"Hay riesgo de que la okupación de vivienda se extienda; el asesoramiento resulta clave"

El Consello da Avogacía Galega (CAG) y la Xunta han renovado, por tercer año consecutivo, el servicio de asesoramiento gratuito para desahucios y okupación ilegal de viviendas. Las consultas se pueden hacer a través del teléfono o un formulario web. Con este acuerdo, defiende la presidenta del CAG, Lourdes Carballo, se pretende proteger el derecho a la vivienda
Lourdes Carballo, presidenta del Consello da Avogacía Galega.EP
photo_camera Lourdes Carballo, presidenta del Consello da Avogacía Galega. EP

Lourdes Carballo, abogada desde 1988 y decana del Ilustre Colegio de Abogados de Vigo, es desde el año pasado la nueva presidenta del Consello da Avogacía Galega. En mayo, el CAG firmó un convenio de colaboración con el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para dar asesoramiento a personas en situación de desamparo a fin de que no pierdan su piso o casa habitual, o, en su caso, puedan acogerse a programas, así como posibilitar que los propietarios de inmuebles que fueron okupados ilegalmente sepan cómo actuar para recuperarlos.

¿Cuándo y por qué nació esta iniciativa?

Este es el tercer año que firmamos el convenio. Inicialmente había nacido para resolver los problemas de personas que tenían una situación de pérdida de vivienda por un procedimiento de ejecución hipotecaria, por la falta de pagamiento de la renta de alquiler o por cualquier otra circunstancia.

¿Hay alguna novedad en el convenio que ahora se renueve con respecto al original?

El año pasado se decidió hacer una ampliación para recoger los supuestos de okupación ilícita y este año la hemos mantenido. También hemos publicado unas guías en la página web del CAG a las que puede acceder cualquier persona para saber lo que tendría que hacer en materia de okupaciones o desahucios.

¿Qué tal acogida tuvo entre los ciudadanos?

Como es un servicio que ya se lleva ofreciendo desde hace tres años se producen sobre todo llamadas de asesoramiento urgente. Nosotros desde el Consello aconsejamos que cuando tengan un problema acudan a su abogado o abogada de confianza. Estas llamadas se suelen hacer en los supuestos en los que no se dispone de un abogado y hay una urgencia en el asesoramiento.

¿Cómo pueden acceder los gallegos que lo necesiten a este programa?

En la página web del CAG aparece directamente todo lo referido a las okupaciones y a los procedimientos de desahucio. Ahí también podemos encontrar dos formularios en línea. Otra forma de acceder es a través del teléfono que aparece en el sitio web.

¿Cuáles son las consultas/preocupaciones más frecuentes que llegan al Consello da Avogacía Galega?

Suelen acudir a este servicio personas que tienen una notificación judicial por un lanzamiento de vivienda. Normalmente nosotros damos una información inicial sobre qué derechos tiene la persona y qué es lo que debe hacer en función de sus condiciones económicas, optando por la justicia gratuita o por un abogado particular. El asesoramiento previo no es para llevar el propio procedimiento judicial, simplemente es una información que marca los pasos a seguir.

En su caso, asesoran por igual tanto a arrendatarios o ciudadanos vulnerables que quedan sin vivienda como a propietarios que también tienen problemas con sus inquilinos, ¿no?

Efectivamente, sí. También atendemos a aquellos propietarios que estén en riesgo de perder la vivienda por okupación. Al final, se trata de proteger el derecho a la vivienda en ambos casos.

Existe una percepción social de que los problemas con la vivienda aumentan, sobre todo en lo referido a okupaciones. ¿Puede el CAG confirmar si es así?

La okupación no es un delito que haya proliferado tanto como en otros lugares de España, como puede ser en Andalucía. Sí que es verdad que hay un riesgo de que se extienda. Una manera de luchar contra la okupación es evitarla de raíz. El asesoramiento previo y la actuación urgente pueden garantizar el desalojo inmediato.

Asesoramos tanto a desahuciados como a propietarios a los que les okupan su propiedad"

¿Es mala idea recurrir a empresas especializadas en desokupación o intentar hacerlo a la fuerza por uno mismo?

Esto hay que descartarlo, por supuesto. Nadie puede tomar la justicia por su mano ni actuar por la vía del hecho. Es más, una persona que recurre a medios que no son lícitos, como cortar suministros o entrar a la fuerza, puede incurrir en un delito de allanamiento de morada porque quien okupa una vivienda, aunque sea de forma ilícita, pasa a convertirla en suya. Los medios que una persona utilice para recuperar su vivienda tienen que ser siempre permitidos en derecho.

Muchas de las quejas derivan de que el exceso de burocracia eterniza los procesos vinculados a la vivienda. ¿Detectan desde la abogacía la necesidad de una nueva legislación en materia de vivienda que agilice todos estes procesos?

La verdad es que se pueden hacer mejoras procesales, pero la forma de solucionar el problema es disponer de más medios, tanto materiales como humanos. Además, es necesaria una coordinación absoluta entre fuerzas de seguridad, juzgado y servicios sociales. Para ello se requiere de una buena preparación en materia de vivienda.

La solución a los tiempos de espera es disponer de más medios humanos y materiales"

"Durante dos meses la facturación de vio limitada a servicios fuera del juzgado"

Estamos en un 2023 marcado por los conflictos en la Administración de Justicia, especialmente con las huelgas de diversos colectivos que paralizaron y atrasaron muchos juicios. Nadie se acuerda de los abogados, pero muchas veces fueron los grandes perjudicados de esta falta de actividad, ¿no?

Muy perjudicados. Este año estuvimos más de dos meses con huelgas y eso hizo muchísimo daño porque dio lugar a suspensiones de procedimientos y de señalamientos judiciales. El que realiza un trabajo en el juzgado suele cobrar al final y por lo tanto durante esos dos meses la facturación en los despachos se vio limitada a servicios prestados fuera del juzgado.

Ahora también hay protestas de los propios abogados de turno de oficio. ¿Qué reclaman?

Una compensación económica por el servicio prestado de oficio más acorde con el coste de la prestación y, por lo tanto, más próxima a los precios de mercado. Por otra parte, el reconocimiento de la dignidad del turno de oficio, que se reconozcan sus derechos laborales.

¿Qué retos se fija a corto plazo el Consello da Avogacía Galega?

Una de las peticiones es que se modifique la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 para que todas las actuaciones profesionales sean compensadas y que estas remuneraciones sean dignas y adecuadas. Además de la dignificación de la figura del abogado de oficio. Por otra parte, seguir avanzando en la conciliación.

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