El dinero que se recaude a través del futuro canon que gravará las líneas eléctricas que conectarán los parques eólicos marinos con tierra a través de las subestaciones eléctricas se destinará en parte a dar al sector pesquero una contraprestación por tener que compartir el espacio marítimo con estas instalaciones. De momento se desconoce en qué consistirá esa contrapartida por el potencial impacto en la actividad de la flota, pero está contemplada en el anteproyecto de la ley autonómica que promoverá los beneficios sociales y económicos de las iniciativas que supongan un aprovechamiento de los recursos naturales. Otra parte de lo que se ingrese a través de ese canon se dedicará a labores de conservación y restauración del medio ambiente.
El texto legal, que desde este jueves y hasta el 6 de junio se somete a información pública para recibir aportaciones, detalla las cantidades que se cobrarán, que variarán en función del tipo de línea. En las que vayan soterradas, serán 10.000 por kilómetro de línea de evacuación. Si son aéreas, dependerá de la tensión: si es igual o inferior a 30 kilovatios (kW), se gravará con 22.000 euros cada kilómetro; si supera los 30 y no pasa de 66 kilovatios, el promotor deberá abonar 29.200 euros; con una tensión superior a 66 kV y no mayor de 132, serán 43.000 euros. La cuantía ascenderá a 58.000 euros por kilómetro de línea de evacuación cuando la tensión sobrepase los 132 kW y no supere los 220.
La recaudación tendrá un tercer destino: la sociedad públicoprivada que la Xunta impulsará para participar en proyectos de energías renovables como la eólica terrestre o marina, los que hagan "un uso intensivo" del agua y las iniciativas mineras o de biogás. Esa sociedad mixta tendrá una "maioría accionarial privada", algo que según el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, permitirá "un plus de axilidade na xestión" y la participación de inversores, pero los documentos fundacionales blindarán la "posición de control" de la Xunta, que podrá rechazar proyectos que no sean de interés público para Galicia a través de un "voto cualificado".
En las próximas semanas, el Gobierno autonómico promoverá una manifestación de interés para conocer qué empresas pueden estar interesadas "y, a partir de ahí, tomar una decisión sobre los diferentes porcentajes de participación". No podrán tener intereses en el mercado energético.
Otra de las novedades de la ley es que a la hora de conceder una declaraciones de impacto ambiental favorable o desfavorable, se evaluarán los efectos sociales y económicos y se analizarán las medidas que proponen los promotores para compensarlos. Se tendrán en cuenta la creación de empleo, la participación de inversores locales, la reinversión de beneficios en la zona, la preservación de bienes naturales y culturales, la contratación de servicios y adquisición de productos en ese territorio o la reducción de los costes energéticos a familias y empresas.
Tras el Consello da Xunta, el presidente Alfonso Rueda puso de relieve el objetivo de la norma: "Establecer uha serie de mecanismos para que os froitos do aproveitamento dos nosos recursos naturais revertan en Galicia".
