Día "histórico" para Galicia, que asumirá la gestión del litoral el 1 de julio

En un día definido por la Xunta como "histórico", el presidente, Alfonso Rueda, oficializó este miércoles en Santiago con el ministro de Política Territorial, el canario Ángel Víctor Torres, el traspaso de las competencias en materia de gestión y ordenación del litoral, que se hará efectivo el 1 de julio después de que el Gobierno central publique el correspondiente decreto en el Boletín Oficial del Estado. 

Para el Ejecutivo del pontevedrés se trata de un hito con el que inicia el camino de ampliación de la cuota de autogobierno que se ha marcado entre sus objetivos, en contraposición con su predecesor, Alberto Núñez Feijóo. Y es que desde que en septiembre de 2008 el bipartito se hiciera cargo de la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias, el marco competencial gallego no se había vuelto a ampliar. 

El propio Rueda señaló en declaraciones a los medios posteriores al acto con el ministro socialista que "agora", la Xunta puede "coller un pouco máis de velocidade de cruceiro" para ir "profundizando no autogoberno". Tras reunirse con Torres y exponerle que, de un lado, Galicia no renuncia a la histórica reclamación del traspaso de la AP-9, cuyo debate sigue bloqueado en el Congreso, Rueda también le puso sobre la mesa otras reivindicaciones. 

Entre ellas figura asumir la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), un asunto que el presidente recordó que en su día fue "un compromiso" del exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. "Trasladeille esa necesidade", señaló Rueda, que también reiteró que su Ejecutivo ambiciona las competencias del servicio de meteorología con un modelo "parecido ao que acaba de conseguir o País Vasco", a lo que hay que sumar la potestad de "emitir permisos de traballo" para inmigrantes llegados de terceros países que quieran iniciar su proyecto laboral en Galicia, una iniciativa que el mandatario autonómico anunció el martes en Madrid, donde firmó un acuerdo para facilitar la migracion ordenada a la comunidad con los embajadores de Colombia, Ecuador, Paraguay y Honduras. Con esta última petición, Galicia aspira a seguir los pasos de Cataluña y País Vasco. 

"Planteeillo e a ningunha me dixo que non", constató Rueda, que observó en el ministro una "predisposición que non puido ser mellor". En todo caso, el presidente expresó su confianza en que tras el conflicto que precedió al traspaso de las competencias del litoral, que tuvo que dirimir el Tribunal Constitucional, ambas administraciones haya "aprendido de este proceso" que este miércoles culminó "felizmente". "As cousas pódense facer doutra maneira", reflexionó el titular de la Xunta, que prometió al ministro "lealdade e rigor" en las próximas reivindicaciones tras lo que reiteró que la Xunta "non cre que a cantidade" de traspasos sea un "aval do autogoberno", sino la "calidade" de las competencias que se reciban. En todo caso, lo siguiente será abrir "un periodo formal" para entablar nuevas negociaciones, en las que Rueda espera que Galicia sea merecedora "do mesmo trato" que otras comunidades.

En declaraciones a los medios, el ministro, por su parte, dejó entrever que las competencias en materia de salud penitenciaria son otro asunto a negociación "desde hace bastante tiempo". "Vamos a seguir trabajando, tienen la colaboración del Gobierno de España", afirmó, partidario de "potenciar el estado de las autonomías". 

Tras una larga negociación en la que se implicaron los ministerios de Transición Ecológica, Hacienda y Política Territorial, entre otros, la 44 Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta, reunida en el compostelano Pazo de Raxoi, formalizó este miércoles el traspaso de funciones y servicios de la Administración general al Gobierno gallego en materia de ordenación y gestión del litoral. 

¿Qué potestades suma la Xunta?

Entre los asuntos que, desde el 1 de julio, se controlarán desde San Caetano figuran las autorizaciones de usos de temporada en playas y en el mar territorial, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar o la vigilancia, tramitación e imposición de sanciones. En términos de condiciones, el traspaso va en línea con lo que el Estado acordó con el País Vasco. Torres explicó que Galicia es así la sexta comunidad que se hace responsable de la gestión de su costa tras Andalucía, Cataluña, Canarias, Baleares y Euskadi.

La Xunta constata que, desde ahora, asume "a responsabilidade" sobre las más de 4.000 edificaciones "de todo tipo" instaladas en  los 2.555 kilómetros de litoral. En el lote va un centenar de empresas del complejo mar-industria, algunos de cuyos representantes no faltaron este miércoles al acto celebrado en el Salón Nobre de Raxoi. La intención de la Xunta es "brindar seguridade xurídica" a esas instalaciones, "axilizar trámites" y "asegurar" los empleos e inversiones asentados en la costa con una normativa propia, la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia, aprobada en julio de 2023 y que cuenta con el aval del Constitucional.

El Estado se reserva para sí fijar el importe de los cánones cobrados por la utilización del dominio público marítimo-terrestre; el rescate de las concesiones demaniales cuando lo exija una razón de interés general vinculada a su ámbito; o la potestad sancionadora derivada de sus competencias. 

El acuerdo recoge, además, una serie de formas de cooperación entre ambas administraciones en materia de construcciones o modificaciones de puertos y vías de transporte; sobre los informes que deben emitirse desde el Ministerio para la Transición Ecológica respecto a los planes y normas de ordenación del litoral, o en materia de obras de interés general. 

El coste total efectivo de la transferencia de funciones, servicios y medios del Estado a la Xunta supera los 1,2 millones de euros, que la Xunta recibirá con carácter anual. A mayores, el Estado abonará en un pago único 687.333 euros para compensar el uso de espacios.

El ministro incide en que el traspaso "expresa la voluntad de diálogo y entendimiento"

En la rueda de prensa conjunta, el ministro --que confirmó su retirada temporal para someterse a una operación para tratar el cáncer que padece una vez que intervenga este jueves protagonizará en el Congreso y tras asistir al Consejo de Ministros del próximo martes-- incidió en que el traspaso competencial "expresa la voluntad de diálogo y entendimiento". 

Tras constatar que se trata de la primera ampliación del autogobierno que acomete Galicia "en 17 años" y que este es el segundo pleno de la comisión mixta que se celebra con la Xunta tras el organizado en 2022 para hablar de financiación, apostó por "caminar en otras peticiones que la Xunta tiene sobre la mesa" para las que prometió que podrá contar "con la colaboración del Gobierno de España". "Creemos en la cogobernanza y en la singularidad de los territorios", aseguró Torres, que como expresidente de Canarias avala que se "gobierna mejor" desde la cercanía. 

Convencido de que "la empatía es fundamental para defender la realidad plural del país", el titular de Política Territorial incidió en que, más allá de la gresca, "la mayoría de las veces" comunidades y Estado llegan a acuerdos "en comisiones técnicas adecuando" las normativas aprobadas por unos y por otros "al marco Constitucional" o a lo que dicen los estatutos de autonomía. 

Rueda incide en que la Xunta "no busca el enfrentamiento" ni "privilegios"

Dando carpetazo al conflicto que precedió al acuerdo, Rueda --que deseó una pronta recuperación al canario-- calificó de "impecable todo el proceso" y loó "las facilidades" que la Xunta tuvo "una vez" que ambas administraciones se sentaron a "negociar la concreción" de la transferencia. 

En un acto con una amplia representación institucional y de los agentes sociales, y al que no faltaron el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, y al que, en representación del BNG, acudió el diputado autonómico Iago Tabarés, en tanto que por parte del PSdeG asistieron las parlamentarias Paloma Castro y Patricia Iglesias, Rueda incidió en que su gobierno no busca "el enfrentamiento" ni tampoco pide "privilegios". Se trata, dijo, de "hacer aquello a lo que tenemos derecho y que podemos hacer bien". E insistió en que "si a Galicia le va bien, a España le irá bien también". 

Al frente de una comunidad que precisa seguir "viviendo del mar", el titular de la Xunta se comprometió a ejercer las competencias "con respecto a la legalidad" y en el marco de la cogobernanza. Desde el "rigor técnico y jurídico" y con "la máxima transparencia posible", apostó por "compatibilizar" el respeto al medio ambiente, que definió como un "tesoro" para Galicia, con "la necesidad de que haya vida económica y ordenada". 

PSdeG y BNG cargan contra la Xunta por tardar 17 años en ampliar el autogobierno

En un comunicado, el PSdeG, cuyo secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, se reunió este miércoles con el ministro, celebró la transferencia, si bien la formación incidió en que las competencias podrían haberse conseguido "hai tempo se o PP optase por solicitalas polos cauces existentes en lugar de recorrer á confrontación permanente". Los socialistas contrapusieron la "pasividade" del PP al hecho de que durante el bipartito "formalizáronse ata 12 traspasos" entre 2005 y 2009.

La ampliación del autogobierno ya tuvo eco por la mañana en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, donde Rueda recordó que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tildó la ley gallega del litoral de "casi una declaración de independencia" y disparó contra Pontón por no asistir al acto con el ministro, al que tampoco acudió Besteiro por motivos de agenda.

Los jefes de la oposición coincidieron en echar en cara al presidente que en 17 años de gobierno popular la Xunta no ampliase su marco competencial. "Que quere, que o saquemos en volandas do Parlamento", ironizó Pontón, que le reprochó que tardasen esos años "en cumprir" lo que prevé el Estatuto. También le afeó el rechazo de los populares a la iniciativa del BNG para transferir a Galicia las competencias de tráfico y crear un cuerpo de Policía Autonómica.