El salario mínimo interprofesional (SMI) sube un 5% este año y pasará de 1.080 a 1.134 euros brutos en 14 pagas y con efecto retroactivo desde el 1 de enero. El Ministerio de Trabajo pactó este viernes la mejora con CC.OO. y UGT después de que CEOE y Cepyme se desmarcasen por cuarto año consecutivo de la foto del consenso. El departamento que dirige Yolanda Díaz consumó así su advertencia a los empresarios, a los que ya había anticipado el lunes que, si no aceptaban la propuesta inicial, que pasaba por un incremento del 4%, la actualización sería de mayor envergadura, en consonancia con lo que demandaban los sindicatos, que estaban dispuestos a aceptar un punto menos a cambio de facilitar el pacto tripartito.
El ‘no’ de los patronos se debió a la negativa del Ministerio de Hacienda a repercutir el incremento del SMI en los contratos públicos. Tampoco tuvieron éxito al reclamar una bonificación del 20% en las cotizaciones del agro.
IMPACTO. Esta subida de 54 euros al mes beneficiará directamente a unos 2,5 millones de trabajadores, de los que una tercera parte son mujeres y jóvenes. En Galicia, serán unos 127.000, según los cálculos de Trabajo. El de las empleadas de hogar es uno de los sectores que más lo notarán al tratarse de un colectivo con retribuciones bajas. Las que trabajen por hora pasarán de percibir 8,45 euros a cobrar al menos 8,87, con vacaciones y pagas extra incluidas. Esto implica que el sueldo bruto anual para las que trabajen a jornada completa no podrá ser inferior a 15.876 euros.
Comercio, hostelería y agricultura son otras de las actividades que se verán beneficiadas, como señala Comisiones. Este suelo retributivo obliga a todas las empresas independientemente de su sector, aunque es cierto que muchas de las organizaciones cuyo plantel está protegido por un convenio colectivo los sueldos más bajos son mayores. Lo lógico también es que el aumento de este indicador aliente una actualización de las escalas salariales superiores.
Tampoco se puede perder de vista que la decisión del Gobierno repercutirá en la base mínima de cotización, situada ahora en 1.260 euros, con el consecuente impacto en las prestaciones futuras.
Y otra derivada importante está en el acceso a los subsidios por desempleo, que verán ampliado el espectro de beneficiarios al ver aumentar el baremo de renta, referenciado al salario mínimo.
CONTRA LA DESIGUALDAD. "Subir el SMI es la mejor política contra la desigualdad. No destruye empleo, nos hace un país mejor", recalcó este viernes la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo a través de Twitter. En un acto en Santiago, se mostró crítica con "los agoreros" que vaticinaron en reiteradas ocasiones que la mejora de este indicador reduciría la contratación. La de Fene aprovechó para poner en valor que desde 2018, cuando Pedro Sánchez desbancó a Mariano Rajoy con una moción de censura, el SMI subió un 54%. En ese período, la creación de empleo aumentó un 9,5%, hasta superar la cifra histórica de 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social el pasado diciembre.
En cuanto a la CEOE, afirmó "lamentar" su actitud y le afeó haber priorizado a intentar forjar un acuerdo "intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país", aunque puso en valor el proceso de negociación.
La ministra se pronunció así en un acto de la Fundación Luís Tilve, en cuyo marco UGT entregó los premios Traballo Digno 2023 a Suso Díaz, padre de la líder de Sumar y exsecretario general de CC.OO. en Galicia, y al exresponsable de UGT en A Coruña José Carrillo. "Monserrat Roig decía que la democracia se aprende en casa; yo la aprendí en mi casa", afirmó Yolanda Díaz, que se emocionó al intervenir en presencia de su progenitor, al que dijo deber su "modo de hacer política" y su "compromiso con las personas trabajadoras de este país".
EMPRESARIOS. En un comunicado, la CEOE y Cepyme lamentaron el "escaso esfuerzo del Gobierno" para sumar a la patronal al pacto con los sindicatos y censuraron que la magnitud de la subida se plantease "en términos de premio o castigo" en lugar de basarse en "criterios técnicos, como indica la ley". Avisan de que la actualización "puede hacer incurrir en pérdidas" e incluso abocar a la "quiebra" a "muchas empresas de determinados sectores y territorios". También arremetieron contra la negativa a actualizar los contratos del sector público en proporción, lo que, recalcan, lleva a que haya compañías "atrapadas" en contratos plurianauales de prestación de servicios "con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas".
Y mientras la patronal defiende que con este incremento el SMI "supera el 60% del salario medio en 13 autonomías", el líder de UGT, Pepe Álvarez, lo desechó al tomar como referencia los datos de Eurostat, que situó este índice en 2.218 euros en 2022.
