recurso ante el Supremo para que "corrixa esta doutrina do TSXG", como sucedió en diciembre con la repotenciación de Corme.
Lorenzana avisa: "Loitaremos"
"Continuaremos loitando", manifestó Lorenzana, que expresó su "respecto absoluto" a la decisión de los jueces gallegos, pese a no compartirla. La coruñesa defiende la "seriedade" del trabajo realizado por los funcionarios en la emisión de las declaraciones de impacto ambiental (DIA). Fruto de ello, explicó que en 2023 se otorgaron "48 DIA positivas e 45 negativas".
La patronal, en alerta
La Asociación Empresarial Eólica alertó este miércoles de la "reiterada situación de inseguridad jurídica" que paraliza el sector en Galicia. La patronal española advierte que hay 10.500 millones en inversiones "en riesgo de perderse" entre los 4.200 millones que entraña la construcción de los parques y los 6.300 millones de los 32 proyectos industriales que requieren energía barata y ‘verde’ para implantarse en la comunidad. Y avisa de "la pérdida de confianza de reputación para atraer nuevas inversiones".
