Las consultas en Galicia por posible pérdida de vivienda aplastan a las de okupación

Solo el 3,2% de las llamadas al Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en Materia de Vivenda puesto en marcha por la Xunta en colaboración con el Consello da Avogacía Galega fueron sobre cómo actuar ante situaciones de okupación.

Los motivos más frecuentes, en cambio, fueron para pedir "asesoramento para evitar a perda da vivenda" (16%) y sobre derechos del arrendatario "para garantir a continuidade da súa residencia" (12%). 

Durante el año pasado, este servicio recibió un total de 109 consultas de gallegos que buscaban conocer sus derechos al verse amenazados por el desahucio debido a la imposibilidad de pagar la hipoteca, el alquiler u otras circunstancias sobrevenidas. Asimismo, propietarios y usufructuarios afectados por okupaciones ilegales e intrusiones no consentidas también acudieron en busca de asesoría.

Ahora, el balance elaborado por el Consello da Avogacía y trasladado este miércoles por la Consellería de Vivenda, parece apuntar que, ante la crisis habitacional, en Galicia hay más gente en riesgo de acabar sin domicilio que en sufrir la okupación de una propiedad. La hipótesis se desprende de que el 52% de las consultas recibidas "nos últimos meses" –las llamadas pueden preguntar por múltiples temas, muchas veces relacionados, lo que influye en el porcentaje global– son por asuntos directamente unidos a una posible pérdida de la vivienda. 

Desahucios, ejecuciones hipotecarias y mediación

Por capítulos, aquí figura el "asesoramento para evitar a perda da vivenda habitual", que centra el 16% de las peticiones de orientación y englobla cuestiones sobre plazos, medidas de protección para personas en situación de desamparo y posibles ayudas para evitar quedarse sin casa "debido a procedementos de execución, desafiuzamento ou outras causas sobrevidas". 

Muy parecidas son las demandas de información de personas "en risco" de quedarse en la calle por impago de la hipoteca, a las que se ofrece  orientación sobre "trámites legais e posibles solucións". Copan el 7,2% de los casos.

Un paso más allá está el interés por conocer o recurrir al servicio de intermediación entre grandes tenedores y personas en riesgo de desahucio en situación de vulnerabilidad, que se lleva un 5,4% de las llamadas. Previsto en la Ley por el derecho a la vivienda y gestionado través del Instituto Galego de Mediación e Arbitraxe (Ingalmar) y los colegios de la abogacía de Galicia, hasta finales de enero, tras nueve meses de actividad, había atendido 53 casos, con los colegios de Pontevedra (13) y Lugo (12) a la cabeza.

Para solicitar este servicio, los usuarios deben identificarse mediante certificado digital y abonar una tasa de 50 euros por los trámites de iniciación del procedimiento de conciliación o intermediación. En el caso de inquilinos en situación de vulnerabilidad económica, la Xunta se hace cargo de esa tasa siempre que el inmueble en cuestión sea su vivienda habitual.

También cabrían aquí las consultas sobre "condicións de alugueiro e estabilidade residencial" (12%), por duración de contratos, subidas del alquiler o derechos para hacer valer la continuidad en un piso. Hay otro 5,6% que versan sobre cuestiones "xerais" acerca de las "responsabilidades legais de arrendadores e arrendatarios" y los mecanismos de protección existentes "para garantir a permanencia na vivenda".

Un 6,4%, además, preguntó sobre las posibilidades que tiene un casero para rescindir el contrato de alquiler excusándose en una "necesidade propia" de disponer de él.

Conflictos con el casero

Precisamente, los conflictos con los caseros suponen no pocos motivos de consulta: casi uno de cada cuatro.

Destacan los referidos a reclamaciones por "incumprimentos do arrendador", por ejemplo en cuanto a fianzas o por "esixencias" que "impiden ao inquilino a procura dunha vivenda", que suponen el 8% de todas las alusiones.

Otro 4,8% son por consultas sobre los trámites necesarios para que la gestión de este primer desembolso para el alquiler sea "correcta" y, de esta manera, "evitar conflitos ao remate do contrato".

Pero, durante el periodo de vivienda, también se producen litigios por el mantenimiento de la propiedad. Un 5,6% de las llamadas querían aclarar "quen debe asumir os custos das reparacións" y "as obrigas dos propietarios para garantir a habitabilidade da vivenda". La misma tasa que requirió información sobre cómo proceder ante situaciones en las que el inmueble "non reúne as condicións adecuadas" y el dueño se niega a actuar al respecto.

Ayudas y la vivienda de protección oficial

Las dificultades para acceder a la vivienda protagonizan igualmente numerosas consultas a este servicio de asesoramiento, lo que incide en esa idea de que, el problema más común, es no poder permitírsela.

El 7,2% de las llamadas procedían de una persona que solicita orientación porque "se atopa nunha situación de vulnerabilidade residencial" o "ten dificultades para acceder aos programas de protección dispoñibles".

Un 5,4% también preguntaba sobre ayudas públicas para personas en riesgo de exclusión residencial, acceso a vivienda protegida o programas de apoyo para evitar situaciones de "desamparo", mientras que un 4% pedía información sobre requisitos para acceder a viviendas de protección oficial, alquileres con condiciones especiales y "outras medidas de apoio ao acceso á vivenda".

Poca okupación

El único apartado que queda por debajo de las peticiones de ayuda ante la okupación son las preguntas sobre "subvencións e programas" para la "mellora da habitabilidade das vivendas, especialmente para persoas en risco de exclusión social", con un 2,4% de los casos.

Por último, hay un 4% generadas por "dúbidas sobre a xestión de inmobles en copropiedade, herdanza ou outras circunstancias" que "poidan afectar o dereito de acceso a unha vivenda en condicións adecuadas".

¿Cómo contactar con el servicio de asesoramiento?

En este convenio participan actualmente 135 letrados, quienes brindan su conocimiento legal para atender las consultas de los ciudadanos. 

Los interesados pueden acceder al servicio a través del teléfono 900.12.12.21, disponible de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados solo en horario matutino. 

Además, en la página web del Consello da Avogacía Galega se encuentran formularios específicos para solicitar asesoramiento tanto en casos de okupación ilegal como de desahucio, junto con guías informativas tanto sobre desahucios como sobre okupación. El compromiso es responder en 48 horas.