Mujer de leyes, la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana (A Coruña, 1981), llama a despejar de una vez la "inseguridad total" que rodea la permanencia en A Mariña de Alcoa, a la que recuerda que replegar las velas exigirá el desembolso de cuantiosas inversiones e indemnizaciones laborales y ambientales. En materia energética, esta licenciada en Derecho miembro del cuerpo de letrados de la Xunta manda un recado a la ministra Teresa Ribera, a la que señala que el despliegue de las renovables debe perseguir "dos objetivos: la descarbonización y abaratar la energía para la industria". Con el suministro eléctrico y los fondos europeos en el aire, teme que llegue el momento en que "Altri se canse".
Alcoa ha emprendido el proceso de rearranque de una parte de las cubas de electrolisis. ¿Hay garantías de que cumpla con el acuerdo sellado con los sindicatos a inicios de 2023?
Las garantías parecen pocas. Y no lo digo yo, lo dice la empresa cuando comunica el rearranque y a continuación dice expresamente que no está en condiciones por la escasez de financiación que tiene y que va a agotar los fondos antes de tiempo. Esto hace saltar la alerta. La empresa se tiene que definir. ¿La situación a la que vamos es que gaste los fondos hasta que se le acaben y luego cierre? No puede ser. Tiene que decir si va a apostar por la fábrica y va a invertir el dinero. Y, si no lo va a hacer, lo tiene que decir y el Ministerio de Industria debe presionar para que monetarice todas las inversiones del acuerdo. Tendrá que dejar el dinero para que la empresa que tome el relevo realice las inversiones. Y hay una serie de responsabilidades ambientales cuando se deja una fábrica de este calibre de forma desordenada y abrupta. La posición de la Xunta es que debemos ponernos muy serios con la compañía, exigirle que se defina y, si no quiere seguir, ordenar la salida con una intervención temporal a través de la Sepi para luego buscar un comprador.
¿Está cuantificado en cuánto le puede salir la factura si se va?
Hay cuestiones que están definidas, como las inversiones que tiene que hacer o cubrir las nóminas de los trabajadores durante 15 años de cara al proceso de transición. Pero lo más importante desde el punto de vista cuantitativo es la parte ambiental. Estamos hablando de una industria enorme, con una balsa de lodos rojos, de modo que si llegamos a esa situación habrá que encargar una tasación a una empresa de ingeniería. El Estado debe moverse. Debe pedirle a Alcoa que aclare lo que va a hacer y, si no lo hace, empezar a poner cifras sobre la mesa. Luego, automáticamente nos pondríamos a buscar —incluida la Xunta, a través del Igape— quién puede estar interesado. Hay que ser optimistas. Es una buena fábrica con una ubicación excelente, porque tiene agua, buena infraestructura y conexiones. Por eso, insisto en que hay que ser tajantes con Alcoa. La otra cara de la moneda es la parte energética, pues da la sensación de que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere echar a Alcoa.
El Gobierno de Pedro Sánchez y los líderes gallegos del PSOE no están apoyando a la industria
¿Ve suficientes los 300 millones anunciados en compensaciones para las electrointensivas por los costes indirectos de las emisiones de CO2?
El que recauda es el departamento de Teresa Ribera y luego transfiere la cantidad que estima al Ministerio de Industria. Podría llegar a destinar hasta un 25% de lo recaudado para apoyos a las electrointensivas, que es lo que le permite la UE y lo que hacen Alemania y Francia. Esto supondría 860 millones este año. ¿Qué ha hecho Ribera? Ha decidido que sean 300 millones. Pero hay algo más tremendo. El ministro de Industria, Jordi Hereu, dijo que las ayudas aumentaron con respecto a 2023. Es verdad que el año pasado eran 244 millones y en 2024 serán 300. Pero cae su peso sobre la recaudación, que subió un montón. Los 300 millones suponen un 8,6% de lo ingresado y el año pasado la proporción era del 10%. El esfuerzo podía ser más del doble, pues podía llegar al 25%. El Gobierno de Sánchez debe poner a la industria en el lugar que debe tener en la política económica. Hay que ser más verdes, pero en el camino no podemos ser más pobres. No se están equilibrando las competencias de los ministerios de Industria y Transición Ecológica. Aquí, el presidente Alfonso Rueda tiene clarísimo que el peso industrial en el PIB y en el empleo debe aumentar y que hay que compatibilizarlo con la descarbonización. El Gobierno socialista a nivel nacional y los líderes gallegos no están apoyando la industria.
¿A Altri le sirve que el Gobierno le diga que puede volver a presentar su proyecto para atar el suministro en la planificación eléctrica 2025-2030?
Altri tiene dos problemas, el primero es que el Gobierno socialista se ha empeñado en que no quiere financiar el proyecto, cuando otros como el de ArcelorMittal en Asturias reciben 450 millones. Altri, que no es más ni menos, pide 200 millones y no hay manera. Se está frenando el proyecto, porque sin conexión es imposible obtener financiación o lograr acuerdos de colaboración con ‘partners’. Hay que entender que son casi 1.000 millones de inversión, que en la construcción se generarán 4.000 empleos y que cuando la planta opere creará 2.500 puestos directos. Y están las sinergias que generará con el textil gallego y el CO2 verde que producirá y dará lugar a otros procesos industriales. La cadena es de tal calibre que, si Altri no viene a Galicia, sería una tragedia.
Si Altri no viene sería una tragedia. Son casi 1.000 millones de inversión, 2.500 empleos y sinergias con el textil y otras industrias
La ministra Ribera y el delegado del Gobierno deslizaron que el proyecto no está suficientemente maduro...
La biofábrica se ha tramitado como proyecto industrial estratégico, lo que supone que el órgano sustantivo, que es la Consellería de Industria, tutela y apoya y acompaña a la empresa. Trabajamos toda la documentación con Altri. Y ese proyecto está preparado para salir a información pública en 15 días o un mes. No dejamos que ninguna iniciativa que no esté madura empiece toda la tramitación. Además, cuando una empresa de este calibre se plantea invertir casi 1.000 millones, parece un insulto decir que un proyecto no está maduro. Es una desgracia que, además, con esa dejadez, los dos ministros digan que no saben de qué va el proyecto.
¿Ambientalmente podría haber alguna traba atendiendo a que Adega apunta que la planta se proyecta en una zona propuesta para ampliar la Red Natura?
No voy a prejuzgar la declaración de impacto ambiental, que es muy seria y requiere de muchos trámites. Lo que sí digo es que no vamos a sacar a información pública un proyecto que veamos inviable. Es ridículo. Que en los estudios haya que hacer compensaciones ambientales como siempre se hace, pues seguro. Veo un cierto interés en que las cosas no salgan adelante y en politizarlas. Es una irresponsabilidad, porque es una fábrica que puede cambiar la provincia.
"Lo que el Gobierno anuncia para As Pontes es que le sacan 600 MW. Es una vergüenza"
El jueves, el Gobierno central avanzó que declarará la futura subestación de Maciñeira (de 400 kV), en As Pontes, como nudo de transición justa. ¿Bastará para integrar en la red la producción de todas las renovables proyectadas en la zona tras el cierre de la térmica de Endesa?
Es una vergüenza que engañen a los ciudadanos así. Cuando la térmica se cierra afloran 1.400 megavatios (MW) de capacidad de evacuación y eso es lo que debe recuperar As Pontes. La inversión y los MW que proyectan son casi la mitad de lo que había. Con lo cual, ¿cómo es posible que salgan anunciando a bombo y platillo 800 MW para As Pontes, si tenía 1.400? Lo que realmente anuncian es que sacan 600 MW. Han cerrado de forma abrupta la central y han generado un problema de transición, que es de todo menos justa. ¡Menudo negocio! Si esta es la manera en que los socialistas gallegos defienden en Madrid la industria de Galicia, ¡aviados vamos!
