Aprobada la Lei do Clima gallega, que fijará criterios "verdes" en los contratos públicos
Con el objetivo central de dotar a Galicia "das ferramentas" necesarias para cumplir el objetivo de neutralidad climática en 2040, diez años antes de lo que exige la UE, la Xunta aprobó este lunes el proyecto de Lei do Clima de Galicia, que será remitido al Parlamento para su tramitación y aprobación antes de que acabe el año. La norma servirá, además, de base para que el Ejecutivo autonómico pueda asumir las competencias en materia de alertas meteorológicas que la Xunta aspira a conseguir del Estado.
En su comparecencia tras la reunión semanal del Consello, el presidente, Alfonso Rueda, puso en valor la base de la que parte Galicia. Destacó que se trata de la comunidad que más ha logrado reducir las emisiones netas de CO2 desde 1990, haciéndolo a un ritmo "cinco veces maior" a la media del conjunto de España.
Ahora, dijo, se trata de que "calquera contrato" o política que el Ejecutivo gallego ponga en marcha "teña perspectiva climática" y de garantizar que se pondrán "todos os medios" para conseguir "o equilibrio" entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la capacidad de absorción de los mismos.
Entre las medidas a las que el texto legal da amparo figura que cualquier plan que deba someterse a evaluación ambiental deberá incluir un estudio "dos efectos" del proyecto en el entorno, además de "medidas para mitigalos" y de cumplimiento de "todas as garantías ambientais". La creación de refugios climáticos; la introducción de "criterios verdes" en la contratación pública; el despliegue de incentivos fiscales para incentivar al sector privado para que "se apunte a mitigar as emisións" en sus actividades son otros de los parámetros a los que dará amparo la norma.
La encargada de detallar los objetivos de la nueva ley fue la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que incidió en la "grande relevancia e complexidade" de un texto para cuya confección, dijo, se tuvieron en cuenta "todos os estudos da comunidade científica", así como "as consideracións" trasladadas por la UE a los estados miembros para mejorar la capacidad de reacción ante el cambio climático.
El proyecto normativo -que recibió 30 sugerencias, incorporadas al texto "na súa inmensa maioría"- convertirá a Galicia "na primeira comunidade" en marcar por ley la neutralidad climática en 2040. Y con la vista puesta en 2030, el texto fija reducir en un 75% los gases de efecto invernadero, desde el 61,7% alcanzado en 2023.
"Galicia quere estar á vangarda a nivel europeo como rexión que dá todas as garantías na procura dunha transición ecolóxica que ha de ser xusta, sostible e xeradora de emprego verde", defendió la conselleira, que señaló que para lograrlo será la necesaria la implicación de "todos". Esto es, desde la Xunta, hasta los concellos y la ciudadanía.
La política de Melide, que ensalzó que la Xunta sitúa el clima "coma un eixo transversal das políticas galegas", incidió en que el enfoque climatológico "debe integrarse na toma de decisións" y en cada una de las acciones del Ejecutivo autonómico en materias como las infraestructuras, los transportes, la salud, la industria, los residuos o la gestión hidrológica.
Plan piloto en Ourense para sacar partido a los refugios climáticos durante las olas de calor
Además de las actuaciones para reducir las emisiones, la ley introduce medidas de "adaptación" al cambio climático. En este campo, la Xunta promoverá los refugios climáticos que reduzcan "a vulnerabilidade" de la población ante las olas de calor. De la mano de la UVigo, la consellería ha localizado ya espacios naturales de este tipo. En una segunda fase, con Ourense como concello piloto, se implementará una aplicación para el móvil que mostrará mapas actualizados de islas de calor y posibles refugios en la ciudad, así como recomendaciones para minimizar la exposición a temperaturas extremas.
En el campo administrativo, Xunta y sector público autonómico deberán integrar la perspectiva climática en la elaboración de sus planes y programas sectoriales, en la preparación de los contratos públicos y en las convocatorias de subvenciones.
Los planes sectoriales con incidencia especial en el territorio deberán tener en cuenta las proyecciones climáticas para mejorar la resiliencia de Galicia. En paralelo, todos los planes y programas que impliquen la generación de gases de efecto invernadero que sean sometidos a autorización ambiental estratégica incluirán, como mínimo, una evaluación del impacto en el clima y medidas destinadas a compensar, minimizar o adaptar el territorio a estos efectos.
Instrumentos de acción climática
La Estratexia Galega de Cambio Climático, que fijó por primera vez el compromiso de neutralidad climática; los planes regionales integrados de acción climática; y los planes de acción local por el clima, con los que deben contar los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes son los tres instrumentos previstos en la ley para avanzar en las metas fijadas. Según Medio Ambiente, 17 de los 23 ayuntamientos que deben dotarse de estas guías las han presentado.
A nivel local, el texto también regula la Rede local polo clima, impulsada en 2024 para promover la adhesión de todos los concellos al Pacto das alcaldías polo clima e a enerxía, que han suscrito 287 municipios. La ley recoge, asimismo, la Alianza Galega polo Clima, como vehículo para fomentar las sinergias público-privadas ante el calentamiento global. Y se crearán nuevas herramientas como el Portal de Acción Climática, cuya finalidad será divulgar y ofrecer transparencia; la Oficina de Cambio Climático de Galicia y el Foro de Acción Climática, como órgano de participación.
¿En qué consistirá la contratación pública verde?
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de ley, la Comisión Interdepartamental para o Impulso e Coordinación da Estratexia Galega de Cambio Climático, creada en 2019, elaborará un programa específico para implantar y desarrollar criterios climáticos en los contratos públicos, unas pautas que se irán integrando "de forma progresiva". Además de dar formación al personal de los órganos de contratación, la consellería prevé elaborar un catálogo que detalle las cláusulas climáticas a introducir en las diferentes licitaciones.
El criterio "estrela" que se introducirá en estas adjudicaciones será el de la huella de carbono entendida como la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a una organización, evento, actividad, producto o servicio concretos y cuantificada en toneladas equivalentes de CO2.
Los créditos de carbono
En sus 44 artículos, la norma prevé la creación de un Rexistro galego de persoas promotoras da neutralidade climática. De adhesión voluntaria, recogerá los compromisos ambientales asumidos por organizaciones públicas o privadas para reducir o compensar su huella de carbono.
En la hoja de ruta también está la puesta en marcha del sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta, bajo cuyo paraguas empresas, organizaciones e incluso ciudadanos podrán compensar sus emisiones comprando créditos de otros proyectos que reducen o eliminan los gases contaminantes, como iniciativas de renovables, reforestación o de acuicultura.
Base para asumir las competencias meteorológicas
Otra pata para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de la ley será la información meteorológica y climatológica. La Lei do Clima reforzará las redes de observación y control y de calidad del aire y los servicios públicos para la gestión de los riesgos derivados del cambio climático para disponer de más datos y mejorar la capacidad de previsión y respuesta ante posibles fenómenos extremos.
En este sentido, la titular de Medio Ambiente confirmó que el texto "regula" la asunción por parte de Galicia de las competencias en materia de alertas meteorológicas, que ahora centraliza la Aemet. "Para anticiparnos e para traballar debemos ter as competencias", reivindicó Vázquez, que recalcó que la Xunta reclama al Estado "o que entendemos que é noso". Una vez conseguida la gestión de estos avisos ante fenómenos extremos, afirmó que la consellería demandará el traspaso "do persoal".
El texto regula las proyecciones climáticas que el organismo competente en materia de cambio climático se encargará de elaborar y revisar periódicamente para Galicia con el uso de modelos matemáticos.