La eólica gallega, tras suspender el Constitucional las repotenciaciones obligatorias: "No hay precedentes"
El eólico ya contaba con que el Tribunal Constitucional (TC) admitiese a trámite el recurso que el Gobierno central interpuso en septiembre contra preceptos de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañó los Orzamentos autonómicos de 2025 que obligaban a los promotores de parques de más de 25 años a repotenciar las máquinas, un paso que el sector valora con prudencia a la espera de que resuelva la cuestión. La norma impulsada por la Xunta queda, por lo tanto, en suspenso a la espera de ver si el TC la avala o la tumba.
Desde el primer momento generó rechazo en el sector, que no está en contra de las repotenciaciones pero defiende que no sean una imposición y se apoyen con incentivos. El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (Ega), Manuel Pazo, explicó a este medio los principales motivos por los que el sector se opuso a cambiar, por imposición, los aerogeneradores más antiguos por otros más modernos. Señaló que la norma –que da a los promotores 18 meses de plazo para iniciar el procedimiento– llegó en un momento de inseguridad jurídica, con el bloqueo judicial a la construcción de nuevos parques –hay cerca de un centenar de proyectos paralizados–, y en el que el sector "está pasando su crisis" por la cotización de la electricidad en el mercado mayorista o los costes.
Repotenciaciones voluntarias
Indicó, además, que los promotores habían apostado por cambiar motores y palas "en muchas máquinas", alargando de 25 a 35 años la vida útil de los aerogeneradores. "La norma nos pilló por sorpresa", señala Manuel Pazo, destacando que "no hay precedentes en ninguna otra comunidad ni a nivel internacional". El sector alega también que ya hay repotenciaciones voluntarias en proceso en Galicia (16 en la actualidad), y el presidente de la patronal eólica afirma que habrá más.
Advierte también que "no hay logística ni infraestructura suficiente" para cometer una renovación masiva de máquinas y niega que, como afirmó la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, la suspensión de los artículos de la discordia provoque que los gallegos "paguen más" por la luz. Cabe señalar que la decisión del Constitucional también deja en 'standby' preceptos que abocan a los titulares de nuevos parques a vender al menos el 50% de la energía a empresas y consumidores gallegos, mediante contratos bilaterales a un precio prefijado y por un plazo mínimo de cinco años.
La Xunta había estimado que las repotenciaciones en los parques más antiguos permitirían retirar unos 2.500 aerogeneradores en los montes de la comunidad en un plazo de ocho años desde que se activara el proceso, algo que no había ocurrido todavía.
Desde la esfera política, el BNG acusó a la Xunta de crear un "caos lexislativo" al sector y el PSdeG, de desarrollar la eólica "ás bravas".
