Puigdemont y los exconsellers huidos demandan al juez Llarena

La demanda civil ha sido interpuesta ante la Justicia belga

Pablo Llarena. JOSÉ LUIS CEREIJIDO
photo_camera Pablo Llarena. JOSÉ LUIS CEREIJIDO

El expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros de la Generalitat huidos a Bélgica anunciaron este martes que han interpuesto una demanda civil contra el juez Pablo Llarena y han reclamado la consecuente recusación del magistrado ante el Tribunal Supremo en España.

Los tres consejeros que siguen en Bélgica, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, junto a su equipo legal, explicaron sus argumentos en una rueda de prensa en la que también participaron vía telemática los otros dos demandantes, la exconsejera Clara Ponsatí desde Escocia y Puigdemont, desde Alemania.

Los cinco demandantes consideran que Llarena no es "imparcial" y que actúa "anteponiendo su ideología" al Derecho, lo que no les garantiza un proceso "justo", dijo Comín. En su opinión, que Llarena esté al frente del caso quebrantaría su derecho a la "presunción de inocencia".

Uno de los letrados belgas de los demandantes, Christophe Marchand, dijo que la petición de la Justicia belga a Llarena implica su comparecencia, en persona o mediante un abogado, ante la justicia en Bruselas el próximo 4 de septiembre, una solicitud que dijo desconocer cuando será recibida por el magistrado del TS.

La petición de la Justicia belga a Llarena implica su comparecencia, en persona o mediante un abogado, en Bruselas el 4 de septiembre

Esa presunta falta de imparcialidad de Llarena la sustentarían Puigdemont y los cuatro exconsejeros en unas declaraciones de Llarena del 22 de febrero de 2018, lo que explica que Puigdemont y Ponsatí se sumen a la causa (todavía residían en Bélgica). "Entre otras declaraciones, el juez negó que existieran los presos políticos", indicó el abogado Paul Bekaert sobre las declaraciones de Llarena.

Puigdemont, por su parte, opinó que "no somos perseguidos por la Justicia, sino por la ideología del juez", mientras que el letrado Bekaert consideró que Llarena) "emitió una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó".

Marchand añadió que la demanda civil pide una compensación "simbólica de un euro" para "reparar el daño causado".

Los exconsejeros y sus letrados explicaron que la petición de recusación ante el Tribunal Supremo "es consecuencia" de la demanda civil en Bélgica interpuesta contra Llarena, pues según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), recordaron, un juez no puede seguir en una causa si ha sido demandado por una de las partes. "El hecho de tener una causa pendiente con una de las partes es motivo suficiente para que sea apartado del caso, según el artículo 219.8 de la LOPJ", apuntó Comín.

También acompañaron a los exconsejeros las abogadas que igualmente forman parte de su equipo legal en Bélgica Michèle Hirsch y Katelijne Van Bellingen.

Preguntados sobre si estas acciones legales no son sufragadas en ninguna instancia por dinero público, Comín recordó que su defensa se paga con las donaciones de voluntarios a través de la página web creada a tal efecto para el que ellos llaman "Gobierno en el exilio".

Por otro lado, Puigdemont evitó contestar a la pregunta de si el cambio de Gobierno en España podría afectar a su situación jurídica (pendiente de extradición en Alemania), mientras que Comín reclamó al PSOE "que convierta a España de una vez en un Estado de Derecho".

"TRASPASO" DE CARTERAS. Pocos minutos después del anuncio de las acciones legales, Comín, Serret y Puig escenificaron en la oficina de la delegación de la Generalitat de Cataluña en Bruselas el "traspaso simbólico" de carteras a la consejera de Sanidad, Alba Vergés; la de Agricultura y Pesca, Teresa Jordà; y la de Cultura, Laura Borràs, respectivamente.

Los nuevos consejeros lamentaron que Comín, Puig y Serret estén en Bélgica y que fueran cesados por el artículo 155 de la Constitución española (activado por el Gobierno español para restaurar la legalidad tras la declaración unilateral de independencia).

También dijeron que sus políticas buscarán una línea continuista con el anterior ejecutivo catalán cesado.

Preguntados sobre si seguirán en contacto con los exconsejeros, Borrás señaló que seguirán en comunicación por vía telemática y que, a través de esa fórmula, Puig será incluso presidente del Consell de consellers.

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