La jueza declara culpables de la caída de Alu Ibérica a Parter y Grupo Riesgo

A finales de 2021, dos juzgados de A Coruña y Oviedo declaraban en concurso las plantas de Alu Ibérica en la ciudad herculina y en Avilés. A los pocos meses, con la actividad industrial paralizada, el procedimiento acababa con la liquidación de ambas factorías. En A Coruña, los terrenos y las instalaciones lograron una segunda vida tras la compra por parte de la japonesa Showa Denko (hoy Resonac) e Ignis Energy, en tanto que Windar, que fabrica componentes para el eólico, compró los activos asturianos.

Transcurridos más de cuatro años, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo ha declarado "culpable" el concurso de la planta de Avilés, condenando a sus gestores -primero del fondo suizo Parter y, luego, del Grupo Riesgo- a afrontar una indemnización por los perjuicios y daños causados de 19,6 millones de euros. En A Coruña, la administración judicial presentó el escrito de calificación del concurso como culpable en octubre de 2022, por lo que ahora falta que el Juzgado de lo Mercantil número dos se pronuncie y se da por hecho que será pronto.

Tras un proceso complejo, el administrador concursal designado para Avilés trasladó en su escrito cómo Blue Motion Technologies -integrada en Parter se hizo con las instalaciones asturianas y coruñesas el 31 de julio de 2019 pagando a su anterior propietario, Alcoa, un precio simbólico de 1 dólar, a cambio de asumir unos compromisos de financiación. Fue tras un intenso proceso de negociaciones para evitar el cierre en el que se implicaron tanto el Gobierno central como los autonómicos. La meta era que el comprador asumiera el compromiso de mantener la actividad y el empleo y tuviese la solvencia suficiente para asumir cuantiosas inversiones, como recoge el fallo. Para ello, Parter concertó dos líneas de crédito por 15 millones de dólares.

Unos meses después, las factorías -rebautizadas como Alu Ibérica- cambiaban sorpresivamente de manos, al vender Parter el 74,67% del capital por 6,5 millones a System Capital -integrada en el entonces desconocido Grupo Industrial Riesgo y que luego se reconvirtió en Iberian Green Aluminium Company-. El 25,33% quedaba en manos suizas.

El administrador del concurso de Avilés evidenció diversas prácticas. Entre ellas figura que, al contratar el crédito de 15 millones con el Santander, un dinero que debía invertirse en reflotar las plantas, Parter no comprometió su propia solvencia, sino que puso como prendas las dos fábricas que acababa de adquirir. Por esta vía, la operación se hizo "con cargo a los recursos de tesorería aportados por Alcoa Inespal". "Al no asumir su obligación de aportar financiación", la compradora "obtuvo un beneficio neto por el importe de la cifra no desembolsada" de 13,5 millones, en tanto que Alu Ibérica encajó una pérdida económica equivalente.

En cuanto a la venta el 8 de abril de 2020 a Grupo Riesgo por 13 millones del 74,67% del negocio, el administrador constata que, "nuevamente, los fondos necesarios para la compra salieron" de Avilés y A Coruña. Tirando de la investigación desarrollada por la Audiencia Nacional -que en marzo de 2021 envió la Udef a registrar las factorías al sospechar de que se estaba vaciando su patrimonio a raíz de una denuncia de la Confederación de Cuadros Profesionales-, la sentencia del juzgado ovetense constata que, dos días antes de la operación, 6,1 millones salieron de las cuentas de la sociedad de Avilés y otros 7 millones, de Alu Ibérica Coruña. Se transfirieron a System Capital, que ese mismo día ingresaba 13 millones a la filial de Parter, Blue Motion. "Esta operación supuso un verdadero expolio de las operativas", constata la jueza.

Así fue como en julio de 2021 la Audiencia Nacional ordenaba relevar a los administradores y poco después, se solicitaba el concurso voluntario para las dos plantas.

El administrador designado por el juez para Avilés concluyó que "todas las irregularidades" destapadas llevan a declarar "culpable" el concurso, pues los implicados "contribuyeron de manera directa en la insolvencia" de la empresa.

Ante este panorama, la jueza de lo Mercantil condena a Joachim Magin y Luis Losada Gómez, como administradores de derecho de Blue Motion (Parter) y System Capital, y a Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho como administradores de hecho de esta última. Además de quedar inhabilitados "para administrar bienes ajenos" por 15 años, los cuatro deberán cubrir una indemnización de 6,1 millones por los daños a la planta de Avilés, en tanto que otros 13,5 millones se reclaman a Magin por la operación de financiación que debía haber asumido por su cuenta y riesgo Parter. Considerada "cómplice" en la operación, la filial del fondo deberá responder de forma "solidaria" por los 19,6 millones con los 4 condenados, todos declarados en rebeldía procesal salvo Losada.