Los contratos temporales en el sector público gallego triplican el objetivo que fija la ley
En busca de estabilidad y seguridad laboral, más de 4.136 aspirantes están convocados este fin de semana a las oposiciones del Sergas para el acceso a siete categorías profesionales. En la primera jornada, el Recinto Feiral Internacional de Galicia, en Silleda, acogió en la mañana de este sábado a 801 candidatos de los 1.301 que estaban llamados para competir por ocho plazas de técnico superior en anatomía patológica y citología y por otras 26 del grupo de gestión de la función administrativa.
Ya por la tarde, se presentaron 277 de los 409 aspirantes convocados para el acceso a 13 vacantes de técnico superior en documentación sanitaria y a otras 43 del grupo auxiliar de la función administrativa, esto es, el 67%.
En vísperas de una nueva jornada de pruebas, pues para hoy se ha cursado llamamiento a 2.426 personas que pelearán por 121 plazas de técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, por otras 16 de técnico superior en dietética y por nueve del grupo técnico de la función administrativa, la afluencia es el reflejo de la fiebre opositora de quienes persiguen un empleo para toda la vida.
Hoy, las administraciones públicas son el sostén en Galicia del 20,5% del total del empleo asalariado, según revela la encuesta de población activa (Epa). Es el dato correspondiente al primer trimestre de 2025 y el más reducido de la serie estadística, que arranca en 2005. Lejos de destruir empleo, el sector generó 2.700 en términos interanuales, o lo que es lo mismo, un 1,4% más, lo que sitúa el contingente total en 192.400 efectivos. Con todo, el comportamiento del sector privado fue sensiblemente mejor, pues con una expansión del 2,5%, las empresas gallegas ensancharon sus plantillas en 18.200 efectivos, hasta contar con 747.700. Esto es, el 79,5% de la ocupación tiene como pilar la iniciativa privada.
En el conjunto del Estado, el peso del sector público también se achica. En el primer trimestre representaba el 18,9% de la ocupación asalariada. Para encontrar un nivel más contenido hay que remontarse a 2008 (17%).
En términos de estabilidad, del análisis de la Epa se extrae que el sector público copa el 44,5% de los contratos temporales en Galicia. Este dato, que refleja la media de enero a marzo de este año, es el más elevado de la serie que ofrece el Ige, que arranca en 2005.
En una coyuntura favorable para el mercado laboral, en el primer trimestre 57.300 efectivos de la administración y sus entes dependientes tenían un contrato con fecha de caducidad, un 4% menos en términos interanuales. En proporción, son el 29,8% del total de asalariados del sistema público, en línea con el dato estatal, del 28%.
¿Qué sucede en el sector privado?
Con 71.600 eventuales, la reducción de la precariedad rozó el 11,5%, lo que implica que solo el 9,6% del total del empleo es temporal. Volviendo la vista 20 años atrás, a 2005, se observa que este indicador superaba el 37,2%, mientras que el peso de la temporalidad en las administraciones estaba incluso algo por debajo del nivel actual, al situarse en el 28,9%.
En el primer caso, la reducción refleja el impacto de la reforma laboral de 2021, que puso coto al abuso de los contratos eventuales en la esfera privada. En cambio, en el sector público sigue sin cumplirse el objetivo de reducir su peso al 8% que fijó el Gobierno por ley en 2021 por mandato de la UE.
