La Xunta acusa al Gobierno de trasladar "pola porta de atrás" más menores migrantes de los anunciados

La Xunta confirmó este jueves que el Gobierno trasladará de forma "inminente" a "al menos quince" menores migrantes a Santiago que se suman a los otros quince que llegaron ya a A Coruña la semana pasada y que se alojan en la residencia del Instituto Rosalía Mera.

Son parte del grupo de solicitantes de asilo a los que el Ejecutivo debe dar acogida por orden del Tribunal Supremo y que la Administración gallega tenía conocimiento de que, en principio, iban a ser solo quince, por lo que afeó haberse enterado "de forma extraoficial" de esta nueva recepción explicando, aunque la elección y el coste del alojamiento corre a cargo del Ejecutivo, a ella le toca asumir la atención sanitaria y educativa de estos jóvenes, entre otras necesidades de su día a día.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, lamentó que el Gobierno envíe a Galicia "pola porta de atrás" a más menores de los quince anunciados inicialmente a raíz de que el alto tribunal anunciase en junio que le había ordenado "la urgente adopción de medidas" en relación con los más de mil menores no acompañados radicados en Canarias e interesados en solicitar asilo.

Recalcaba que, en caso de que no cumpliera, se le impondrían "medidas coercitivas" a "quienes sean responsables" de materializar las decisiones encomendadas, por no respetar los derechos de protección internacional que de los solicitantes de asilo, "muy especialmente" si, como estos, "se encuentran en situación de vulnerabilidad y necesidad".

Más expedientes de los 317 menores asignados

Es decir, que esta treintena de menores no forma parte de los 317 asignados a Galicia para descongestionar la presión sobre Canarias, Ceuta y Melilla, de los cuales los primeros 80 tendrán alojamiento en Monforte una vez se reparen los daños provocados el edificio de la asociación Prodeme por el lanzamiento de cócteles molotov el 20 de septiembre.

De estos todavía no ha llegado ninguno a Galicia; tan solo expedientes de traslado de varios de ellos. Política Social confirmó que le han llegado cuatro nuevos documentos, con lo que ya tiene 24 en el archivo.

Cabe recordar que el Gobierno ha fijado un plazo de doce meses para completar el reparto por todo el país de unos 3.000 menores migrantes que comenzó a finales de agosto. 

Amnistía Internacional pide fondos para su acogida "digna"

Amnistía Internacional Galicia remitió una carta abierta a la Xunta en la que reclama que "se dote dos recursos necesarios" en los Orzamentos de 2026 para "garantir a acollida digna" de estos menores migrantes "reforzando os centros pequenos e familias", ya que "o modelo de macrocentros non favorece a protección e integración".

La entidad afirma que, en una reunión en febrero, el presidente Alfonso Rueda "garantira que, cunha planificación axeitada", la acogida de estos menores "era asumible para a Xunta".

Además, traslada una serie recomendaciones con las que, considera, se cumpliría este objetivo. Empezando por "determinar a dimensión de modo axeitado" de estos recursos que serán precisos para la atención y acogida de estos niños y adolescentes, contabilizando tanto los "propios da Xunta" como los que se destinarán a las organizaciones implicadas.

También, "revisar a normativa e os criterios" que se deben cumplir para la apertura, funcionamiento y contratación del personal de los centros de acogida, así como un "sistema de inspección e control" que cuente con mecanismos para "a canalización axeitada das posibles denuncias de violencia contra os menores" sin que estos puedan sufrir "represalias" por formularlas y para garantizar que se les informa y "escoita" en toda toma de decisiones que les afecten. 

En paralelo, insta a que estos lugares puedan ofrecerles programas educativos "individualizados" y que den cobertura a aquellos "con necesidades especiais" o con "algunha condición de vulnerabilidade"; servicios especializados, "incluídos os de saúde mental con enfoque de infancia e procesos migratorios".

Asimismo, pide adoptar "todas as medidas precisas" para "combater o racismo e a discriminación" que pueda hacer diana en esta población, lo que abarca una llamada directa a autoridades y políticos a "absterse de utilizar discursos que os criminalizan ou que os deshumanizan, ademais de censuralos cando se produzan".