La Fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo (TS) el tercer grado que la Generalitat concedió a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a la exconsellera Dolors Bassa, y que fue avalado por el juzgado de vigilancia penitenciaria, y pidió que lo suspenda mientras resuelve sobre la cuestión. El ministerio público percibe que ambas dirigentes han pasado "escasísimas" horas en prisión, puesto que a los pocos meses se les flexibilizó su régimen penitenciario.
Para el ministerio público, otorgarles el tercer grado cuando no han cumplido aún ni la cuarta parte de su condena "lo que hace es crear una total sensación de impunidad".
En cambio, el juez destacó al ratificar el tercer grado de ambas que habían reconocido los hechos y afirmado ser conscientes de la consecuencias de sus actos, y sobre Bassa afirmó que "sin renunciar a la ideología, materia no punible obviamente, exhibe recursos adecuados para abordar alternativas diferentes a los hechos de sentencia".
El fiscal sostiene que el tercer grado implicaría un "vaciado del contenido de la pena", mientras que el juez señaló en su auto que el tercer grado no es un indulto atenuado sino una modalidad de cumplimiento de la condena.
