"No creo que la Xunta sea combativa; se trata de vigilar que las competencias se respeten"

Isabel Concheiro (Ordes, 1983) asumió en abril este cargo de nueva creación como la continuidad de toda una carrera en los entresijos legislativos y las secretarias técnicas de la Administración autonómica que tuvo como primer destino el gabinete jurídico-territorial de Lugo. Ahora, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le ha encomendado "coordinar a defensa da lexislación galega ante o Estado".

En su toma de posesión, Alfonso Rueda le advirtió que no se iba a aburrir.
Es cierto que no me estoy aburriendo nada. Tenemos bastante trabajo, pero es un trabajo muy bonito, muy relacionado con el que ya venía desempeñando y con el que estoy muy contenta.

Fue en pleno litigio por la transferencia litoral. Según el delegado del Gobierno, todavía quedan algunos flecos para completarla.
Queda concretar los medios personales y materiales que van a transferirse. Ese acuerdo final será lo que determine que podamos ejercer la competencia en materia de otorgamiento de títulos habilitantes de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre. 

¿Cuáles son los principales frentes de fricción con el Gobierno? 
Lo primero que tenemos pendiente es cerrar esto. Es realmente importante, porque de ese acuerdo sobre el texto final depende que podamos empezar a asumir la competencia. Es cierto también que el Gobierno ya ha llegado antes a un acuerdo sobre esta materia con el País Vasco, lo cual es bastante llamativo, porque tiene un estatuto de autonomía que dice exactamente lo mismo que el nuestro y hay que tener en cuenta que la posibilidad de que sean las comunidades las que asuman ese otorgamiento de los títulos habilitantes viene dada por la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la Lei de Ordenación do Litoral, que dio un paso más en la doctrina que venía manteniendo e indicó que la ordenación del litoral es una competencia que engloba ese otorgamiento, que hasta el momento llevaba a cabo el Estado. 

En estos conflictos, ¿dónde empieza lo técnico y dónde lo político? 
Son dos cuestiones que al final están muy entremezcladas. Que el Estado resuelva esto con una celeridad mayor o menor quizás sea más político que técnico. Aunque el propio Constitucional ha insistido en que la lealtad constitucional obliga al Estado a tratar de cerrar los acuerdos de las comisiones mixtas lo antes posible, porque el ejercicio de las competencias por parte de las comunidades no podrá asumirse hasta que así ocurra y el Estado, mientras tanto, sigue ejerciendo unas competencias que realmente ya no son suyas. 

¿Sucede con la AP-9? 
Con voluntad política se puede llegar a acuerdos y no es necesaria la vía judicial. Con la AP-9 se han rechazado 16 o 17 veces constituir una comisión y aprobar las proposiciones de ley. Hay un tema de voluntad política evidente. 

Que el Estado resuelva una transferencia con una celeridad mayor o menor quizás sea un tema más político que técnico"

En su función, ¿está encontrando colaboración por parte del Gobierno? 
Creo que por nuestra parte nos comportamos de una manera leal, que pedimos cosas para las que tenemos fundamento y que defendemos una posición razonable, independientemente de que todo es discutible. En cuanto a la posición del Gobierno, quizás lo que ha hecho con el País Vasco con el litoral hable por sí solo. 

¿Cómo se abordan los conflictos? 
Cuando se dicta una norma, ya sea por parte de las comunidades o del Estado, y una de las administraciones entiende que esa norma desborda el ámbito competencial de la administración correspondiente, la primera vía de solución es la convocatoria de las comisiones bilaterales. Somos muy partidarios de ellas, porque la experiencia ha demostrado que muchas veces las controversias pueden ser resueltas en su seno. Y eso es lo mejor para todos, porque cuando se acude al Constitucional, eso lleva aparejado normalmente la suspensión de la vigencia de la norma durante el tiempo en que se sigue el procedimiento y al final alarga muchísimo la controversia. 

De hecho, el año pasado hubo acuerdos totales en leyes de medidas fiscales administrativas y sobre la calidad alimentaria.
En el seno de la comisión bilateral a nosotros siempre nos reconocen que actuamos con lealtad. Los procesos de elaboración de una norma a veces son procesos complejos. La redacción requiere muchísima precisión y a veces hay cosas interpretables y que leídas por otra persona se les da un sentido que a lo mejor no es el primero que se buscaba. Nosotros no tenemos ningún problema para llegar a acuerdos si nos equivocamos. No queremos invadir competencias de nadie. Lo que queremos es regular adecuadamente las materias en las que sí tenemos competencia. 

Quizás lo que ha hecho con el País Vasco con el litoral hable por sí solo de la colaboración que encontramos por parte del Gobierno"

En cambio se interpuso recurso contra la ley de vivienda.
Se plantearon recursos por parte de más comunidades y, de hecho, ya se dictó la sentencia en relación con el de Andalucía. Nosotros esperamos una muy similar, porque nuestro recurso también era similar. Entendimos que muchas de las cuestiones reguladas en esa ley desbordaban el ámbito competencial del Estado, ya que las competencias en materia de vivienda son exclusivas de la autonomía. Consideramos que establecía un régimen bastante general y uniforme para todo el país, lo cual es lo característico de la legislación básica, pero no es para lo que tiene competencia el Estado. 

¿En qué punto está el otro recurso contra la ley de amnistía? 
Se están resolviendo las recusaciones. La Xunta la había planteado contra el presidente del Constitucional, Conde Pumpido; contra el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y contra la magistrada Díez Bueso. El ministro se abstuvo y ya quedó apartado del conocimiento de la causa. El Constitucional rechazó las otras. La forma de resolver las recusaciones ha sido objeto de críticas, porque el Constitucional se ha apartado de los precedentes, que consistían fundamentalmente en que la totalidad de las recusaciones que se presentaban en un mismo procedimiento debían resolverse al mismo tiempo, en un único acto y sin participación de ninguno de los magistrados recusados. En votos particulares sobre el auto que rechazó las recusaciones de Conde Pumpido y Díez Bueso, ya se hizo ver que la forma que se eligió no se consideraba la más adecuada porque se hizo una resolución sucesiva, de tal manera que después el presidente del Constitucional sí que pudo participar en la decisión sobre Díez Bueso. Yo coincido con que una ley del calado de la ley de amnistía, que ha generado un debate tan profundo y una polarización social tan intensa, el hecho de que la opinión pública pueda pensar que el Constitucional se está apartando de los precedentes para no seguir, parece, las reglas del juego, es bastante peligroso. 

¿Es un Gobierno especialmente invasivo o es que la Xunta ha decidido adoptar una postura combativa? 
No creo que tengamos una postura combativa. Creo que lo que ocurre es que hay un orden constitucional, un sistema de reparto de competencias y que lo lógico es que todas las administraciones velen porque esas competencias las ejerce quien tiene que ejercerlas, que regulen las materias correspondientes quienes sean titulares de las mismas. Lo que se trata es de vigilar que nuestras competencias se respeten, sin ánimo tampoco de invadir ninguna que no nos pertenezca. Y dentro de que en derecho prácticamente todo es discutible.

Que la opinión pública pueda pensar que el Constitucional se está apartando de los precedentes para no seguir las reglas del juego es bastante peligroso"

El delegado del Gobierno asegura que la transferencia de las competencias meteorológicas como lo reclama la Xunta "non é posible xuridicamente". 
El Constitucional sí ha dicho que las comunidades pueden asumirlas. Por otro lado, creo que nadie puede discutir que esas competencias son instrumentales de otras que Galicia tiene expresamente reconocidas en el Estatuto de Autonomía, como la protección civil, la agricultura, la pesca, la prevención de incendios... Y ese carácter instrumental es lo que ha servido de fundamento para que tenga instalaciones meteorológicas en todo el territorio. De hecho las tiene con el conocimiento del Estado y ha desarrollado estas funciones también, durante mucho tiempo, en colaboración con él, incluso con convenios. Por lo tanto, es difícil entender el motivo de la postura del Gobierno. Lo lógico sería que se resolviera de común acuerdo para evitar acudir al Constitucional. 

¿Qué se hace ante sentencias negativas como la del Constitucional que anuló los artículos de la ley de acompañamiento que limitaban a quince años las actuaciones contra obras ilegales en la costa? 
En esa sentencia también hubo votos particulares, lo que muestra que todo es opinable. Pero, como no puede ser de otra manera, la acatamos. 

Que el Estado resuelva una transferencia con una celeridad mayor o menor quizás sea un tema más político que técnico"

La Asociación Empresarial Eólica instó al Gobierno a llevar al Constitucional la regulación de la Xunta. 
De momento no se ha materializado ningún tipo de recurso. Si llega, habrá que estudiar cuáles son sus términos y cómo nos defendemos, pero considero que hemos hecho una regulación en la que creemos y que está bien atada.

En su toma de posesión avanzó que su trabajo se iba a guiar también por la simplificación y la mejora de la calidad normativa de Galicia.
La segunda pata de la Dirección Xeral, la de Desenvolvemento lexislativo, se ocupa fundamentalmente de estudiar e informar las distintas normas con rango legal y de reglamento que se promueva y apruebe en el ámbito de la Xunta. Nuestro objetivo con esas normas es guiarnos por ese principio de simplificación normativa, en el sentido de que la Xunta tenga un ordenamiento jurídico ordenado, lo más simplificado posible y lo más claro y accesible al administrado posible, que es el objetivo que entiendo que tiene que cumplir toda norma. Pero es difícil de conseguir.