Asesoría jurídica gratuita en Galicia para afectados por desahucios y okupaciones
En España, la situación del mercado inmobiliario supone un gran desafío para muchos ciudadanos. En Galicia, un servicio de asesoramiento y orientación jurídica gratuita en materia de vivienda, puesto en marcha por la Xunta en colaboración con el Consello da Avogacía Galega, ha brindado apoyo a quienes enfrentan dificultades relacionadas con desahucios y okupaciones ilegales.
Durante el año pasado, este servicio recibió un total de 109 consultas de gallegos que buscaban conocer sus derechos al verse amenazados por el desahucio debido a la imposibilidad de pagar la hipoteca, el alquiler u otras circunstancias sobrevenidas. Asimismo, propietarios y usufructuarios afectados por okupaciones ilegales e intrusiones no consentidas también acudieron en busca de asesoría.
Colaboración de letrados y vías de contacto
En este convenio participan actualmente 135 letrados, quienes brindan su expertise legal para atender las consultas de los ciudadanos. Los interesados pueden acceder al servicio a través del teléfono 900.12.12.21, disponible de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados solo en horario matutino. Además, en la página web del Consello da Avogacía Galega se encuentran formularios específicos para solicitar asesoramiento tanto en casos de okupación ilegal como de desahucio, junto con guías informativas sobre ambas temáticas.
Servicio de intermediación ante desahucios
Complementando estas iniciativas, el Gobierno autonómico también puso en marcha el año pasado un servicio de intermediación entre grandes tenedores y personas en riesgo de desahucio en situación de vulnerabilidad. A través del Instituto Galego de Mediación e Arbitraxe (Ingalmar) y los colegios de la abogacía de Galicia, en apenas nueve meses de actividad, se han atendido 53 casos.
Los colegios de abogados de Pontevedra y Lugo encabezan la lista con 13 y 12 casos respectivamente, seguidos por Santiago (8), Vigo (6), Ferrol y Ourense (5 cada uno), y A Coruña (4). Para solicitar este servicio, los usuarios deben identificarse mediante certificado digital y abonar una tasa de 50 euros por los trámites de iniciación del procedimiento de conciliación o intermediación. En el caso de inquilinos en situación de vulnerabilidad económica, la Xunta se hace cargo de esa tasa siempre que el inmueble en cuestión sea su vivienda habitual.
Protección de los derechos de acceso a la vivienda
La conselleira María Martínez Allegue destacó la importancia estratégica de estas iniciativas para proteger los derechos de acceso a la vivienda de los ciudadanos gallegos. La firma del convenio con el presidente del Consello, Francisco José Rabuñal, reafirma el compromiso de seguir profundizando en esta y otras vías de colaboración para brindar apoyo legal a quienes más lo necesitan.
