La Fiscalía alemana pidió este martes a la Audiencia Territorial de Schleswig tramitar la extradición a España del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos.
La Fiscalía General de Schleswig Holstein, el estado federado en el que fue detenido Puigdemont en aplicación de la euroorden dictada por la Justicia española, solicitó también que permanezca en prisión al considerar que existe "riesgo de fuga".
"La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos", destaca en un comunicado la Fiscalía, que considera que el delito que imputa la Justicia española a Puigdemont puede ser equivalente al de alta traición que recoge el Código Penal alemán.
"No es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles", subraya. Las acusaciones de malversación de fondos públicos y de corrupción para llevar a cabo el referéndum ilegal secesionista del 1 de octubre de 2017, continúa la Fiscalía, se corresponden con el delito de malversación también recogido en el Código Penal alemán.
Puigdemont, explica la Fiscalía, optó por mantener la consulta a pesar de que era de esperar una escalada de la violencia
La Fiscalía destaca que las fuerzas policiales indicaron que, tras los enfrentamientos violentos del 20 de septiembre de 2017 entre ciudadanos catalanes y la Guardia Civil, era de esperar una escalada de la violencia el día del referéndum.
Puigdemont, explica la Fiscalía, optó sin embargo por mantener la consulta pese a esas advertencias y comprometió a la policía autonómica a garantizar que los partidarios de la independencia pudieran participar en el referéndum.
"Continúan la razones para su detención por riesgo de fuga", subraya la Fiscalía, quien considera que medidas menores a la prisión no garantizan su permanencia en Alemania mientras la Audiencia Territorial de Schleswig decide sobre su extradición.
DETENIDO EL 25 DE MARZO. Puigdemont fue detenido el domingo 25 de marzo en el norte de Alemania, poco después de cruzar la frontera con Dinamarca, en cumplimiento de la euroorden dictada por el juez Pablo Llanera del Tribunal Supremo español.
El expresidente trataba de regresar a Bruselas, donde residía desde que huyó de la Justicia española hace cinco meses, luego de una visita de dos días a Finlandia, donde había ofrecido una conferencia y se había reunido con parlamentarios finlandeses.
Un día después de su arresto, un juzgado de primera instancia alemán decretó que permaneciese en prisión de forma provisional mientras la fiscalía estudiaba la petición de extradición española porque consideraba que había riesgo de fuga.
Durante su estancia en la cárcel, el líder separatista ha recibido la visita de sus abogados, el español Jaume Alonso-Cuevillas y el alemán Wolfgang Schonburg, así como de varios políticos alemanes, como el eurodiputado euroescéptico Bernd Lucke y el diputado de La Izquierda Dieter Dehm.
Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que la delegación de voto se ha tramitado con el voto a favor de ERC y JxCat, los dos partidos independentistas que tienen mayoría en la Mesa del Parlament, y pese al rechazo de Cs y PSC.
JxCat defendió la semana pasada que ya se daban las condiciones para que Puigdemont pueda delegar el voto, ya que ha pasado a disposición judicial en Alemania, donde se encuentra privado de libertad desde el domingo 25 de abril.
