El fiscal José Perals ha mantenido este jueves en el juicio la acusación por delitos de terrorismo para los ocho presuntos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), que se enfrentan a entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel, y ha modificado las penas alternativas que pide para ellos.
La Fiscalía enmarca la agresión a los agentes en un bar de la localidad navarra en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en delitos terroristas al relacionarlos con el movimiento Ospa (Fuera), que persigue la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra y que peritos de la Guardia Civil relacionaron con la estrategia de Eta.
En la exposición de sus conclusiones durante la octava jornada del juicio, el fiscal de la Audiencia Nacional ha elevado a definitivas las peticiones principales de penas y ha modificado las alternativas.
El fiscal rebaja estas penas alternativas, ya que antes pedía entre 18 y 30 años de cárcel y no incluía a la mujer acusada y ahora el rango de penas alternativas van de 6 años y medio a 17 años y medio de cárcel incluyendo a la joven. En estas alternativas solo les imputa un delito de carácter terrorista, concretamente en el de desórdenes públicos.
Así, las peticiones principales para los acusados quedan igual. Para la única joven encausada, Ainara Urquijo, reclama la pena más baja (12 años y medio) solo por un delito de amenazas terroristas, mientras que para otros seis pide condenas de 50 años por lesiones terroristas y para un séptimo, Ohian Arnanz, 62 años y medio al añadir a las lesiones un delito de amenazas terroristas.
El resto de acusados para los que pide 50 años son Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Jon Ander Cob, Julen Goicoechea, Aratz Urrizola e Iñaki Abad.
En cuanto a la petición alternativa, reclama la más baja para Ainara Urquijo, de 6 años, 6 meses y un día de cárcel por desórdenes públicos terroristas y amenazas no terroristas.
La alternativa más alta es también para Ohian Arnanz: 17 años y medio por desórdenes públicos terroristas, atentado a agente de la autoridad en concurso con lesiones y tres delitos de lesiones, que en el caso de las mujeres añade una agravante de género.
Para Unamuno, Cob, Goicoechea, Arnanz, Ramírez y Urrizola pide 17 años de cárcel por los mismos delitos que Arnanz menos el de amenazas, y para Abad 13 años al aplicarle solo lesiones a una de las mujeres.
El fiscal ha anunciado una modificación en el escrito de acusación introduciendo unos párrafos, en los que afirma que "la agresión multitudinaria y salvaje en la que participaron activamente todos los acusados estaba ligada por la finalidad de expulsión de la Guardia Civil de la localidad de Alsasua y de la Comunidad Foral de Navarra".
A juicio de Perals, esta agresión "fue premeditada y organizada, impulsando la misma los acusados Jokin Unamuno y Adur Ramírez, de tal manera que lograron que se reunieran en el interior del bar Koxka y en el exterior unas 50 personas que hicieron suya la calle alterando gravemente la paz publica de la localidad".
Además, para justificar el delito de lesiones agravadas de género, incluye en el escrito: "La agresión a las dos mujeres se produjo única y exclusivamente por ser las parejas de los dos guardias civiles con la finalidad de demostrar una clara superioridad sobre las mismas por parte de los acusados".
La defensa de los acusados en el presunto crimen de Alsasua aportó un nuevo vídeo que cuestiona la versión de la Guardia Civil. En las imágenes, publicadas por EiTB, se puede apreciar al sargento –el agente de los dos presuntamente agredidos que no sufrió las lesiones más graves– en actitud relajada y sin signos aparentes de violenta.
El sargento, protegido por el cordón policial formado tras la pelea, se dirige a la persona que graba –Iñaki Abad, uno de los acusados– y le pega un manotazo a su móvil, apreciándose en primer plano que la camisa blanca que llevaba puesta no presentaba manchas de sangre.
Precisamente la blancura de la prenda, y el hecho de que esta prueba se haya presentado en la sala con el escrito de la defensa, y no en la fase de instrucción, hace dudar al fiscal de la veracidad de la grabación. "No digo que las imágenes hayan sido manipuladas, pero viendo el estado de la camisa no es lógico que no se aportara como prueba antes", dijo.
