Román Rodríguez abandona la conferencia sectorial de Educación: "Es una chapuza"

El conselleiro critica el "planteamiento tramposo" de la convocatoria y la línea económica que pretende seguir el Ministerio

Conferencia sectorial de Educación. MARISCAL (EFE)
photo_camera Conferencia sectorial de Educación. MARISCAL (EFE)

El conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, ha abandonado la conferencia sectorial que se celebraba este lunes en Madrid, de la que también se han marchado los consejeros del Partido Popular de las comunidades de Castilla y León, Madrid, Murcia y La Rioja. 

Esta ha sido la primera reunión convocada por el nuevo Ministerio de Educación y Formación Profesional desde que Isabel Celaá tomó el cargo de esta cartera. 

En declaraciones a la prensa, Román Rodríguez ha tachado de "chapuza" la convocatoria del encuentro, ya que ha asegurado haber "llegado a ciegas", sin información sobre "los contenidos y el alcance" de los acuerdos que se iban a adoptar. 

Al respecto, el conselleiro ha destacado que no está "en desacuerdo" con las medidas propuestas en el anteproyecto de ley de la ministra Celaá, sino con la "forma" de la convocatoria y la "línea económica" que se pretende seguir. 

En este sentido, Rodríguez se ha quejado de que esta conferencia ha tenido un "planteamiento tramposo" en una "hipotética votación" que "en ningún momento estaba en el orden del día" y en la programación del mismo, lo que a su juicio crea una "situación anómala" y de "incertidumbre".

CRÍTICAS A LA LÍNEA DE TRABAJO. Además, ha criticado las sugerencias sobre inversiones que se han propuesto en la reunión, y ha explicado que éstas obligan a las comunidades a un desembolso monetario "sin ningún tipo de compensación por parte del Estado", al tiempo que recrimina que el Gobierno central "no ha consultado la línea de trabajo" a las autonomías. 

Al ser preguntado por el coste de la reducción del horario lectivo, una de las cuestiones planteadas, Román Rodríguez ha indicado que Galicia gastaría 66 millones de euros en hacer efectiva esta medida, en caso de no existir financiación estatal, lo que obliga a las comunidades que no cumplen con los "objetivos de déficit" a "incrementar su deuda". 

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