La transición energética se ralentiza con 40 proyectos eólicos paralizados de forma cautelar por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y prácticamente la totalidad de los más de 70 parques que el año pasado obtuvieron la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable por parte de la Xunta o del Gobierno central recurridos en la vía de lo contencioso-administrativo. Con este panorama, los objetivos que la Axenda Enerxética de Galicia marca para 2030 hacen aguas. La hoja de ruta aprobada por el Gobierno gallego en junio de 2022 fijó como meta acabar la década con 7.700 megavatios (MW) de eólica terrestre, lo que supone duplicar los 3.865 MW que ahora están operativos.
Para conseguirlo, sería necesario que unos 640 MW entrasen en operación cada año de aquí a 2030 y, atendiendo a la situación de bloqueo actual, parece altamente improbable. El año pasado ya se incumplieron los objetivos de generación marcados, pues los 9.086 MWh contemplados quedaron sensiblemente por debajo de los 11.461 que preveía la agenda.
Y las cosas no pintan mucho mejor para la eólica marina, pues la meta para 2030 es contar con 800 MW y el contador sigue a cero. El Ministerio para la Transición Ecológica está cocinando su regulación y debe gestionar la patata caliente que supone la oposición de la Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas Marinos.
La situación preocupa a los promotores, a la Xunta y también al Gobierno central, pues el aprovechamiento del viento en Galicia es clave para que el país tenga instalados 62 MW de eólica —entre la 'onshore' y la 'offshore'— en 2030. Ahora, son apenas 31.
La Asociación Eólica de Galicia (Ega) admite que las paralizaciones decretadas por el TSXG ensombrecen el panorama. "Lo que más nos preocupa es que parques que tienen la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable, que pasaron todos los trámites, queden de repente suspendidos y ya llevamos 40", constata el presidente, José Manuel Pazo.
Los principales argumentos de los que tira la sala tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal autonómico son dos. De un lado, está el riesgo de que si no se decreta la suspensión mientras se dirime el conflicto judicial las obras puedan provocar daños "irreversibles" en el medio natural que luego impedirían la ejecución de una sentencia contraria al despliegue de un parque. De otro está la interpretación que los magistrados hacen de la zonificación ambiental para renovables que realizó el ministerio que dirige Teresa Ribera, que en muchos casos da lugar a que se cuestione la concesión de DIA positiva a parques ubicados en áreas de sensibilidad ambiental.
La Ega, que está a la espera de que el ministerio "aclare" si la ubicación de un parque con DIA positiva en estos espacios puede o no salir adelante, defiende que el aprovechamiento eólico en estos emplazamientos no está vetado. A su juicio, lo que excluyen estas áreas es una tramitación rápida de los proyectos, que deben contar con una declaración de impacto ambiental.
Por otra parte, el sector da por hecho que el futuro de los parques recurridos ante el TSXG también estará condicionado por el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a la validez o no del proceso de tramitación ambiental al que se someten estos y otros proyectos. Aunque en abril el tribunal autonómico dio marcha atrás y anuló la cuestión prejudicial que el 28 de febrero elevó a la Corte de Luxemburgo por "un defecto procesal", la Ega da por descontado que la institución judicial gallega no renunciará a acudir al TJUE.
Tres proyectos caen por su impacto ambiental
Con todos estos frente abiertos, ayer el Boletín Oficial del Estado (Boe) publicó tres resoluciones de la Dirección General de Política Energética en las que se desestiman tres proyectos que Green Capital aspiraba a desarrollar en Galicia, junto con sus correspondientes infraestructuras de evacuación de la energía. Cabe recordar que el Ministerio para la Transición Ecológica es el competente para autorizar las instalaciones cuya potencia supere los 50 MW.
De un lado, está el parque Lucecú, que se iba a traducir en la implantación de 115 megavatios en Guitiriz, Vilalba, Xermade y en el concello coruñés de Aranga. El proyecto, que inició su tramitación en septiembre de 2020, no logró conseguir una DIA favorable del ministerio, que declaró la terminación del procedimiento "por no contar con elementos de juicio suficientes" para evaluar el impacto ambiental y, por lo tanto, procedió a archivar el expediente.
En consecuencia, el 19 de enero de este año Red Eléctrica de España informó de la caducidad de los permisos de acceso y conexión otorgados al promotor. El objetivo es que puedan ser asignados a otro parque cuyas obras vayan adelante para que pueda verter su producción a la red.
También decae el parque A Boibela, bajo cuyo paraguas la compañía madrileña Green Capital preveía instalar 72 MW en O Incio, A Pobra de Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, San Xoán de Río y A Pobra de Trives. Y lo mismo sucede con los 54 MW del proyecto Cima de Vila, en Agolada, Vila de Cruces, Lalín y Silleda. Los dos quedan archivados y pierden los permisos de conexión al no haber logrado la DIA del ministerio.
La caducidad de los permisos de conexión a la red, en juego
La caducidad de las autorizaciones para 'engancharse' al tendido otorgadas a los promotores de los parques cuya viabilidad se dirime en los juzgados preocupa a los promotores, que han negociado con el departamento de Teresa Ribera y con los grupos políticos una prórroga ante la suspensión de las obras. La legislación estipula que su validez expirará si, transcurridos cinco años desde su obtención, las instalaciones no están operativas.
La Ega aguarda una resolución "favorable", pues hasta el momento "Junts y el PNV" ya se pronunciaron a favor de su demanda, que también han puesto en conocimiento del ministerio.
