La farragosa tramitación de Altri: sin noticias del 76% de los que alegan interés en el proyecto
La tramitación del proyecto de Altri para producir fibras textiles a partir de la pulpa de madera de plantaciones de eucalipto certificadas sigue su curso en la Xunta con la vista puesta en el siguiente trámite tras la emisión de la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable con condicionantes el 14 de marzo. Rodeado de una amplia contestación social, el complejo cosechó 27.100 alegaciones de particulares, colectivos vecinales y otras organizaciones, que fueron remitidas por la Xunta a la compañía para que las tuviese en cuenta. Ya entonces, se detectó que 26.937 eran copias del mismo modelo.
En estos escritos, 6.500 personas físicas y jurídicas demandaron a la Consellería de Industria tener la consideración de parte interesada en el procedimiento. ¿Cuál es su objetivo? Tener acceso a los 36 informes sectoriales emitidos por los diferentes organismos que tuvieron que pronunciarse sobre la planta para la emisión de la DIA y hacer que el Ejecutivo gallego tenga que concederles trámite de audiencia antes de que la Dirección Xeral de Calidade Ambiental emita la autorización ambiental integrada (AAI), el siguiente hito, previsto para antes del fin del verano.
En un proceso de tramitación que todo apunta que se judicializará, una vez dictada la AAI todavía quedaría por delante solicitar informe a la Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo sobre el proyecto de ejecución que facilite el promotor, el paso previo a que el Consello da Xunta decida si aprueba el proyecto industrial estratégico.
Según informan fuentes del Ejecutivo, entre las 6.500 solicitudes de reconocimiento como parte interesada, se detectaron personas que presentaron varios modelos. Eliminados los duplicados quedaron en 6.216 a los que hubo que enviar el correspondiente requerimiento para que acreditasen su condición de interesados siguiendo la ley de procedimiento administrativo de 2015, que establece que será necesario justificar, por ejemplo, que se es titular de bienes o derechos que pueden resultar afectados por el proyecto. En una tramitación farragosa por la profusión de organizaciones y personas que a título individual han contestado, de los 6.216 a los que se enviaron requerimientos, 4.742 no han respondido o, en algunos casos, no han podido ser localizados, esto es, el 76,3%.
Doble notificación por Correos y a través del BOE y el DOG
Al margen quedan los 210 que todavía están en plazo para acreditar su carácter de interesados, aunque las probabilidades de que se pronuncien son escasas visto que no acudieron a Correos a recoger el requerimiento remitido hasta en dos ocasiones, tras lo que la Xunta ha cursado un último intento de comunicación a través del Boe y del DOG. Precisamente, ayer el DOG publicaba el último anuncio de la Secretaría Xeral de Industria por el que se notifica a una solicitante de la condición de parte interesada en el expediente otorgándole diez días hábiles para justificar su petición. De no hacerlo, la Xunta entenderá que ha desistido y tendrá que emitir la correspondiente resolución.
Más de 1.400 han respondido al requerimiento y deben justificar su condición de interesados
A falta de que el proceso se cierre para estos administrados, las fuentes consultadas indican que son 1.474 los interesados que han respondido a la administración, lo cual no quiere decir que a todos se les vaya a reconocer esta condición. Y es que son muchos los que, a título individual, se han limitado a remitir un modelo firmado en el que se escudan en conceptos generales como el derecho constitución a la vida, a la salud o a gozar de un medio ambiente adecuado, una justificación que podría quedarse corta a la luz de lo que marcan la ley de procedimiento administrativo y la norma de 2006 que regula los derechos de acceso a la información y de participación pública, que legitima, por ejemplo, a las entidades de protección del medio ambiente con al menos dos años de trayectoria y que desarrollen su actividad en el ámbito territorial afectado.
Adega recauda fondos para acudir a los juzgados
Adega ha recaudado 39.100 euros para emprender acciones legales contra el proyecto que Greenfiber —la joint venture integrada por Altri (75%) y Greenalia (25%)— aspira a impulsar en Palas de Rei. La organización ecologista aspira a promover dos recursos contencioso- administrativo ante el TSXG. Uno se dirigirá contra la denegación del archivo del expediente de concesión de Aguas de Galicia, al entender que se excedió "o prazo máximo para a súa resolución sen que se producira". En segundo lugar, Adega se prepara para impugnar la autorización ambiental integrada en cuanto se emita.
La asociación, que da por cerrado "o primeiro reto" de la campaña que ha denominado 'Xustiza para o Ulla', al cumplir en 19 días su objetivo, avanza que activará otras colectas "á medida que se vaian outorgando as autorizacións ou permisos de explotación". En el foco está la concesión de Augas para la captación del embalse de Portodemouros o la autorización administrativa de explotación.