Precios al alza, abundancia y objetivos aislados: Galicia es una mina para el robo de cobre
Cuatro kilómetros y medio de cable de cobre. Los tres vecinos de Lugo detenidos a mediados de mes por desvalijar las obras de los túneles de la A-6, a su paso por Pedrafita, Doncos y As Nogais, podrían haber electrificado un pueblo entero con su botín. Pero el suyo es uno más de entre los casos que cada poco van trascendiendo en la comunidad, a medida que las fuerzas del orden logran echar el guante a unos grupos cada vez más especializados. Porque el aumento de la cotización del cobre, la abundancia del material por la modernización de las infraestructuras y las dificultades que plantea la dispersión poblacional para la vigilancia del territorio convierten a Galicia en una próspera mina a explotar.
Dentro de las lógicas fluctuaciones que afectan a todo negocio irregular, las gráficas de la sustracción de cobre en Galicia trazan una "tendencia ascendente". No existen datos oficiales que precisen cuántas toneladas de material se extraen cada año, pero la información disponible, como el número de infracciones cometidas, permite constatar que "se trata de un problema creciente" que deja tras de sí un "importante" impacto económico y social, explican fuentes de la Guardia Civil.
Es un "problema global" relacionado con el alza internacional del precio del cobre, una materia prima "muy cotizada" en el mercado mundial y que ofrece una "rentabilidad inmediata" con un riesgo asumible, dada la "baja trazabilidad" de los objetos robados.
También con una "cuestión técnica" como es el despliegue de infraestructuras, como muestran esos túneles de la A-6 o las obras ferroviarias –destaca el golpe que paralizó el Ave Madrid-Sevilla el 4 de mayo–, y la modernización de la red de telecomunicaciones, con la expansión de la fibra óptica.
Pero, además, Galicia suma atractivos propios, añaden desde la Guardia Civil. La predominancia de zona rurales y boscosas hace que las líneas de telefonía discurran por zonas aisladas y en ocasiones de difícil acceso, lo que complica su vigilancia.
Un sector que se profesionaliza
Al abrigo de la noche, en zonas rurales o polígonos industriales con escasa iluminación, pertrechados con cizallas hidráulicas, sierras radiales, guantes dieléctricos, cuerdas y ganchos de arrastre. El manual de operaciones no suele variar. Sobre el terreno, cortan grandes tramos de cableado entre postes, de hasta 50 metros, para luego tocearlos en zonas cercanas y facilitar su carga en furgonetas y turismos.
En el listado de objetivos figuran infraestructuras de telecomunicaciones antiguas, antenas de telefonía, la red ferroviaria, los centros de transformación y subestaciones eléctricas, la red eléctrica de baja tensión, los parques eólicos, el material almacenado en empresas de reciclaje, obras o instalaciones agroganaderas...
El ladrón local sigue teniendo una buena cuota de participación en este tipo delictivo, pero el dinero fácil tiene un efecto llamada. Según la Guardia Civil, cada vez se detectan más "grupos itinerantes organizados", algunos procedentes de Europa del Este, "que actúan de forma planificada".
Y su profesionalización no se percibe en la técnica de robo, sino en la prevención de riesgos: cuentan con conocimientos técnicos y medidas para manipular instalaciones sin riesgo de electrocutarse.
De 4 a 8 euros el kilo, según la calidad
El rango de precios que se obtienen del robo de cobre es volátil, pero puede ofrecerse una estimación aproximada.
En el caso del que se comercializa en el mercado de la chatarra puede oscilar entre los 4 o 6 euros el kilo, si se trata de cobre "de segunda calidad" y en función de su estado.
No obstante, los grupos que operan en Galicia "suelen pelar el cobre", un procedimiento que permite dificultar las averiguaciones para conocer de dónde procede y que aumenta su valor. Por este se paga hasta 8 euros el kilo.
Los procedimientos para limpiar el cobre de los cables son varios. Hay alguno tan radical como peligroso: apilar montones de material en algún lugar recóndito y prenderles fuego para eliminar el plástico. También tiene su riesgo para los ladrones: unas llamas en Pereiro de Aguiar condujeron al arresto en junio de los integrantes de una banda.
Delito penal
El robo de cobre se castiga según el título referido a delitos contra el patrimonio del Código Penal, dependiendo del modo y las circunstancias.
Habitualmente se aplica el artículo 238, el de delito de robo con fuerza en las cosas. Si es un grupo con varios autores y con reparto de funciones, suele aplicarse el 570 bis, el de grupo criminal. Si afecta a infraestructuras críticas, como las telecomunicaciones, se agrava con el 235.3.
La infracción siempre es penal y "la cantidad y la valoración del perjuicio económico influyen" en el castigo.
Ventas a través de terceros y centros de reciclaje en el extranjero
Los tres sujetos detenidos en Lugo vendían el material por el método del goteo en establecimientos de tratamiento de residuos localizados fuera de la provincia. Los arrestados por el cobre quemado en Pereiro de Aguiar lo despachaban en una chatarrería de Tamallancos y de ahí partía a China por vía marítima, en contenedores fletados en Portugal.
Cada cual tiene su comprador de confianza. Las investigaciones de la Guardia Civil constatan que los receptores del metal "suelen ser chatarrerías, desguaces o centros de reciclaje". Aunque, en realidad, ejercen de intermediarios: desde ahí se vende el cobre "a través de terceras personas interpuestas". La razón es que, con este paso, lavan el producto sustraído para que cumpla los requisitos legales de venta.
Esta normativa, junto con la presión policial, complican la venta de grandes cantidades de cobre en Galicia, si bien las pequeñas transacciones y ventas "están en auge debido al incremento del precio del cobre".
Así, los agentes han comprobado que algunos grupos criminales optan por desplazarse a centros de reciclaje ubicados fuera de España en busca de cubrir sus huellas y de una legislación más favorable.
Prisión y cierres de establecimientos por la receptación
Los artículos 298 y 300 del Código Penal establecen que, dependiendo del grado de implicación en el mismo, el culpable de un delito de receptación será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, o de uno a tres años, respectivamente.
También existen penas de multas o de inhabilitación, así como clausura temporal o definitiva de establecimiento.
En ningún caso podrá imponer pena privativa de libertad que exceda de la señalada al delito encubierto. Si este estuviese castigado con pena de otra naturaleza, será sustituida por multa.
