Vivienda no castigará a las comunidades que incumplan la ley
El Gobierno ha matizado su criterio frente a las comunidades insumisas con la ley de vivienda, que son las gobernadas por el PP. Entre ellas, Galicia es una de la que recurrió la norma ante el Constitucional.
Si hace una semana la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, amenazó con quitar fondos estatales a las autonomías que no cumpliesen con lo estipulado —esencialmente, con la declaración de zonas tensionadas en aras de topar los precios del alquiler—, este jueves la titular de Vivienda rebajó el tono y descartó penalizar a las comunidades insubordinadas.
Lo que hará el Ejecutivo será premiar a las que cumplan, mediante bonificaciones. Ese fue el mensaje que trasladó Rodríguez tras reunirse la mesa sectorial de vivienda, una cita en la que estuvieron presentes, en representación de Galicia, la conselleira María Martínez Allegue y el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García Porto.
De Madrid traen las cifras del reparto de los fondos para ayudas a la rehabilitación, de 284 millones en el caso de Galicia —la quinta comunidad más perceptora, en línea con su volumen demográfico— y un montante de 11,4 millones para el bono de alquiler joven, que se articula en ayudas de 250 euros al mes durante un plazo de dos años para cada joven.
De todos modos, más allá de estas cantidades, ya previstas, el principal punto de debate volvió a estar en la idoneidad de la aplicación de zonas tensionadas, que es la principal herramienta que introduce la ley de vivienda para limitar los alquileres en aquellas áreas en las que son prohibitivos.
Y como en anteriores ocasiones, Madrid volvió a abanderar la negativa a su aplicación, aludiendo a que limitar los precios ahuyentará a propietarios de colocar su vivienda en el mercado del arrendamiento.
Desde el Gobierno, en cambio, contestan con datos: el alquiler medio bajó hasta un 5% en Cataluña por el límite de precios, según la Generalitat.
La posición de la Xunta
En Galicia, los concellos de A Coruña y Santiago solicitaron la declaración de zona tensionada al Gobierno autonómico, que considera que este procedimiento no resuelve el problema de los elevados precios del alquiler, por lo que está en contra de este mecanismo.
Con todo, esto implica que, aunque la consellería no va a declarar de oficio zonas tensionadas, sí tramita las solicitudes que presenten los concellos que soliciten poder topar los precios de los arrendamientos por esta vía siempre que cumplan los requisitos exigidos.
