El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la diputada de la formación morada Gloria Elizo no han acudido este martes al juicio contra el partido por la presunta expulsión irregular de seis miembros de Podemos Extremadura, con lo que la vista oral se ha suspendido sin fecha.
Esta es la segunda vez que la vista se suspende por no hacer acto de presencia tanto Iglesias, que debería declarar como parte demandada del procedimiento civil, como Elizo, citada como testigo.
Según ha explicado a Efe Guillermo Pérez-Reyes, letrado de los demandantes, si el juicio se celebrase y Pablo Iglesias no acudiese "se tendría por confeso", es decir, que todas las preguntas se tendrían por respondidas afirmativamente al no ser contradichas, por lo que "la juez tendrá que declarar la culpabilidad del partido".
Podemos ha tratado sin éxito en tres ocasiones de evitar la comparecencia de su secretario general al sostener que "no tiene conocimiento alguno sobre los hechos que dan lugar al presente procedimiento ni ha tenido posibilidad de conocerlos".
Lo último que planteó en diciembre al juzgado la defensa del partido fue que remitiera "una rectificación" a Iglesias "en el que se le informe de que no es necesaria su asistencia bajo ninguna calidad (testigo ni representante legal de Podemos)", que fue desestimado, lo que le obliga a asistir a la vista oral.
Respecto a Elizo, su testimonio es necesario porque debe reconocer una firma en un expediente administrativo clave en el proceso civil, por lo que sin su comparecencia, ha explicado Pérez-Reyes, la vista no podría celebrarse, tal y como ha sucedido este martes.
El abogado de la diputada remitió un escrito, en el que señaló que no podría asistir como testigo ya que había pleno en el Congreso y ella, como vicepresidenta cuarta de la Cámara baja, tenía obligación legal de acudir, si bien el juzgado denegó la petición.
El origen del procedimiento se remonta a la expulsión de los seis demandantes, junto a otras cinco más, por el Comité de Garantías Democráticas Estatal ante las "acusaciones falsas y ataques a diferentes órganos de Podemos" hechos durante una rueda de prensa ofrecida en Mérida el 27 de julio de 2016, en la que facilitaron información reservada y comunicaciones internas.
Tras solicitar sin éxito al partido la notificación en papel de la resolución del 24 de enero de 2017 referida al expediente disciplinario, los seis expulsados demandaron a Podemos al afirmar que esa decisión no se les notificó y que fue adoptada en contra del Estatuto del partido y del Reglamento de la Comisión de garantías, lo que vulnera sus derechos fundamentales.
El juicio, de momento, permanece suspendido sin fecha fijada para una próxima celebración.
