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El pasado que vuelve

LA LETRA del viejo tango —"tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve"— describe perfectamente la sensación de inquietud y desconcierto que reina en la sede del PP y en Moncloa.

Las confesiones tardías de los principales dirigentes valencianos evidencian, de forma palmaria, que Gürtel no era una trama contra el PP, sino el sistema de financiación en dinero negro de campañas electorales en las que se gastaba a manos llenas. La historia de la corrupción endémica vuelve, tantos años después como lenta es la Justicia, a hundir la imagen de unas siglas que viven un momento precario.

Hay quien sospecha que incluso la precipitación en presentar una impugnación contra la investidura de Puigdemont, en contra del criterio del Consejo de Estado, se debe al intento de desviar la atención, una vez más, del gravísimo problema que les ocupa. No se entiende que la pléyade de abogados del Estado que rodean a la vicepresidenta no haya analizado el previsible batacazo que ha supuesto la desautorización del organismo consultivo, donde manda Romay Becaría, uno de los suyos. Ni hayan advertido sobre las funestas consecuencias que tendría en el rearme de la unidad de los independentistas y su argumentario victimista.

Es verdad que el prófugo en Bruselas, con su habilidad en el regate corto, su falta de pudor ante el ridículo y su instinto de supervivencia, tiene en jaque a un Estado europeo en pleno siglo XXI. Pero ni eso consigue tapar la gravedad de las confesiones oídas en la Audiencia Nacional.

La preocupación en el PP es tal que ha obligado a Rajoy a anunciar su candidatura a las próximas generales que están previstas para 2020. Al tiempo que se hace llegar la consigna de circunscribir la corrupción a las dos Comunidades Autónomas concernidas que son Madrid y Valencia. Por cierto, emblemáticas en el reparto de poder de la derecha.

No quieren que Rajoy comparezca en la comisión del Congreso que investiga la corrupción y, mucho menos, que se someta a un careo con la oposición. La estrategia consiste en "salvar a Rajoy" y "vender" la idea de que los dirigentes autonómicos no reportaban a Madrid sus decisiones de financiación y que el secretario general nunca se ha ocupado de estos asuntos.

El cortafuegos es imprescindible ante el temor de que los imputados en la trama Púnica, aquí en Madrid —entre ellos los dos vicepresidentes de Esperanza Aguirre— sigan el ejemplo de los valencianos y disparen por elevación a la sede de Génova, donde tenía despacho la expresidenta madrileña.

​La sala de vistas de la Audiencia Nacional está permitiendo contemplar, con bochorno y repugnancia, la malversación de caudales públicos ocurridos en los dos feudos populares durante las etapas de mayorías absolutas. Además del espectáculo de un nepotismo que colocó en cargos de responsabilidad a verdaderos incompetentes, como la tesorera que ayer declaró sin rubor que no tenía ni idea de balances, ni de asuntos financieros, ni sabía distinguir lo que era dinero negro. El juez no dudó en felicitarla por haber conseguido, con esas condiciones, tan buen empleo.

El pasado que vuelve
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