Preocupada tras un 2022 en el que se instalaron apenas 28 megavatios (MW) en los montes gallegos, más otros ocho en lo que va de 2023, la Asociación Eólica de Galicia (Ega) —que se había fijado un objetivo de entre 400 y 500 MW anuales para esta década— lanzó este martes una advertencia. La patronal ve en riesgo la ejecución de 32 proyectos industriales planteados bajo el paraguas de los fondos Next Generation si no se despliega la potencia renovable que precisan para ser viables. En total, la Ega estima que estas iniciativas supondrán un consumo adicional de electricidad de 8 teravatios/hora (TWh) al año. Para responder será necesario desplegar 4.000 MW de nueva potencia.
"Está en juego el futuro industrial de Galicia; están en juego todo tipo de inversiones", advirtió el presidente de la Ega, Manuel Pazo, en la presentación del estudio de impacto económico y social de la eólica en 2022, elaborado por Deloitte. Los promotores inciden en que "la revolución industrial" que se está gestando supondrá inversiones por 6.328 millones de euros y 14.000 nuevos empleos. Y la comunidad no debería perder este tren.
El problema de fondo es la inseguridad jurídica. El sector está pendiente de que el Tribunal Supremo dilucide si, como sostiene el TSXG, los informes sectoriales que distintos organismos públicos deben emitir en la tramitación de un parque deben obtenerse antes de sacar el proyecto y el estudio de impacto ambiental a información pública para que aquellos que quieran pronunciarse tengan toda la información. Mientras el alto tribunal gallego interpreta la Ley de Evaluación Ambiental y la directiva 2011/92/UE en este sentido, Xunta y sector sostienen que la norma no obliga a que los informes sectoriales existan antes del trámite informativo. El TS admitió a trámite en abril el recurso de casación presentado por la Ega, EDP y la Xunta contra un fallo del TSXG y se espera el veredicto para antes de enero.
Pazo defiende que la tramitación ambiental es garantista y señala que, mientras la UE llama a agilizar la concesión de permisos al eólico para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, en Galicia se sigue el procedimiento ambiental ordinario, de manera que tramitar cada proyecto "lleva entre cuatro y diez años".
Con la comunidad relegada a la cuarta posición por potencia eólica instalada —con 3.907 MW, el 13% del total estatal— pese a contar con el mejor recurso —con más de 2.400 horas de viento al año—, Pazo lamenta la excesiva conflictividad. "Se alegan contra todos los proyectos. Es una inquina contra la eólica", señaló el ingeniero de O Carballiño.
En el foco están los 2.687,6 MW autorizados por la Xunta en los últimos meses y los 600 del Estado. La patronal señala que "las paralizaciones judiciales y la presión de plataformas supuestamente ambientalistas" amenazan muchos de los parques y, con ellos, los proyectos industriales que están condicionados a la firma de contratos bilaterales de suministro (PPA) de energía renovable a un precio estable.
El futuro de Alcoa
Pero, la necesidad de "energía barata" va más allá de iniciativas como la biofábrica textil de Altri en Palas, la planta de P2X-Europe y Greenalia para producir combustible sostenible para aviones en Curtis o las diferentes plantas de hidrógeno verde proyectadas. Pazo recordó que la industria electrointensiva operativa precisa precios competitivos y señaló que Alúmina retomará la producción de aluminio en San Cibrao en 2024. El apagado de las cubas de la electrolisis —que copaban el 23% del consumo eléctrico de Galicia— se dejó notar en la demanda, que en 2022 fue de 13.760 GWh, lo que supuso un descenso anual del 22%. Enrique Doheijo, el director técnico del estudio de Deloitte, indicó que, al margen de la decisión industrial de Alcoa, los altos precios de la luz abocaron a pymes a reducir su actividad, a lo que se sumaron interrupciones en la operativa de puntales como Stellantis por la falta de componentes.
Cien millones en tributos en 2022
El informe elaborado por Deloitte constata que hoy hay 183 parques desplegados en 112 concellos. En 2022, inyectaron 100 millones a las arcas públicas, un 16,5% menos en un año por la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.
923 millones de euros
Es el impacto del sector en términos de generación de riqueza y empleo en 2022 en Galicia. Sustenta 5.494 puestos de trabajo. Instalando al año de 400 a 500 MW, se podrían generar entre 1.840 y 2.950 empleos, según Deloitte
Un pacto social
La Ega reclama un "pacto social urgente" por la energía para atender las necesidades de la industria y ajustarse a las directrices de la UE, que llama a acelerar las autorizaciones y a considerar los proyectos de renovables como "de interés público superior". En septiembre, la Ega y otras siete organizaciones, como la patronal del metal Asime, CC.OO. y UGT, integraron la Mesa polo Desenvolvemento Renovable e Industrial de Galicia.
La utility de la Xunta
Con respecto a la capacidad de la sociedad público-privada planteada por la Xunta para impulsar nuevos proyectos renovables implicando a agentes locales, Manuel Pazo duda de su efectividad por condicionantes como la limitada capacidad de endeudamiento público. "Tengo mis dudas", manifestó Pazo, que sí ve idóneo la participación público-privada para promover parques experimentales como el de Sotavento.
