Pulso de la Xunta por el Plan Estatal de Vivienda: pide menos burocracia y ampliar ayudas a promotores privados

En un mercado inmobiliario tensionado por la falta de stock, que ha propiciado un incremento medio del precio del alquiler del 63,5% en la última década y que la vivienda libre en venta se encareciese un 26,3% en Galicia, autonomías y Gobierno central tiene en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 un nuevo caballo de batalla. 

Tras una conferencia sectorial monográfica que el jueves se prolongó por espacio de cuatro horas en Madrid y en la que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se comprometió a responder a todas las alegaciones que las comunidades presenten al documento --para lo que tienen de plazo hasta el martes, día 7-- y a convocar la próxima semana una reunión multilateral de carácter técnico, la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, confía en que el Gobierno central "mude a súa postura". El objetivo, recalca la pontevedresa, debe ser que "todas as comunidades poidan formalizar" el plan. 

La cuestión es que, con la excepción del reparto entre las comunidades de régimen común de los 7.000 millones de euros que están en juego para lo que resta de década, el ministerio tiene potestad para aprobar, vía real decreto y sin contar con el consenso autonómico, este instrumento que pauta las políticas y líneas de ayudas destinadas a facilitar el acceso a un techo.

Con 399 millones de euros --cofinanciados en un 60% por el Estado y al 40% por la Xunta--, Galicia es la quinta comunidad que contará con más dinero de este mecanismo, cuyos fondos representan este año el 10% del presupuesto que maneja el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).  

En términos generales, las once comunidades gobernadas por el PP expresaron al ministerio su rechazo a un plan que no fue negociado cuando afecta a una materia, la vivienda, que es competencia autonómica. Además, algunos algunos territorios se opusieron a la calificación permanente de la vivienda como protegida y aseguraron no poder asumir el aumento del grado de cofinanciación, que pasa del 25 al 40%. 

No es el caso de Galicia, pues la Xunta afirma estar en disposición de efectuar ese desembolso de 159 millones en cinco años, al contar con músculo financiero. Tampoco supone un problema el segundo puntal del plan: el que obliga a que la calificación como protegida de la vivienda que se construya sea permanente, una condición que el Gobierno gallego aplica desde el pasado enero. En cuanto al tercer puntal, el que manda elevar la transparencia de los datos de cara a los ciudadanos, la consellería sostiene que también cumple al contar con el registro de fianzas que deben depositar los propietarios en el IGVS, y con el registro de demandantes de pisos protegidos. 

La Xunta, que afea al ministerio que tras los sucesivos contactos mantenidos el ministerio llevase el jueves a la conferencia sectorial el nuevo plan sin introducir ninguna de las apreciaciones planteadas, critica la demora del Gobierno en abordar una hoja de ruta cuya confección arrancó ya en 2024. Dado que una vez que el plan quede aprobado -un paso que la ministra prevé solventar en diciembre-, el ministerio todavía tendrá que sellar los correspondientes convenios bilaterales con las comunidades, en base a la experiencia, la consellería advierte que no será hasta mediados de 2026 cuando podrán lanzarse las primeras convocatorias de ayudas. 

Las tres exigencias centrales de la Xunta

Al margen de los tiempos, las exigencias centrales que planteó Allegue son tres. De un lado, "maior flexibilidade" en cuestiones como las pautas que han de regir los procedimientos de contratación e incluso cómo han de estar amuebladas las viviendas que se construyan.

De otro, Vivenda pide que los incentivos para construir apartamentos protegidos no se limiten a que la nueva oferta se tenga que destinar al mercado del alquiler, sino que se contemple también la opción de construir para la venta. En un mercado como el gallego, en el que los fondos de inversión no tienen la implantación en el mercado del arrendamiento que han alcanzado en Madrid o Cataluña, la Xunta advierte que se corre el riesgo de que las ayudas no susciten el interés del sector privado si no se reenfocan. Tras abordar la problemática con la ministra en la conferencia sectorial del jueves, la consellería es optimista a respecto de lograr un cambio en el plan estatal. 

También lo es en lo que toca a que la hoja de ruta prevea que se puedan financiar programas destinados a que tanto administraciones como promotores privados urbanicen suelo con el compromiso de que el 80% de la vivienda que se construya sea protegida. 

Más allá de los aspectos centrales, otros puntos de fricción son el hecho de que, al igual que otras comunidades, Galicia reivindica poder asignar "libremente" ese 40% de fondos que tendrá que aportar en el sentido de que se flexibilice el esquema que indica que un 40% de los recursos deben ir para promoción de vivienda en régimen de alquiler, otro 30% para rehabilitación y otro 30% para ayudas para inquilinos. 

La consellería tampoco comulga con que se pueda elevar el nivel de ayudas estatales a los promotores que desarrollen pisos asequibles en zonas declaradas como tensionadas, un requisito que en Galicia solo se da en A Coruña. La Xunta, que en este caso tiene escasas esperanzas de que el ministerio rectifique, sostiene que este parámetro "atenta contra a igualdade de todos os españois", según informaron fuentes de la consellería. 

De otra parte, también preocupan las derivadas de la exigencia de que a 30 de junio de 2026 todas las obras beneficiarias de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deben estar ejecutadas, un plazo que se da por hecho que algunos concellos, promotores, cooperativistas y particulares no lograrán cumplir. Vivenda plantea, en este caso, que si los fondos europeos no prevén una prórroga, la financiación se pueda encajar en el nuevo plan estatal.

En este punto, la consellería también aprovechó para pedir el jueves que se aclare el futuro de los cooperativistas del barrio coruñés de Xuxán, que a través de Galivivienda impulsaron la construcción de 224 viviendas. El proyecto tiene parado un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (Ico), que pide una garantía de que los 10 millones concedidos del fondo MRR se van a prorrogar, una cuestión que la Xunta pide que el Estado aclare. 

Allegue pide un plan que "dea cabida ás solucións que esixen os cidadáns"

"Nós xa trasladamos as nosas alegacións", recalcó este viernes la conselleira en declaraciones a los medios en las que expresó su deseo de que la reunión multilateral de la próxima semana resulte "produtiva" para que el plan pueda aprobarse en una posterior conferencia sectorial, dando "cabida ás solucións que esixen os cidadáns".

"Hoxe a principal preocupación é acceder a unha vivenda. Pois necesitamos un programa, un plan conxunto de administracións, promotores, cooperativistas e cidadanía que dea solución a este problema estrutural que temos a nivel de país", indicó.