La reducción de la jornada pende ahora del apoyo político: ¿a cuántos gallegos beneficiará?
La rebaja desde el máximo actual de 40 hora semanales a 37,5 tendría impacto en el 57% de los ocupados de la comunidad. El Gobierno debe recabar ahora los apoyos necesarios para que la medida salga adelante en el Congreso
Un "día histórico". Así calificó este martes la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que el Consejo de Ministros aprobase la reforma que aspira a reducir la jornada laboral máxima desde las actuales 40 horas semanales –en cómputo anual– a 37,5 horas, sin merma salarial. Con todo, este nuevo paso no implica que la medida que llevaría a trabajar menos tiempo que ahora a unos 662.000 ocupados en Galicia –el 57% del total– quede lista para su entrada en vigor.
Todavía le queda pasar uno de los filtros más complejos: el del Congreso de los Diputados, donde el Gobierno no tiene atados a día de hoy los apoyos necesarios para sacar adelante una de sus reformas estrella.
Lo que recibió este martes el visto bueno es un anteproyecto de ley que busca, en esencia, reducir la jornada laboral tope fijada hace más de cuatro décadas, en 1983. Ahora tendrá que recabar los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley en pocas semanas, ya que la tramitación de urgencia agiliza tiempos.
El nuevo marco tiene el apoyo de los sindicatos CC.OO. y UGT pero no de las patronales CEOE y Cepyme ni de la asociación de autónomos Ata, que dejaron claro ante Díaz que presionarán para que no salga adelante en las Cortes una medida cuyo coste para las empresas cifran en hasta 24.000 millones de euros.
Utilizarán sus armas ante los grupos políticos para que la reforma encalle en el Congreso, a donde Trabajo espera que llegue entre finales de febrero y principios de marzo.
Una negociación difícil
Con este telón de fondo y ante la situación de minoría parlamentaria del Gobierno de coalición, tanto Díaz, como el titular de Economía, Carlos Cuerpo, como la ministra portavoz, Pilar Alegría, reconocieron ayer que las negociaciones serán complejas. La responsable de Trabajo eludió explicar en qué punto están, pero se mostró dispuesta a sentarse "con todas las formaciones políticas".
Aunque le preguntaron directamente por las conversaciones con Junts, la política de Fene puso el foco en el PP. Instó a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo a aclarar si va a "aprovechar el cambio histórico [la reducción de jornada] para reconciliarse con los trabajadores y trabajadoras de este país o si va a cometer el mismo error que con la reforma laboral" –que salió adelante hace tres años después de que un diputado del PP votase a favor por error–.
También lanzó un guiño a Junts: "Me gustaría encontrarme con la Cataluña europeísta, avanzada, moderna", expuso, convencida de que "hay margen" para que la reducción de la jornada salga adelante. "Cuando una medida está ganada en la calle, es muy difícil tumbarla", afirmó.
"No vivimos para trabajar"
La ministra esgrimió que trabajando "solo media hora diaria menos" se podrá mejorar la productividad, reducir el absentismo y "vivir mejor". "No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir", defendió.
Las primeras reacciones del Congreso muestran la oposición del PP, que se mofó de que el Gobierno celebre como éxito un acuerdo entre los ministerios de Trabajo y Economía para avanzar hacia la reducción de la jornada sin el apoyo de la patronal.
Díaz señaló que, de aquí a que llegue a la Cámara Baja, el proyecto normativo no se modificará más allá de posibles "correcciones técnicas". Habrá que ver durante el trámite parlamentario, pues el propio ministro de Economía quiere introducir medidas de flexibilidad y ayuda a las pymes.
¿Cuándo podría entrar en vigor?
De entrada, el texto da hasta el 31 de diciembre para adaptar los convenios colectivos a la nueva jornada máxima. La reforma debe llegar también a los trabajadores no cubiertos por convenios.
En contratos a tiempo parcial, aquellos con una jornada igual o superior a 37,5 horas semanales se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo.
Registro horario "fiable" y multas más duras
Consciente de que la ley para reducir la jornada laboral máxima servirá de poco si no se cumple en la práctica, el Gobierno pretende usar como armas contra la picaresca el control horario y las sanciones.
De hecho, Yolanda Díaz destacó como "medida estrella" la reformulación del registro de la jornada para tratar de asegurar su "fiabilidad", evitar que la empresa pueda "condicionar su contenido" y permitir a la Inspección de Trabajo acceder de forma remota. La ministra aludió a la "barbaridad" de horas extra que se realizan sin retribución, 3 millones por semana.
En caso de no existir registro horario o en los casos en los que se falsee, las empresas se enfrentan a multas de entre 1.000 y 10.000 euros por cada trabajador afectado , en función de la gravedad.
El futuro marco normativo también regulará el derecho a la desconexión. Así, no atender llamadas o responder emails fuera de la jornada no podrá generar "consecuencias negativas o represalias".
