La familia de Diego Bello pide en Bruselas agilizar un juicio atascado tras año y medio
El juicio por el accidente del Alvia batió una marca en la judicatura gallega al llegar a los diez meses de duración, superando los nueve que una década antes había alcanzado la macrovista del Prestige. Pero ambos récords se quedan cortos comparados con el año y medio transcurrido desde que arrancó el juicio por el asesinato de Diego Bello en Filipinas, un atípico proceso judicial —con sesiones separadas por hasta tres meses— cuyo peor síntoma es, con todo, que no tiene visos de finalizar, habida cuenta de que la magistrada acaba de jubilarse en mitad del proceso, algo impensable en España o en los sistemas judiciales más avanzados.
Los familiares del joven coruñés están, por tanto, desesperados: llevan ya más de un lustro aguardando por una justicia que se resiste a llegar, desde que el 8 de enero de 2020 Diego fuetiroteado por tres policías bajo el rocambolesco pretexto de que era el «narcotraficante número uno» de la isla en la que vivía, Siargao, y que cuando iban a arrestarlo, el gallego les disparó primero.
Y por eso los padres acaban de viajar a Bruselas en compañía de su abogado, Guillermo Mosquera, para pedir a las autoridades comunitarias que activen los canales diplomáticos pertinentes y pidan al Gobierno filipino diligencia en el proceso.
"Llevamos esperando una sentencia judicial más de cinco años. Pedimos a Europa que se le haga saber a Filipinas que un ciudadano europeo fue asesinado a sangre fría por parte de tres policías [en el banquillo se sientan el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón y Nido Boy Esmeralda] que después de cometer el asesinato estuvieron fugados de la justicia durante más de un año", informan los padres de Diego, Pilar Lafuente y Alberto Bello, en un comunicado que hizo llegar a este medio el portavoz de la familia y tío de Diego, Francisco Lafuente.
Rueda de contactos
Los progenitores del joven coruñés asesinado mantuvieron este martes cinco reuniones, una de ellas con la directora de la oficina de la Fundación Galicia Europa en Bruselas, Ana Ramos, quien trasladó su "solidariedade" con la familia y el deseo de que la Unión Europea "exerza toda a súa influencia nas relacións con Filipinas para garantir a protección da cidadanía europea no país asiático".
Un excesivo lustro de espera
Uno de los motivos de la desesperanza y frustración de la familia de Diego Bello es que, pese a ser conscientes de que el sistema judicial filipino no es el más rápido ni el más transparente, el proceso se alargó más incluso de lo que abogados y diplomáticos les habían advertido.
Ni en los cronogramas más pesimistas se alcanzaba la barrera de los cinco años sin justicia, un lapso impensable en España, donde a modo de comparativa y con el foco puesto en Galicia, una caso de asesinato no suele dilatarse más allá de los dos o tres años —a modo de ejemplo, el crimen de Asunta, perpetrado en 2013, se juzgó en 2015; mientras que el de Diana Quer, cometido 2016, tuvo sentencia en 2019—.
Cabe resaltar que Filipinas vive un momento convulso bajo el gobierno del presidente Ferdinand Marcos, hijo del tristemente célebre dictador Ferdinand Emmanuel Marcos, en el que las administraciones distan de actuar democráticamente.
Un atípico juicio con sesiones separadas por hasta tres meses
Lo cierto es que el juicio del caso Bello arrancó en octubre de 2023, pero con sesiones a cuentagotas separadas en algunos casos por tres meses o más.
