El rescate de la AP-9 y la AP-66 une a Galicia, Asturias y Castilla y León
Las patronales y los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León escenificaron este miércoles en Santiago un frente común para redoblar la presión sobre el Gobierno central, al que instan a proceder al rescate de la AP-9 y la AP-66.
La Comisión Europea (CE) cuestionó la legalidad de las prórrogas de las concesiones de ambos viales, que en el caso de la AP-9 deja la infraestructura en manos de Audasa hasta 2048, en tanto que la Autopista del Huerna, que conecta a asturianos y leoneses, será gestionada por Aucalsa hasta 2050 si nada lo remedia. La extensión de ambos contratos fue aprobada por el Gobierno de Aznar en el 2000. Tras el dictamen emitido por la CE en julio, el noroeste insta al Estado a "ser valiente y proceder al rescate" e implantar la gratuidad para los usuarios.
"Más allá de cualquier ideología, nos une velar por el bienestar y el desarrollo económico y social de nuestros vecinos", señaló la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que retó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a no aguardar a que la CE eleve el conflicto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Tras participar en un encuentro de trabajo para afinar la estrategia común, la pontevedresa recordó que la Xunta elaboró un informe que cifró en 2.356 millones el coste del rescate por parte del Estado, una factura similar a la que acarrean las bonificaciones fijadas por el Ministerio de Transportes para los usuarios frecuentes hasta el fin de la concesión.
Además, la conselleira reclamó tener acceso al contenido del dictamen de la CE, una petición trasladada al ministerio tanto desde San Caetano, como conjuntamente con Asturias y Castilla y León. Si transcurrido el plazo para contestar el Gobierno no cumple, Allegue advirtió que la Xunta activará "las vías legales oportunas" para acceder a la documentación.
"No estamos de acuerdo con la España de los retales", advierte el líder de la CEG
"No estamos de acuerdo con la España de los retales", manifestó el líder de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, que advirtió que el noroeste "no se va a quedar callado". "Vamos a seguir demandando al ministerio y al Gobierno que la gratuidad sea un imperativo de primer orden", señaló para luego denunciar los "agravios comparativos" a nivel territorial en una cita a la que acudieron los presidentes de la patronal asturiana Fade, la leonesa Fele y el vicepresidente de CEOE Castilla y León.
Precisamente, a la aprobación por parte del Consejo de Ministros el martes de la gratuidad de la circunvalación de Alicante, en la A-7, aludió el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, el popular José Luis Sanz, que exigió "soluciones homogéneas en todo el territorio nacional" y evitar "interferencias entre corredores" en el Mediterráneo y el arco atlántico y cantábrico. Sanz aprovechó, asimismo, para constatar que la continuidad de los peajes en varios viales que atraviesan su comunidad, como la AP-6 "penalizan" a los transportistas de todo el noroeste.
De su lado, el consejero de Movilidad asturiano, el socialista Alejandro Calvo, informó de que el Ejecutivo de Adrián Barbón solicitó al Gobierno central la revisión de oficio de la prórroga de la AP-66 en el marco de una acción de nulidad.
