Las claves del plácet ambiental de Altri
Integrada por 76 páginas, la esperada declaración de impacto ambiental (DIA) del complejo de fibras textiles sostenibles de Altri que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental elaboró entre el 7 de febrero y el 5 de marzo y que rubrican la directora xeral, María José Echevarría, y el subdirector xeral de Avaliación Ambiental, Alejandro Carrera, tiene como base los 36 informes emitidos por las diferentes administraciones afectadas para determinar los posibles efectos en el entorno. El resultado es favorable al concluir los técnicos de la Xunta que el proyecto "é ambientalmente viable". Pero se imponen condiciones al promotor y un programa de vigilancia ambiental.
Durante el trámite, que arrancó en febrero de 2024, cuando la documentación se sacó a exposición pública, se contactó con 29 administraciones, entre ellas los concellos de Melide, Santiso, Palas y Agolada, aunque este último no se pronunció. Por parte del Estado, se consultó a la Demarcación de Carreteras. También se pronunciaron las diputaciones de A Coruña, Pontevedra y Lugo , la Sociedade Galega de Historia Natural, la Federación Ecoloxista y la Sociedade de Onitoloxía. La conselleira de Medio Ambiente incidió en que "todos os informes preceptivos ou vinculantes" fueron favorables o favorables con condiciones.
La DIA es el resultado del trabajo de 42 funcionarios
Ángeles Vázquez incidió en que esta es una de las "220 declaracións de impacto ambiental" que la dirección general tramita anualmente, de las cuales un tercio concluye "con resultado desfavorable". La finalidad del documento, recalcó, es "garantizar a tranquilidade á sociedade" en el sentido de que se especifica cómo "minimizar ou compensar os efectos" que la implantación de cualquier proyecto tiene en el entorno y que en ningún caso han de ser "significativos".
En este sentido, incidió en que "a DIA non é unha mera acumulación de informes inconexos", sino el resultado de una composición en la que la dirección xeral "dá sentido e orde" a las conclusiones a las que han llegado los diferentes organismos. El proyecto de Greenfiber ocupó a 42 técnicos, entre "biólogos, enxeñeiros, arquitectos, xuristas, sanitarios e químicos", entre otros expertos que sellaron la DIA.
Frente a las acusaciones de la CIG, que apuntó que la reciente sentencia del TSXG que tumba algunos preceptos de un decreto de la Xunta de 2023 por el cual se regularon las entidades de colaboración ambiental al inferir los magistrados que recurrir a estos entes supondría una privatización parcial de los procedimientos de evaluación ambiental, Vázquez fue tajante: "Non houbo ningunha entidade colaboradora".
Os 42 técnicos son todos funcionarios da Xunta e directores xerais. A sentenza do TSXG non ten nada que ver con isto", recalcó la conselleira, que fue preguntada por la participación de Tragsatec. La melidense sostuvo que "a tranquilidade é total" porque "non hai nada que poña en dúbida esta DIA", fruto de un trabajo "rigoroso" y basado en "feitos" y no en "opinións".
Augas de Galicia fija exigencias
En un escenario en el que el posible impacto en el río Ulla y consecuentemente en la ría de Arousa, estuvo en la base de multitud de críticas, Augas de Galicia amplió las exigencias a Altri, aunque considera que las medidas "preventivas e correctoras" presentadas "son axeitadas e garanten, a priori e sempre que se cumpran todos os condicionantes" señalados, la compatibilidad del complejo en el que se producirá lyocell con la planificación hidrológica y con los objetivos ambientales. A juicio del ente público, no resulta previsible "que se poidan causar impactos ambientais significativos" sobre el dominio público hidráulico.
Entre los asuntos en los que se puso el foco estuvieron la presencia de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno en el agua que se vertirá al cauce. Augas constató que, con respecto al proyecto inicial, el nivel del primer compuesto se redujo un 43%, mientras que en el caso del segundo el recorte fue del 73%. Cabe recordar que Greenfiber plantea instalar un sistema de captación de agua del embalse de Portodemouros, en Agolada, con un caudal de 46.000 metros cúbicos al día. Consistirá en una estructura flotante y una estación de bombeo en tierra firme.
El proyecto también incluye una estación de tratamiento de aguas residuales industriales con un caudal de vertido de 30.000 metros cúbicos al día. En este punto, la tecnología de ultrafiltración con membranas no hace temer alteraciones "significativas" del color, transparencia y turbidez del agua.
Tras analizar la documentación, la Subdirección Xeral de Planificación do Recursos Hídricos estipuló medidas que Greenfiber deberá cumplir en relación a la implementación de elementos de drenaje urbano sostenible, además de fijar un seguimiento "exhaustivo do plan de vixilancia ambiental", que prevé medidas mitigadoras ligadas a la vegetación de ribera, por ejemplo.
A mayores, el departamento fija un seguimiento mensual de indicadores y una monitorización de parámetros biológicos e hidromorfológicos que recogerá la autorización ambiental integrada.
La proximidad de la planta al Camino de Santiago
La presencia del Camino de Santiago a un kilómetro de la planta llevó a consultar a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que emitió un dictamen favorable tanto para la instalación como para la línea eléctrica de 15 kV tras algunos cambios. También son positivos el veredicto de la Dirección Xeral de Pesca e Acuicultura y el de la Axencia Galega da Industria Forestal, que considera que las "tendencias futuras de superficies que entrarán en fase de corta final" bastarán para satisfacer las necesidades de la fábrica.
La evaluación de la calidad del aire, de los olores y del impacto del ruido y la vibración en los humanos motivó el plácet de las direcciones generales de Cambio Climático y Saúde Pública, que hará un seguimiento de los puntos de abastecimiento de agua. La Axencia Galega da Calidade Alimentaria tampoco percibe que la planta amenace el sello de los productores en ecológico, de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas.
Zonas protegidas e impacto en plantas y mejillones de río
Al lindar la parcela con la zona de especial conservación (ZEC) Serra do Careón, la Dirección de Patrimonio Natural impuso una zona tampón de al menos 50 metros entre la instalación y el límite de la ZEC. En cuanto a la cercanía a la lagoa de Quintas –que figura en el inventario de humedales– se juzga suficiente una separación de 250 metros.
Y para evitar la pérdida de biodiversidad en lo que toca a tres plantas endémicas –la armeria merinoi (herba de namorar), leucanthemum gallaecicum (magarza de Barazón) y la santolina melidensis (santolina de Melide)– se exige un cinturón perimetral de 55,16 hectáreas.
Los mejillones de río –margaritifera margaritifera– también fueron estudiados. Se detectaron 529 aguas arriba del punto de vertido y ocho abajo lo que llevó a instar a Altri a "adoptar as medidas axeitadas e suficientes" para no alterar el hábitat de esta especie.