El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, ha preguntado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si ya ha concluido la instrucción de la causa del proceso soberanista catalán con la perspectiva de trasladar a cárceles catalanas a los presos preventivos de esa causa.
Fuentes del Ministerio han confirmado a Efe el envío de ese escrito, que supone el primer trámite para el traslado de esos reclusos, que ahora se encuentran repartidos entre las cárceles madrileñas de Soto del Real y Estremera.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó poco después de tomar posesión que el traslado de los presos se evaluaría una vez que Llarena concluyera la instrucción que desarrolla en el Tribunal Supremo y que está próxima a su final.
También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que es razonable que, concluida la instrucción, se produzca ese acercamiento.
Llarena tiene que pronunciarse sobre varias cuestiones y decidir si practica nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varios testigos solicitada por las defensas, además de recibir un informe de la Fiscalía.
También tiene pendiente pronunciarse sobre la libertad que ha solicitado Joaquim Forn y dictar la resolución para la suspensión de los siete diputados catalanes (incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras) cuyo procesamiento ya es firme.
Es decir, el fin de las diligencias respecto a los presos preventivos está próximo, con independencia de lo que ocurra respecto de los procesados que se encuentran huidos en el extranjero.
Grande-Marlaska ha reiterado que, aunque la competencia sobre traslados sea de Instituciones Penitenciarias, no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez que instruye el proceso para no entorpecer la práctica de diligencias.
Llarena ya aclaró en un auto que la decisión sobre la cárcel en la que permanecen los presos, ya sea preventivos o condenados, es de Prisiones, no del juez.
Según el diario El País, Interior también ha pedido un informe para acreditar que los nueve presos del "procés" tienen arraigo familiar en Cataluña, única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones.
Esos presos son el exvicepresident catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el diputado y expresidente de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.
