El TC frena el reconocimiento conjunto de dependencia y discapacidad en Galicia
La admisión a trámite por parte del pleno del Tribunal Constitucional (TC) del recurso que el Gobierno central interpuso el 30 de septiembre contra varios preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los Orzamentos autonómicos de 2025 supone un golpe para la Xunta al tumbar dos medidas estrella. De un lado, se desactiva un puntal del plan de choque desplegado en enero de 2025 por el cual se estableció el reconocimiento automático de un grado de discapacidad al hacer la valoración de la dependencia. De otro, quedan en el aire los preceptos por los cuales se obligaba a los promotores de parques eólicos de más de 25 años a repotenciar las máquinas y a los titulares de nuevas explotaciones a vender al menos el 50% de la energía producida a consumidores locales e industriales de la zona de influencia de los proyectos, mediante contratos bilaterales a un precio prefijado y por un plazo mínimo de cinco años.
Con la admisión a trámite del recurso rubricado por el presidente Pedro Sánchez, el TC suspende la aplicación de estas medidas con efecto retroactivo desde el 30 de septiembre como medida cautelar por cinco meses. Dentro de ese plazo, el TC debe decidir si mantiene o levanta esta suspensión -que entrará en vigor con su publicación en el Boe- hasta que resuelva el fondo de la cuestión, esto es, si como aduce el Gobierno, se invadieron competencias estatales.
Aunque se daba por descontado, fuentes de la Consellería de Política Social admitían este jueves "preocupación e indignación" ante las consecuencias del conflicto. A juicio del departamento que pilota Fabiola García, el objeto de la discordia sería la caída de la recaudación que deriva del plan de choque gallego por las rebajas fiscales a las que tienen derecho las personas con discapacidad.
A través de la ley de acompañamiento de los OXG de 2025, la Xunta estipuló que se otorgaría una discapacidad del 33% de forma automática al reconocer a un dependiente de grado I, un certificado que sería del 66% en caso de grado II y del 100% para un grado III.
En el debate previo a la presentación del recurso, el Ejecutivo central advirtió que la determinación del grado de discapacidad ha de regirse por el baremo establecido por el decreto estatal de 2022. Y expresó sus reticencias por el hecho de que el plan pudiese "afectar" al sistema de la Seguridad Social en lo que toca al reconocimiento de "determinadas prestaciones".
Rebajas fiscales
La normativa del IRPF establece que una persona con una discapacidad igual o mayor al 33% y menor del 54% tiene derecho a reducir su base imponible en la declaración de la renta en 3.000 euros al año, un importe que se eleva a 9.000 cuando el grado supera el 65%. A esto hay que sumar, entre otros incentivos, la aplicación de un Iva reducido del 4%, frente al 21% general, en la compra de vehículos y la exención del impuesto de matriculación.
Política Social calcula que una persona con discapacidad reconocida obtiene al año un promedio de 9.000 euros en rebajas fiscales. Teniendo en cuenta que la consellería cifra en 12.500 los dependientes que, junto al reconocimiento de grado lograron certificar una discapacidad, la Xunta apunta que Hacienda habría dejado de recaudar 112,5 millones.
Después de que otras comunidades como Baleares se interesasen por el plan gallego, el departamento censura el recurso de inconstitucionalidad cuando el propio Gobierno tramita una reforma por la cual prevé que los dependientes con un grado II o III tengan reconocida de forma pareja una discapacidad del 65%. He aquí el punto de choque, pues la iniciativa de la Xunta es más generosa.
Fabiola García culpaba este jueves al Gobierno de "boicotear unha vez máis o plan de choque" que, recalcó, permitió "resolver máis de 86.300 expedientes en el año que lleva en vigor. "Lamentamos profundamente que o Goberno nos volva poñer paus nas rodas", señaló, para insistir en que la vocación de las medidas era "resolver expedientes o antes posible".
