Elhadj, víctima del racismo inmobiliario: "Tuve que dormir en un parque porque nadie me alquilaba"

El racismo estructural sigue siendo uno de los principales obstáculos para que personas migrantes y racializadas puedan acceder a una vivienda digna en España. Y Galicia no es una excepción. "Es una realidad indignante. Estamos viendo cómo, incluso teniendo estabilidad económica, muchas personas no pueden alquilar por un prejuicio absurdo", señala Isabel Rey, colaboradora de la Rede Veciñal de Acollida en Santiago de Compostela.

El origen, el acento o los apellidos se convierten en filtros que condicionan la posibilidad de alquilar una vivienda o una habitación. "Cualquier mínima diferencia puede activar el prejuicio y desencadenar mecanismos de discriminación, también en el ámbito inmobiliario", advierte Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración.

Mari Fidalgo, mediadora de la Unidad de atención a las migraciones de Santiago, subraya también que "se trata de un racismo estructural e institucional y que son pocas las administraciones que tienen puestas medidas".

A estas trabas se suman las dificultades para demostrar ingresos. "Muchas personas migrantes trabajan, pero no siempre pueden justificarlo con nóminas o contratos, lo que complica más el acceso", apunta Fernández. En los casos en que se logra un alquiler, las condiciones suelen ser más duras. "En vez de pagar un mes de alquiler y la fianza, les exigen dos meses de renta, la fianza y un seguro impago o un aval. Son prácticas abusivas", sentencia Fidalgo.

En Santiago, la situación se agrava por la escasez de vivienda. "Hay demasiados pisos turísticos y muchas viviendas destinadas en exclusiva a estudiantes. La Xunta debería atender esta emergencia social", reclama la colaboradora.

La escasez de stock y la evolución de la demanda han contribuido a impulsar los precios en la capital, donde la renta mensual escaló un 63% en una década, hasta situarse en 642 euros de media en agosto, según los datos de la Xunta. La tendencia inflacionaria se nota también en el mercado de los pisos compartidos pues, según Fotocasa, arrendar una habitación cuesta 335 euros de media en Galicia tras repuntar un 50% desde 2020.

Problema estatal

El problema del racismo inmobiliario no se limita a la comunidad. Afecta a todo el país. Según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, el 99% de las inmobiliarias acepta cláusulas de carácter racista, frente al 72,5% registrado en 2020. Otro apunte revelador es que siete de cada diez se ven obligados a destinar más de un 40% de sus ingresos a pagar el arrendamiento.

"Tuve que dormir en un parque porque no conseguía que nadie me alquilara"

Elhadj Mamadou Barry, de 27 años y originario de Guinea, llegó a Santiago hace un año a la procura de estabilidad y oportunidades. Desde el principio, la búsqueda de vivienda se convirtió en un obstáculo constante. "Mi acento y el hecho de que soy de África eran suficientes para que me cerraran las puertas. Siempre me decían que los pisos eran para turistas o para estudiantes", relata.

Durante varios meses, tuvo que recurrir a la Rede Veciñal de Acollida compostelana para poder alojarse en un albergue del Monte do Gozo. Elhadj insiste en que estas barreras reflejan un problema estructural. "No es algo personal, es un sistema que discrimina. Solo queremos vivir con dignidad, pagar nuestro alquiler y no ser tratados diferente por nuestro color o de dónde venimos".

Con paciencia y ayuda, finalmente logró alquilar un pequeño dormitorio, gracias a la intermediación de una persona autóctona que intercedió por él. "Cada vez que llamaba para interesarme por un piso me decían que ya estaba alquilado, aunque después comprobaba que seguía disponible. Fue muy frustrante", recuerda.

Durante meses, Elhadj tuvo que adaptarse a situaciones extremas para no perder su empleo. "Hubo noches que dormí en un parque porque no encontraba nada. Era eso o perder mi trabajo. Nadie debería pasar por eso solo por ser extranjero", denuncia.

La falta de vivienda disponible para migrantes se combina con la escasez de pisos en Santiago, agravada por la proliferación de apartamentos turísticos. Además, los propietarios priorizan a los inquilinos de origen local.

Intentó recurrir a inmobiliarias, pero la experiencia fue desalentadora. "Cuando iba a visitar un piso, muchas veces me decían que no cumplía los requisitos, que necesitaba contratos de trabajo más largos o avales imposibles. A veces, parecía que nadie quería alquilarme solo por mi origen", explica. Según él, estas prácticas se vuelven rutinarias y casi invisibles: "No siempre es un comentario directo, pero se nota en la forma en que responden, en el rechazo silencioso", subrayando que la desigualdad en el acceso a la vivienda forma parte de un problema estructural.

A pesar de todo, mantiene la esperanza de tener su propio hogar. "Mi sueño es tener un espacio a mi nombre. No deberían juzgarme por mi color ni por mi acento. Solo quiero un hogar como cualquier otra persona", concluye.

"Estuve de enero a mayo sin encontrar ningún piso por culpa de mi acento latinoamericano"

Nailet, venezolana de nacimiento, llegó a España en 2023. Desde mayo de 2024 reside en Os Tilos, en el municipio coruñés de Teo. Enfermera de profesión, buscar piso llegó a convertirse en su segundo trabajo, nada más cruzar el umbral de la residencia.

"Llegué a Santiago gracias a una ONG, dentro de un programa vinculado a mi proceso de asilo. En diciembre de 2024 me comunicaron que debía abandonar la vivienda. Sentí que también allí sufrí racismo inmobiliario", relata esta trabajadora.

El hacinamiento es otra de las consecuencias visibles de esta discriminación. Según datos de Provivienda, el 41% de los inquilinos migrantes vive en pisos con más personas que habitaciones, y solo un 13,6% puede permitirse vivir solo. La experiencia de Nailet lo confirma: "Mi piso tiene tres habitaciones y somos siete personas", explica.

Además, las condiciones abusivas de los contratos de alquiler complican aún más la situación. "Te piden un contrato laboral de un año, dos meses de fianza más un mes por adelantado, y si no cumples, un aval equivalente a tres veces el alquiler mensual. ¿Cómo voy a tener un contrato de un año si acabo de llegar y estoy empezando a trabajar?", se pregunta indignada.

"Mi acento fue un obstáculo. Llamé a cuatro pisos y al notar que era latina, los dueños me decían que el piso ya no estaban disponibles, aunque seguían en alquiler", denuncia. 

"Me pedían condiciones que no le pedían a nadie más por ser brasileña"

María, una joven de 34 años de origen brasileño que lleva casi cinco años viviendo en Galicia, conoce de primera mano lo que significa enfrentarse al racismo inmobiliario. Con un empleo estable en el sector de la hostelería y un contrato indefinido, decidió hace unos meses buscar un piso en alquiler en Santiago de Compostela. Lo que parecía un trámite sencillo se convirtió en un camino lleno de obstáculos.

"Llamaba a las inmobiliarias y, en cuanto escuchaban mi acento, me decían que la vivienda ya no estaba disponible", relata. En varias ocasiones comprobó que, poco después, un amigo gallego volvía a contactar para interesarse por el mismo anuncio y el piso seguía en alquiler. "Sentí que me estaban cerrando la puerta solo por ser extranjera", añade.

Incluso cuando lograba concertar visitas, la actitud de algunos caseros dejaba claro que no era bienvenida. "Una vez, después de ver el piso, el propietario me dijo que prefería alquilarlo a alguien de aquí, porque según él los inmigrantes no cuidan igual las casas".

A la discriminación abierta se sumaban exigencias desproporcionadas: fianzas dobles, avales imposibles o seguros adicionales. "Me pedían condiciones que no le pedían a nadie más. Era como si mi dinero valiera menos solo por mi nacionalidad", denuncia.

"Con la ayuda de una amiga alquilé un piso. No buscaba privilegios, solo un hogar; lo que viví fue racismo", concluye.