Villares, ¿un simple reajuste?

Nada más llegar al cargo, prácticamente lo primero que hizo la nueva presidenta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) es ventilar la sección tercera, que es la que entiende de los pleitos relacionados con el negocio del viento y donde están judicialmente bloqueadas las autorizaciones de decenas de nuevos parques eólicos. 

Que corra el aire, ha debido pensar la magistrada Azucena Recio, que en aras a "salvaguardar la imparcialidad" con que debe funcionar el departamento ahora a su cargo ordenó el "traslasdo forzoso" de Luís Villares y otros jueces a su cargo cuyas resoluciones contrarían casi tanto al lobby sectorial como a la Xunta y al PP de Rueda. Hasta al sindicato Comisiones Obreras le pareció ver en algún momento una mano negra –o roja– tras la suspensión de autorizaciones administrativas firmadas con sus compañeros por el exdirigente de la difunta En Marea, la plataforma rupturista que llegó a segunda fuerza política del Parlamento gallego, precisamente con Villares como cabeza de cartel.

Jueces para la Democracia, la asociación progresista a la que pertenecen algunos de los damnificados por la remodelación de la sala que ahora dirige Azucena Recio, denuncia que en el programa electoral con el que se impuso a Villares –que también aspiraba al puesto que ella logró– no figuraba su intención de cambiar de arriba abajo la alineación de algunos de los equipos a su cargo. No creen que se trate de "necesidades organizativas" ni que, mucho menos, se pretenda facilitar el "crecimiento profesional" de los trasladados, con los que al parecer no hubo diálogo alguno.

Al colectivo de jueces progresista le huele a que las presiones sobre la estructura de mando del TSXG dieron su fruto. De ahí que teman que a partir de ahora se produzca un más que sospechoso cambio de criterio que poco a poco vaya aliviando el gran parón eólico. Recuérdese que son 3 gigawatios de potencia en el aire, pendientes de lo que decidan sus señorías, en Galicia o en el Supremo.

Al igual que sus antiguos compañeros de sección, Villares tienen razones para sospechar que los movimientos que les están afectando nunca se ejecutarían de no haberse producido el relevo de José María Gómez y Díaz Castroverde en la presidencia del TSXG. Él, experto por experiencia en el ámbito contencioso administrativo y que no pertenecía a ninguna de las asociaciones de jueces, siempre les amparó, defendiendo pública y privadamente la independencia y la profesionalidad de una sección que, además, tomaba sus decisiones por unanimidad y siempre en base a un mismo criterio. 

Los ecologistas de Adega, promotores de la mayoría de los recursos que acabaron paralizando los nuevos parques eólicos, recuerdan que casi todas las controvertidas decisiones de Villares y compañía generaron recursos que el Tribunal Supremo inadmitió. Y algún destacado jurista recuerda que la doctrina a la que se atienen la paralizaciones cautelares se estableció antes de que el portavoz de En Marea volviera a vestir la toga. 

Incendios forestales, la batalla perdida

Primero fue el Infoga, creado en la etapa de Fraga con Romay como conselleiro responsable de los montes. El bipartito PSOE-BNG, con Suárez Canal al frente de Medio Rural, lo transformó en Pladiga. El caso es que la Xunta dispone desde hace 36 años de un dispositivo de lucha contra incendios forestales que no ha dejado de crecer. 

Cada vez es más amplio y más costoso. Pocos conocen el total al que asciende el coste final de las tareas preventivas y del despliegue de medios humanos y materiales que arranca en primavera y ahora se extiende hasta entrado el otoño. Es una cifra que posiblemente nunca toque techo, con lo que se constata que en la batalla contra el fuego en las áreas rurales estamos condenados a la derrota, porque sabemos menos de lo que creemos sobre las causas reales de esa especie maldición destructiva a las que estamos condenados cada verano.  

Tanto los expertos del propio Gobierno gallego como los ajenos a la administración coinciden en que ningún operativo ordinario hubiera sido capaz de contener la orgía incendiaria que se desató en los montes de Galicia el pasado verano. Se hizo lo que se pudo y algo más. Aquella fue una situación excepcional, una tormenta casi perfecta, que probablemente nunca vuelva a producirse. 

De esa idea parte el plan para este año, que apenas innova pero refuerza efectivos por tierra y aire, para reducir el tiempo de respuesta ante cualquier aviso de incendio. La gran novedad, una aplicación para los teléfonos inteligentes que con apenas tres clics permitirá a cualquier ciudadano alertar de un foco de fuego y de su localización exacta. Así será más fácil hacer realidad aquello de "todos contra el fuego". Pero habrá que esperar a julio...

Controvertido nombramiento en Educación 

El nombramiento del veterinario y exalcalde de Noia Santiago Freire como jefe territorial de Educación en A Coruña –lo que antes era el delegado provincial de la consellería–, por más que lo avale personalmente el presidente Rueda, levanta ampollas entre el profesorado, la anpas y los sindicatos del sector. 

A estos últimos los dejó plantados en una la primera reunión a la que estaban convocados. No lo consideran idóneo por ser totalmente ajeno al ámbito educativo, pero además creen que no es la persona adecuada para un cargo de ese tipo dados sus antecedentes personales y políticos. Freire –que perdió la alcaldía noiesa en una moción de censura– además de ser el autor de comentarios un tanto machistas y haber defendido la dictadura franquista, fue investigado por gastar con el grupo municipal del PP, 30.000 euros en copas y cenas. 

Cumple todos los requisitos formales para el puesto en que ha sido recolocado. Lo que temen sus detractores, visto su perfil, es que en lugar de dedicarse a gestionar los problemas del día a día en colegios e institutos se comporte como un comisario político, asumiendo que está donde está para eso. Y por ser quien es.

Contra las universidades que se lucran

El rector saliente de la Universidad de Santiago (USC) defiende que "lo que se hace en la universidad pública y en la privada tiene que ser comparable", porque los títulos que expiden una y otra "van a tener el mismo valor en el mercado". 

Antonio López sostiene que hoy en día no se dan las condiciones para esa homologación en todos los casos. A su entender, y como reflexión general, cree que "hay que replantearse cómo debe ser la participación del sector privado en el sistema universitario", porque se da una nueva situación en la que "parte de las  universidades privadas que se crean, sobre todo las recientes, han pasado del sin ánimo de lucro al sinónimo de lucro".

Una salida dialogada para Cuba

En una entrevista en la Radio Galega y en referencia a la crisis de Cuba, el secretario xeral de Emigración de la Xunta reivindicó "el diálogo" como receta "ante una situación social tremendamente complicada, que en lo que va de año se fue deteriorando" a consecuencia del bloqueo impuesto por Estados Unidos, que impide la llegada de combustible a la isla. 

Tras desconfiar de la utilidad de "la flotilla", Antonio Rodríguez Miranda cree que el Gobierno de España tiene capacidad para actuar y que "el Estado Español debe estar ahí, con aportaciones en positivo", para facilitar los cambios que requiere un sistema donde después de 60 años las cosas no funciona.