REPASAR el diario de sesiones de la Comisión de Industria del Congreso durante abril y septiembre de 1997 no solo permite reconstruir, con pinceladas gruesas, cómo fue el proceso de privatización de Inespal, con todos los enjuagues añadidos para una operación que finalmente costó mucho dinero a las arcas públicas. También pone de manifiesto que los problemas en San Cibrao, antes y ahora, son exactamente los mismos. El coste de la energía y la falta de inversiones. De ahí que Josép Piqué, el ministro del ramo de Aznar, aludiera en sus comparecencias a la promesa, luego trasladada al papel, de un coste de la energía garantizado durante quince y veinte años para el comprador.
Ahora que en A Mariña el reloj comienza a correr a mucha mayor velocidad de la acostumbrada, las comparecencias tanto de Piqué como de Pedro Ferreras, presidente entonces de la Sepi, vienen muy al caso y ofrecen un retrato oportuno también en cuanto a otros problemas previos y posteriores a la venta, esa falta de inversiones y las promesas del comprador, Alcoa. Francisco Rodríguez (BNG) era la voz de Galicia en el Congreso, y preguntaba y repreguntaba. Inespal era rentable durante los dos ejercicios previos a su privatización, pero arrastraba pérdidas de años anteriores. A cambio de inversiones en el grupo, ese compromiso de Aznar a través de la denominada tarifa G-4, un esquema que no era una subvención al uso, ni figuraba en los presupuestos generales del Estado, sino que era directamente un cargo que se realizaba a todos los consumidores en su recibo de la luz, como en su día se hizo con la moratoria nuclear.
¿Y hasta dónde llegarían las inversiones prometidas por Alcoa? Pues, de acuerdo con Piqué, el plan pasaba por realizar inversiones por 64.950 millones de pesetas en diez años, cerca de unos 400 millones de euros, lo que suponía un incremento de entre un 62% y un 75% de la media de las inversiones en Inespal de los últimos años.
Llegados a este punto, más de veinte años después, nos encontramos sin energía barata ni inversiones en San Cibrao. Este último problema es el que han puesto encima de la mesa los potenciales compradores, que los hay y que conocen bien la planta de aluminio, y entre los que se encuentra un Clemente González Soler que cada vez que puede lanza mensajes. Frente a la obsolescencia de San Cibrao ("no es solo electricidad, también hay un tema de competitividad y tecnología, además de otros temas adicionales, ha dicho en público), el dueño de Alibérico presenta alguna que otra credencial, tanto económica como política, que habrá que tener muy en cuenta estas semanas. En la última memoria de gestión de FGA Main Corporation, cabecera del holding Alibérico, González Soler dejaba claras sus intenciones. Tanto de crecimiento ordinario como a través de compras.
"El crecimiento inorgánico se instrumentalizará a través de nuevas adquisiciones (upstream y dowstream) de la cadena de transformación de aluminio, ya sea por la compra de activos, sociedades o greenfields (mercados vírgenes)", anunciaba el grupo, que dejaba claro que "estaremos presentes en todas las oportunidades productivas e industriales". Esta es, por resumirlo, la credencial económica de un grupo con unas ventas consolidadas de 180 millones de euros y un cash flow operativo (resultado antes de impuestos más amortizaciones) de algo más de 15 millones. Pero hay una variable política.
González Soler no oculta su sintonía con los planes del Gobierno, y en especial con la ministra de Industria, látigo de Alcoa. "Tenemos una buena relación y está haciendo mucho por este país", ha dicho sobre Reyes Maroto el presidente de Alibérico, ahora más liberado tras su etapa final en la presidencia del Ifema, que abandonó en junio tras la cesión de los hospitales de campaña por el Covid-19.
De haberlo finalmente, el comprador de la planta, sea quien sea, necesita condiciones "ambientales", que bien podrían pasar por una intervención pública temporal hasta que tengamos nuevo marco energético y el precio del aluminio se recupere. Se trata de alfombrar su aterrizaje, como se hizo con Alcoa en tiempos de Inespal. Son muchas piezas, pero el puzzle puede encajar. Todavía más si atendemos a ese multimillonario fondo de rescate para empresas. En campaña todos se apuntan a la nacionalización, a sabiendas de que el inversor es la clave.
ROBERTO Tojeiro lleva de la mano la gestión de Gadisa, dentro de un grupo muy diversificado y que tiene en la energía y la madera sus otros pilares. Desde Piadela, el empresario no solo ha logrado que la compañía de distribución alimentaria roce los 1.230 millones en ventas, con un alza de un 3,7%, sino que también crece en proyectos. Y eso es un buen síntoma. Los resultados de Gadisa, en eterna pugna con Vegalsa, arrojan que su plan de inversiones durante 2019 se acercó a los 24 millones de euros, centrado en nuevas aperturas, con un crecimiento de nada menos que el 60%. Ahí está la clave de bóveda del futuro de la compañía, con una plantilla que creció en 1.100 personas en cinco años.
NOMBRES como Isabel Tocino, Ana Palacio, José Montilla y José Blanco integran el consejo de administración de Enagás, una compañía que hasta ahora tenía a la Sepi como máximo accionista, título que desde finales del año pasado comparte con Amancio Ortega, que controla un 5% del capital de la gasista. Pontegadea, que no está en el consejo de Enagás, observa en silencio el desfile de exministros, que el presidente de Enagás despachó esta semana en la junta general con un escueto "no les falta experiencia y conocimiento en el sector energético". Para Antonio Llardén, que lleva en el cargo desde 2007, se trata de "perfiles adecuados a esta nueva situación". Poco más. La puerta gira y vuelve a girar en Enagás.
