La Xunta desembolsa 297 millones y rescata cuatro autovías de peajes en la sombra

Con un coste de 297 millones de euros, la Xunta ha acordado el rescate de las autovías de O Salnés (AG-41), O Barbanza (AG-11), la que conecta Ourense y Celanova (AG-31) y la que comunica Santiago y Brión (AG-56) tras alcanzar un consenso con las concesionarias antes de que los contratos llegasen a su vencimiento.

Bajo el paraguas de este "importante acordo", el presidente, Alfonso Rueda, explicó que la Xunta logrará "un aforro de máis de 30 millóns de euros ao ano" con la recuperación de estas concesiones. Se trata de viales por los que el Gobierno gallego abonaba un peaje en la sombra a las concesionarias en función de las cifras de tráfico. Al dejar de tener que abonar esa partida, Rueda destacó que ese dinero "poderá dedicarse a outras materias, como a vivenda".

La encargada de explicar el acuerdo ratificado este lunes por el Consello da Xunta fue la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que incidió en que "Galicia recupera a propiedade e xestión de catro autoestradas de moi alto interese económico e social".  

Construcción con colaboración público-privada

Martínez explicó que el coste de la operación asciende a 297 millones y que las arcas autonómicas ahorrarán "máis de 330 millóns" hasta el remate de la última concesión.

Al año, la Xunta tendrá liberados 30 millones que dejarán de sufragarse en concepto de peajes en la sombra, a consecuencia de que en su día estos viales se construyeron optando por fórmulas de colaboración público-privada.

Hace un año, el Consello de Contas analizaba en un informe de fiscalización la eficiencia de la colaboración público-privada en las autovías gallegas y constataba que "o balance no uso destas fórmulas" presentaba "deficiencias superiores aos seus beneficios".

El órgano incidió en que la construcción y explotación de los viales mediante concesión en modalidad de peaje en la sombra y canon de disponibilidad "non foi eficiente xa que se poderían conseguir resultados equivalentes a un menor custo". Además de las cuatro autovías cuya gestión recupera ahora para sí la Xunta, Contas también analizó la AG-55, la autovía da Costa da Morte.

La conselleira ve en las autovías "un vector de competitividade"

"Sabemos que esas autoestradas son un vector de competitividade", señaló la conselleira de Planificación de Infraestruturas, que incidió en que estas vías de comunicación impulsan "o crecemento" económico, "reducen os custos loxísticos" de las empresas, permiten "a expansión do comercio", y favorecen la cohesión social y económica al vertebrar las zonas que atraviesan.

Convencida de que "apostar polas infraestruturas é crear nun modelo de país" en el que las distancias entre el rural y las urbes "se reduzan", Martínez incidió en que los cuatro viales pasarán en 2025 "a ser propiedade de todos os galegos". Y aprovechó para propinar un tirón de orejas al Gobierno central al insistir en que la AP-9 y la AP-53 (Santiago-Dozón) deben "deixar de estar" entre las autopistas "máis caras de España", lo que, recalcó, requiere que la titularidad pase a la Xunta para que su "centro de xestión" pase a estar en Galicia.

Martínez agradece "o esforzo investidor" de las concesionarias

La conselleira agradeció "a vontade, o compromiso" y la "altura de miras" de las concesionarias, con las que fue posible llegar a "un acordo mutuo" para el "rescate" por parte de la Administración autonómica sin tener que activar las cláusulas contractuales que permitían la reversión anticipada forzosa. Martínez reconoció "o esforzo investidor" de las diferentes concesionarias al asumir la ejecución de unas obras "cando as circunstancias económicas non permitían" a la Xunta encarar la construcción con inversiones propias.

Fruto de la solución pactada, la operación también tendrá un impacto "positivo" en el cómputo de la deuda, pues esas concesiones consolidaban como déficit público. Con el rescate de mutuo acuerdo y la recuperación de la propiedad de estos viales por la Xunta, el pasivo desaparece del balance autonómico.

El contrato de la AG-31, el último en llegar a término en 2039

La AG-56 (Brión-Noia) fue adjudicada en 2005 a la agrupación formada por Dragados, Concesiones de Infraestructuras, Extraco y Francisco Gómez. En junio de 2005 Copasa, Puentes y Caixanova se hicieron con el contrato de la Autovía do Salnés (AG-41), en tanto que la Xunta firmó con Itínere y CaixaGalicia el impulso de la AG-11, la Autovía do Barbanza, en marzo de 2006.

Tres años más tarde, en febrero de 2009, la autovía Ourense-Celanova recayó en Copasa y Extraco. En todos los casos, el plazo de concesión fue por 30 años, de manera que el contrato de la AG-31 sería el último en llegar a término en 2039.

La pontevedresa —que recordó que Galicia cuenta hoy con "dez veces máis" kilómetros de vías de altas prestaciones que hace 30 años, con más de 1.400 kilómetros— señaló que con esta decisión la Xunta da "un paso máis" en el despliegue de medidas para contar con más vías de alta capacidad, "máis económicas ou gratuítas" para el usuario. En 2025, el foco está puesto en las obras de la vía de alta capacidad (VAC) Tui-a Guarda, la autovía Santiago-A Estrada y la de Nadela-Sarria.

Preguntado por si la Xunta contempla alguna otra medida para las autovías de titularidad autonómica que son de pago, el presidente de la Xunta admitió que no renuncia "a esa posibilidade", si bien supondría un "esforzo económico" inasumible "no curto prazo". Eso sí, reivindicó que "levamos tempo coas peaxes conxeladas" en la AG-55 A Coruña-Carballo y en la de O Val Miñor (AG-57).

Rueda aprovechó para volver a reclamar que "se cumpra" la promesa que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, realizó durante la campaña al fijar como objetivo la gratuidad de la AP-9. Recordó que en la reunión que mantuvo en la Moncloa en septiembre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este "sorriu e non dixo máis" cuando el titular de la Xunta le recordó el compromiso lanzado por el líder de los socialistas gallegos.