El Gobierno podrá prohibir a los camiones y otros vehículos pesados circular por las carreteras nacionales y obligarles a desviar sus trayectos por autopistas, si bien contarán con un descuento en los importes de los peajes. Así se incluye en uno de los puntos de la reforma de la Ley de Carreteras aprobada por Real Decreto Ley en el Consejo de Ministros de este jueves, que por el momento no tiene la bendición del sector, que entiende que lo ideal sería darle carácter voluntario: que cada camionero decida.
Ajeno a esta demanda, lo que pretende el Ministerio de Fomento es zanjar de una vez por todas un asunto espinoso y enquistado desde 2015, cuando se iniciaron las pruebas de forma experimental en algunos tramos de la red viaria, entre ellos uno gallego entre Puxeiros (Vigo) y O Porriño.
A partir de ahora y ante la laguna existente respecto a aquellos tanteos de la época de la ministra Ana Pastor, Fomento tendrá capacidad de sacar a los camiones de las nacionales por ley para desviarlos por autopista, aunque para ello deban concurrir siempre razones de "seguridad vial" o "medioambientales". Además, se indica que cada eventual prohibición y traslado hacia las vías de pago de los camioneros deberá desarrollarse "mediante convenios o reales decretos" y "se acompañará de las correspondientes bonificaciones a los transportistas".
"Se trata de regular una práctica que se ha venido realizando en algunas carreteras con buenos resultados para la seguridad vial y que está siendo demandada en algunos territorios", indicó el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En los tramos de carreteras en los que se ha implantado la medida es el Gobierno el que abona a la concesionaria de la autopista la diferencia del peaje que corresponde al descuento que se hace a los camioneros; es decir, que se financia la bonificación de un sector con dinero público de todos los españoles, el mismo debate existente sobre las rebajas en algunos puntos de la AP-9 para los turismos convencionales.
En cualquier caso, el Ejecutivo central defiende este modelo con el objetivo de repartir el tráfico entre las distintas redes viarias y contribuir a la fluidez de la circulación y la mejora de la seguridad, sobre todo evitando el paso de camiones de gran tonelaje por numerosos núcleos habitados, como ocurre en Galicia debido a su elevada dispersión poblacional.
En todo caso, la propuesta tampoco sienta muy bien en los transportistas, que reclamarán poder circular gratis, sin tener que pagar peaje, por las autopistas en el caso de que el Gobierno les obligue a desviarse. La alternativa, afirman, es retirar esa obligatoriedad y darle a la medida un carácter totalmente voluntario.
Así lo reclamó la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), la principal patronal del ramo, tras manifestar su "repulsa y rechazo" a la ley aprobada en el Consejo de Ministros de este jueves. "Solo aceptaremos la iniciativa si el desvío a la autopista tiene carácter voluntario para el camionero", aseguró la organización empresarial a través de un comunicado. "En el caso de que sea obligatorio, lo aceptaremos cuando sea gratis", zanjan. Los camioneros consideran que la ley "atenta contra el derecho fundamental a la libre circulación" y genera "graves y costosos problemas a las empresas de transporte", tanto en términos de aumento innecesario de recorridos y pérdidas de tiempo como en la dificultad de acceder a vías de sevicio para los descansos.
